La guía publicada por el organismo que dirije Wert contiene una serie de ejemplos de exámenes apra profesores y estudiantes y algunas directrices. Éste fue elaborado en colaboración con las comunidades. Además de los expertos del ministerio, participaron 10 regiones gobernadas por el PP, además de Navarra (con Ejecutivo de UPN), Canarias (Coalición Canaria-PSOE) y País Vasco (PNV). Este documento es uno de los asuntos que debatirán el ministro, José Ignacio Wert, y los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial que se celebra esta tarde. Al menos cuatro comunidades plantean alternativas a este control. Son Andalucía (en manos del PSOE), Canarias, País Vasco y Cataluña (CiU).
Según explica El País, fuentes de la Generalitat catalana sostienen que la prueba del Ministerio de Educación no es obligatoria y que aplicarán su propio modelo, informa Camilo S.Baquero. En Andalucía, la Junta considera también que la ley Wertno fija estos contenidos —el artículo 20 que regula dicho control alude a una “evaluación individualizada” y no a una prueba externa— y rechazan hacer este examen a todos los estudiantes, según fuentes del Gobierno andaluz.
El Ejecutivo vasco estudia la opción de aplicarlo de forma muestral —solo a un grupo reducido de alumnos—, aunque aún no han tomado una decisión concreta, indica un portavoz del Departamento de Educación. Y Canarias ya ha decidido que lo aplicará en un grupo de centros a modo de proyecto piloto. Fuentes del Gobierno insular defienden que los alumnos acaban de empezar con el nuevo currículo, en vigor desde septiembre y que los centros deben hacer un rodaje previo.
El ministerio defiende este tipo de exámenes globales desde el inicio de la tramitación de la reforma porque considera que incentiva el “esfuerzo de los estudiantes” y otorga “transparencia” al sistema. Sus detractores recelan de que los resultados de estas pruebas, que estarán disponibles para los centros y las familias, sirvan para establecer las polémicas clasificaciones de colegios en función de los resultados obtenidos.
El marco general de la evaluación de 3º de primaria, disponible en la web del ministerio, recoge que los resultados se enviarán al Congreso y a la comunidad educativa “en su conjunto”. Ello incluye a alumnos, profesores, padres, centros, inspección y administraciones educativas, por lo que es previsible que estos datos acaben siendo públicos y permitan establecer clasificaciones.
Esta hoja de ruta fija un plazo de siete semanas, tras la realización de la prueba, para que los centros realicen un informe individualizado de cada alumno “permitiendo detectar de manera precoz dificultades en el aprendizaje”. Además, recomienda que la prueba se distribuya en dos días de examen: uno para la competencia matemática (cálculo y resolución de problemas) y otro para la comunicación lingüística (comprensión oral y escrita y expresión escrita).
Los contenidos se adaptarán a los niños con necesidades educativas especiales, a los que se examinará de materias “correspondientes a dos o más niveles educativos inferiores respecto al que está escolarizado” y cuyos resultados no se usarán para hacer la nota media de su centro. La prueba será corregida por profesores de primaria que no den clase a los estudiantes evaluados.
Fuente: El País
