A raíz de su denuncia, un miembro del tribunal, el delegado de UGT, fue expedientado por falta grave y suspensión de empleo y sueldo por seis meses.

Además, el rectorado, el 23 de noviembre de 2004 ya con una lista de aprobados, suspendió la oposición y pospuso el segundo ejercicio durante casi tres años, desde el 26 de noviembre de 2004 -en que iba a celebrarse- hasta el 26 de marzo de 2007 en que realmente tuvo lugar, acabando el proceso el pasado 21 de junio con la publicación de la lista definitiva de aprobados.

Ahora la sentencia del TSJA evidencia la "irregular actuación del tribunal que habría permitido la filtración y la elaboración de un temario subrayado, del que luego habrían salido la mayoría de las preguntas propuestas en el primer ejercicio; la custodia de los exámenes en cajas sin precintar en los propios domicilios de los vocales del tribunal, y la elaboración de un nuevo cuestionario para el ejercicio del que el 56,25% era coincidente con el temario subrayado".

Además, el fallo constata que en el segundo cuestionario elaborado por el tribunal de la oposición para enmendar el primero, 36 preguntas sobre un total de 64 seguían siendo coincidentes con el temario filtrado, "lo que es innegable que seguía proporcionando una indudable ventaja a los destinatarios de aquella primera filtración".

Razones por la que el TSJA inhabilita a los miembros del tribunal opositor y obliga a la Universidad de Zaragoza a nombrar uno nuevo, del que no habrán de formar parte ninguno de los vocales del encargado de juzgar el anulado al entender que no hicieron nada para evitar la situación de clara ventaja para algunos de los opositores. Por último, insta a la Universidad a celebrar una nueva oposición con un tribunal que garantice la imparcialidad y objetividad de la selección.

Por los perjuicios causados tanto a los aprobados que estaban a punto de incorporarse a sus puestos de trabajo como a todos los aspirantes, el sindicato Babel pedirá la dimisión del gerente de la Universidad de Zaragoza, Rogelio Cuairán. Consideran que casos como éste alimentan una de las mayores críticas contra la Administración: las corruptelas en las oposiciones públicas. El tema ha sido denunciado por el Defensor del Pueblo y también el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que recogió 141 quejas en 2005 y 161 en 2006 por este motivo.

Fuente: El Heraldo de Aragón