La región cuenta con una experiencia de casi 40 años en que los Estados, a través de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, con la incidencia y el apoyo de la sociedad civil, han venido avanzando por un camino de consensos para lograr a superación de las desigualdades de género y el ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres.
Este documento, que puede descargarse desde el repositorio de la CEPAL en este enlace ofrecido por Ibercampus, es una invitación y un instrumento para pensar en el futuro, consolidar los avances logrados, dejar de postergar compromisos y obligaciones en torno a los derechos de las mujeres y planificar el camino que asegure a la región alcanzar plenamente el desarrollo sostenible con igualdad de género.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 17 Objetivos, las 169 metas asociadas y sus 230 indicadores globales, en lo que respecta a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, encuentra un correlato de mayor amplitud, profundidad y osadía en la agenda regional de género. Como se pudo constatar en el proceso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el logro de las metas de autonomía de las mujeres e igualdad de género no puede medirse solo a través de indicadores cuantitativos mínimos.
Para hacer el seguimiento del avance hacia metas orientadas a subvertir desigualdades estructurales basadas en el sistema de género y la interseccionalidad de la desigualdad, se precisa recabar información cualitativa que dé cuenta de la transformación de las relaciones de poder en todos los niveles. América Latina y el Caribe está preparada para promover un vínculo sistemático entre el seguimiento de los ODS, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de El Cairo y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la agenda regional de género expresada en los consensos aprobados en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, impulsando sinergias con el objeto de abordar las causas estructurales de la desigualdad de género y así avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias y un desarrollo verdaderamente sostenible, transitando de los compromisos a la implementación.
Para ello, es esencial cruzar estratégicamente el enfoque de derechos en toda la agenda. Esta mirada evita la priorización de unos derechos de las mujeres sobre otros, dada su indivisibilidad, y contribuye a abordar las interrelaciones entre las autonomías económica, física y en la toma de decisiones. Los principios de no discriminación y de igualdad se articulan para avanzar hacia la igualdad sustantiva revirtiendo, a la vez, las múltiples formas de discriminación contra las mujeres en toda su diversidad.
De esta manera, se evita también tener una visión única u homogénea de las mujeres y se toman en cuenta las diferentes experiencias del ser mujer y la necesidad de contar con políticas justas para avanzar hacia una plena igualdad de capacidades, agencia, dignidad y derechos. La “desigualdad no solo es inaceptable desde el punto de vista ético, sino que también constituye una barrera determinante para nuestro desarrollo” (CEPAL, 2016a, pág. 9). Incluir el enfoque de derechos y de igualdad en la implementación de todos los objetivos, así como en los medios de implementación de los ODS y la agenda regional de género, será la gran tarea de los Gobiernos de la región con el apoyo de la sociedad civil y los organismos internacionales. Este en un esfuerzo decidido de conectar los objetivos de corto plazo con una visión estratégica de mediano y largo plazo para que “nadie se quede atrás”.
Este transitar implicará no solo saber a dónde queremos llegar, sino abordar también la forma de llegar allí, es decir, contar con directrices sobre cómo desarrollar estrategias que integren el enfoque de igualdad de género de forma transversal en todas las políticas, programas, actividades administrativas y financieras e incluso en la cultura institucional, para contribuir verdaderamente a un cambio en la vida de las mujeres y los hombres de los países de la región, y evitar dos características que conllevan efectos negativos sobre las mujeres: el maternalismo social en las políticas y el sesgo androcéntrico de los mercados laborales basados en el modelo del trabajador ideal.
El desafío está en incorporar una perspectiva centrada en la titularidad de derechos y autonomía, en tanto permite señalar la brecha entre la igualdad formal y la real, como elemento clave para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la identificación de opciones alternativas de políticas. Por otra parte, el principio de no retroceso implica que, aún en momentos de crisis o desaceleración económica, se deben garantizar los máximos recursos disponibles para cumplir progresivamente con los derechos. En los últimos años, podemos constatar cambios en el enfoque de la participación ciudadana en los Estados latinoamericanos, con situaciones diversas, y se observa que los campos de acción política se desplazan, y se recolocan debates, temas y sujetos políticos que dan nuevo significado a la democracia.
El papel y la evolución del movimiento de mujeres y feminista en sus expresiones militante, comunitaria, sectorial y académica, en redes y organizaciones, es parte indisoluble de los logros alcanzados en la región en materia de igualdad de género. Como ya lo ha dicho la CEPAL, el feminismo ha contribuido especialmente al impulso de la autonomía con reconocimiento recíproco, enfatizando sus procesos de adquisición y desarrollo, como las circunstancias de opresión y dominación manifiestas en las relaciones sociales encarnadas tanto en las instituciones como en los vínculos intrafamiliares, y ha articulado indisolublemente las nociones de igualdad y libertad, de distribución y reconocimiento como principios y objetos del desarrollo. De esta manera, ha mostrado que la igualdad solo puede ser ejercida con autonomía, es decir, si las decisiones, las capacidades y el desarrollo personal no dependen de otros (CEPAL, 2014a).
Estas voces y estos esfuerzos plurales, en que la diferencia no significa jerarquía, sino que es constitutiva de los grupos sociales, tienen una nueva ventana de oportunidad, sin ceder a la neutralización despolitizadora (Prado, 2016), de aportar a la construcción, hacia el horizonte 2030, de una sociedad más justa e igualitaria, en una reflexión cabal del ser humano y el modelo de desarrollo en el que se puede vivir con dignidad.
En este contexto, se requiere poner el énfasis en la agenda económica del desarrollo y la igualdad de género, centrando la discusión de la autonomía económica de las mujeres en un marco global de cambio estructural de la matriz productiva y de aumento del espacio fiscal mediante la progresividad de la tributación y la lucha contra la evasión y la elusión, que permita obtener recursos suficientes y estables que se dirijan a políticas de igualdad y a inversiones públicas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres. No por ello dejan de tener prioridad las cuestiones recurrentes en los debates pero que aún no están resueltas, como la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, los obstáculos en la educación y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.
De igual modo, de cara al horizonte 2030, también es necesario abordar los temas emergentes vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo de la ciencia y las industrias 4.0, o las industrias inteligentes que, basadas en la Internet de las cosas, corresponden a una nueva manera de organizar los medios de producción, con mayor adaptabilidad y mejor asignación de recursos que van a producir cambios importantes en el empleo y en la protección social, pudiendo afectar los derechos de los hombres y mujeres trabajadores (CEPAL, 2016g).
Otra problemática relativa a las mujeres que se debe considerar en el corto plazo, junto con los cambios demográficos que protagonizan, es su aporte al desarrollo urbano, el transporte y la infraestructura de cuidado. El fin del actual estilo de desarrollo (CEPAL, 2016a) también llama a considerar la situación de las mujeres en una economía verde, la mitigación del cambio climático y los conflictos ambientales. La mitigación implica tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, es necesario analizar cómo se relaciona el orden de género vigente con los patrones dominantes de producción, consumo, uso de energía y tecnologías, y la contribución de las mujeres como productoras, trabajadoras, consumidoras, investigadoras y decisoras ante el gran impulso ambiental que reclama el desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 y la agenda regional de género requieren de una coalición social y política que se aglutine en torno a la propuesta civilizatoria que se deriva de la igualdad de género, le dé viabilidad y la materialice. Con una visión de futuro transformadora, se plantea tender puentes, a partir de las plataformas políticas existentes, y generar una trayectoria convergente de los diferentes actores, sectores e inversiones, en el ámbito mundial, regional, subregional y nacional, induciendo las innovaciones y las decisiones que garanticen a todas las mujeres en el presente y en el futuro una vida con derechos, en igualdad y con ejercicio pleno de su autonomía como sujetos colectivos, lo que implica modificar las características discriminatorias y patriarcales seculares de nuestras sociedades y las políticas públicas.
Participantes
Figuran como autores Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva; Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto; María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género; Ricardo Pérez, Director de la División de Publicaciones y Servicios Web
El documento fue preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para ser presentado en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016). La coordinación general del documento estuvo a cargo de María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
Participaron en la redacción María Nieves Rico, Lucía Scuro, Alejandra Valdés y Pamela Villalobos, de la División de Asuntos de Género. Contribuyeron con insumos sustantivos, procesamiento estadístico y valiosos comentarios las siguientes personas: Verónica Aranda, María Cristina Benavente, Nicole Bidegain, Andrés Espejo, Natalia Gherardi, Ana Cristina González, Flavia Marco, Antonin Menegaux, Laura Pautassi, Gwendoline Peltier, Claudia Robles, Miguel Sevilla, Vivian Souza, Ana Stefanovic e Iliana Vaca-Trigo, todas de la División de Asuntos de Género.
Se agradecen los comentarios y aportes de Laís Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Verónica Amarante, Directora de la oficina de la CEPAL en Montevideo; Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México; Jorge Rodríguez y Jorge Martínez, del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL; Daniela Trucco y Heidi Ullman, de la División de Desarrollo Social de la CEPAL; Marcela Ríos, Oficial del Programa de Gobernabilidad, y Elizabeth Guerrero, Asesora en Género, ambas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como las aportaciones de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres.
El documento recoge también las valiosas contribuciones de las ministras y autoridades de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de América Latina y el Caribe, realizadas durante las reuniones preparatorias de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe con países de Centroamérica y México (Ciudad de México, 2 y 3 de junio de 2016), con países de América del Sur (Santiago, 4 y 5 de julio de 2016) y con países del Caribe (Puerto España, 26 y 27 de julio de 2016). Se agradece asimismo la contribución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Gobierno de Noruega y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
