Este dictamen considera que el incipiente escenario de una economía digital descentralizada apunta a que “una parte significativa de los nuevos intercambios económicos entre pares estarán estrechamente vinculados a las relaciones sociales y anclados en las comunidades, lo que conducirá a una transformación de lo que implica emprender una actividad o ejercer un empleo”, desde la lógica de “democratizar el modo en que producimos, consumimos, gobernamos y resolvemos los problemas sociales”, debiendo evitarse firmemente que venga de la mano de la precarización del factor trabajo y de la elusión fiscal, y que el valor añadido se desplace masivamente de los agentes industriales hacia los propietarios de plataformas digitales privadas.
Por eso el CESE anima a la Comisión a llevar a cabo “una aproximación conceptual más detallada e inclusiva de la economía colaborativa, para evitar sesgos que la equiparan con la economía digital”. Considera que la economía colaborativa engloba diferentes modalidades con aportaciones y retos específicos. Por ejemplo, “la economía del acceso” pone en el mercado propiedades infrautilizadas, “creando mayor oferta para los consumidores y un uso más eficiente de los recursos”, pero conlleva el riesgo de estimular la producción global a través del efecto rebote. En la “economía bajo demanda” se “atomiza la fuerza de trabajo creando más flexibilidad, pero aumentando el riesgo de precarización laboral”. Y la gift economy, o economía “del regalo” en que se comparten bienes y servicios de manera altruista, permite el fortalecimiento de las comunidades, pero se mantiene a menudo invisible a los ojos de las Administraciones.
Por otra parte, las plataformas digitales, en particular las que sostienen una actividad lucrativa, merecen toda la atención de la Comisión Europea, a fin de regular y armonizar su actividad y garantizar un level playing field, sobre la base de la transparencia, la información, el pleno acceso, la no discriminación y la explotación adecuada de datos. En concreto, “resulta imperativo redefinir el concepto de subordinación jurídica de cara a la dependencia económica de los trabajadores y garantizar los derechos laborales con independencia de los formatos que adopte la actividad”.
El desafío consiste, pues, en delimitar las diferentes modalidades de esta economía y “proponer enfoques reguladores diferenciados, privilegiando aquellas iniciativas digitales que se asienten sobre una gobernanza democrática, solidaria e inclusiva, en clave de innovación social, lo que deviene en la necesidad de informar a los consumidores sobre sus valores identitarios y sus fórmulas de organización y gestión”. A ese respecto, el CESE recomienda realizar una investigación cualitativa en la red de las relaciones establecidas por sus agentes en el propio entorno de la economía colaborativa.
A tenor del complejo abordaje de la economía colaborativa en el contexto actual, el CESE recomienda velar por una coexistencia equilibrada de modelos que garanticen su pleno desarrollo sin causar externalidades negativas en el mercado, especialmente en lo que a defensa de la competencia, fiscalidad y empleo de calidad se refiere. Para este fin es necesario “prever el diseño de un marco adecuado de seguimiento y monitorización de los nuevos parámetros de la economía colaborativa, con el concurso de las partes interesadas (organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, etc.)”.
