El principio de acuerdo político, según la Comisión Europea, permitirá a España y Portugal tomar medidas proporcionadas y temporales para hacer frente a los niveles de precios de la electricidad, mantener los incentivos para la transición energética sostenible y preservar la integridad y los beneficios de la mercado único.
A la presión de los grandes lobbys eléctricos y financieros contra este acuerdo de intervención de los precios se sumaron en España los bancos BBVA, Santander y Bolsas y Mercados, propietaria de la bolsa española. El grupo OMI, operador de los mercados de electricidad y de gas natural de la Península Ibérica, donde los tres son accionistas, junto a Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol, envió una carta a los gobiernos español y portugués, así como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La presidenta del operador del mercado español (OMIE) es Carmen Becerril, ex directiva de Acciona y ex directora general de Energía con José María Aznar.
Previamente, las eléctricas españolas y portuguesas, con apoyo de abogados del Estado y otros altos funcionarios en excedencia, enviaron el 8 de abril una carta a los vicepresidentes de la Comisión Europea Frans Timmermans y Margrethe Vestager y a la comisaria de Energía, Kadri Simson, firmada por Ángeles Santamaría (CEO de Iberdrola España), José Bogas (Endesa), Miguel Stiwell (EdP), Ana Paula Marques, ejecutiva de esta última empresa y presidenta de la patronal eléctrica portuguesa Elecpor, y Marina Serrano, presidenta de la española Aelec. Decian que la medida va contra la descarbonización, no parece compatible con el actual marco europeo y tendría consecuencias inesperadas”, con un coste “sustancialmente más alto que los esperados ahorros”, y “costes ocultos” que “pueden ser incluso más relevantes”. Mensajes repetidos ante la prensa los últimos días por empresarios como el presidente de Iberdrola, diciendo tener un plan alternativo para bajar la factura un 80%: ligar el precio a largo plazo y olvidarse de los tramos horarios.
Aelec, cuyos dos principales socios son Iberdrola y Endesa, y que pidió antes de aflorar la llamada solución ibérica limitar el precio del gas, cargándolo a fondos europeos, tiene como máxima responsable la abogada del Estado en excedencia Marina Serrano, exsecretaria del consejo de Red Eléctrica y de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), de la que también fue consejera, y preside la antigua Unesa desde 2017, además dexserv vicepresidenta de CEOE y acabar de fichar por la consultora PwC para su área regulatoria, según ElDiario.es.
Ademas, desde hace más de 20 años la patronal eléctrica tiene como secretario general a Pascual Sala, hijo del jurista del mismo nombre que presidió el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. Como Marina Serrano, Sala es abogado del Estado en excedencia. Es un perfil muy demandado por el sector energético y otros como el de la banca, los seguros o las telecomunicaciones. En el caso de las energéticas, actualmente tienen a cerca de una veintena de miembros de ese cuerpo a su servicio.
