Francisco Oliva, que fue elegido rector en las elecciones celebradas el pasado 12 de noviembre, agradeció los apoyos recibidos y tuvo unas palabras para el rector saliente, Vicente Guzmán, por sus ocho años al frente y su gestió durante la pandemia, “en unos momentos especialmente difíciles puesto que ya había finalizado su mandato. Un esfuerzo adicional que la Universidad siempre reconocerá”.
Reivindicó el papel imprescindible de las universidades públicas en la construcción del nuevo modelo productivo para la sociedad postcovid, un modelo basado “en un horizonte compartido de la sostenibilidad, la salud, la igualdad y la digitalización”. Para el rector, las Universidades tienen que participar como agentes responsables de formar a la sociedad en aquellos conocimientos que conformarán los oficios del futuro, pero además tienen que ser capaces de generar y transferir conocimiento a la sociedad, siendo ejemplo y vanguardia. “Conviene no olvidar que la inmensa mayoría de la investigación de este país se hace en las Universidades públicas”, ha resaltado.
Los tres ejes fundamentales sobre los que dijo pivota su proyecto para la UPO son un campus sostenible, saludable y digital. “Nuestro proyecto pretende construir una UPO preparada para liderar los cambios que demanda este siglo(…) Contamos con proyectos ambiciosos y a la vez realistas mediante los cuales pretendemos convertirnos en líderes de la transición ecológica y de la transformación digital, así como en agentes activos y promotores de hábitos saludables entre la comunidad universitaria”, añadió, destacando la importancia del principio de igualdad de género, como eje transversal a cualquier acción de gobierno.
Además, el nuevo rector puso el acento en el papel que ejerce la universidad pública como motor de la movilidad social, como única institución capaz de garantizar la igualdad de oportunidades: “Invertir en las Universidades públicas en invertir en el futuro, en el progreso, en una salida a la crisis, sostenible justa y eficaz, coadyuvando de esa forma a la consolidación de un mejor Estado Social y Democrático de Derecho”. Así, ha hecho especial alusión al contexto actual de crisis económica y social: “En estos momentos tenemos el deber ineludible de apoyar a las personas más vulnerables e impedir que nadie se quede atrás, que nadie abandone o fracase en sus estudios por culpa de la crisis y los indeseables efectos que está provocando en muchas familias”.
El rector ha finalizado su alocución con una referencia al espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y con su compromiso por seguir construyendo una universidad autónoma, centrada en cultivar la ciencia con su enseñanza e investigación y capaz de difundir la cultura a todas las clases sociales: “Una Universidad adaptada a las necesidades sociales del siglo XXI y a la realidad del que será su nuevo sistema productivo, para que sea capaz de seguir cumpliendo con su trascendental función docente e investigadora a la vez que proporciona progreso y desarrollo a nuestra sociedad”.
Francisco Oliva Blázquez (Málaga, 1972) es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide. Como gestor, ha sido vicesecretario general y secretario general de la UPO, y actualmente es responsable del área de Derecho Civil y codirector del Doble Máster Universitario en Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil.
Ha dirigido su actividad investigadora prácticamente a todos los sectores del Derecho civil, y muy especialmente al Derecho de las obligaciones y contratos y de la responsabilidad civil. Además, es experto en Bioética así como en Derecho privado comparado. Autor de alrededor de cien publicaciones en forma de monografías, manuales y artículos jurídicos en revistas y obras colectivas. Ha sido investigador principal de tres proyectos de investigación competitivos de carácter nacional.
Como jurista experto en Bioética, ha participado en la redacción de diferentes leyes del sector sanitario, como la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte y el decreto por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Además, es vocal del Comité de Bioética de Andalucía y de la Comisión Autonómica de Cribados Poblacionales y Actividades Preventivas de Detección precoz de la Junta de Andalucía. Igualmente, es miembro del European Law Institute (ELI).
