El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció este viernes que impulsará junto a partidos y entidades sociales una campaña a favor de un referéndum pactado con el Estado. Puigdemont destacó la "gran transversalidad y pluralidad" de este nuevo pacto y añadió que uno de los primeros encargos que tiene es elaborar un "manifiesto integrador" a favor del referéndum que se promoverá en el conjunto de España y en Europa. El presidente catalán, que no se sometió a preguntas de los periodistas, no aclaró si su Gobierno impulsaría la vía unilateral en el caso de que el Ejecutivo central se negase a negociar el referéndum.
En la reunión participaron Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot, así como entidades civiles y sindicatos. También estuvo presente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien se manifestó a favor de un referéndum con garantías. Precisamente, los diarios destacan la aportación de Colau a que el referéndum sea pactado. En este sentido, LA RAZÓN resalta que "Puigdemont asume la vía Colau para 'un referéndum pactado'". Para EL MUNDO, "el frente soberanista se resquebraja", al mostrarse Puigdemont y Colau favorables a una consulta pactada frente a ERC y la CUP, que apuestan por seguir la hoja de ruta soberanista. Al respecto, EL PERIÓDICO dice que "Puigdemont enfría el referéndum unilateral" al ajustarse "al ritmo de Colau". ABC señala que "Puigdemont pone sordina a la unilateralidad para sumar a Colau". Por su parte, LA VANGUARDIA titula: "Puigdemont y Colau pactan por una consulta acordada". EL PAÍS informa de que "Puigdemont anuncia una campaña institucional a favor del referéndum".
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, celebró la apuesta de Puigdemont por "recuperar el referéndum acordado", porque cree que es el espacio que genera más adhesiones en la población catalana. Señaló que ninguno de los representantes de los partidos independentistas habló de un referéndum unilateral durante la reunión. Colau rechazó la posibilidad de "repetir un 9-N" o poner fechas "a corto plazo" para su convocatoria. Lo hizo casi el mismo día en que, por 15 votos a favor, los de Barcelona en Comú y el PSC, y 26 en contra, el último pleno del año del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado el proyecto de presupuestos municipales presentado por el equipo de Ada Colau, quien ha anunciado que presentará una “cuestión de confianza”. El trámite consiste en que, en el plazo de un mes, la oposición debe presentar un candidato a alcalde y un presupuesto alternativo. Si no lo hacen, se aprobarán las cuentas que ascienden a 2.580 millones de euros. De esta manera, Colau puede ser desplazada de la alcaldía. Es poco probable, pero los votos en contra no sólo han sido los de los regidores de la antigua Convergencia i Unió, y Ciudadanos, sino también, y eso es lo más significativo, los de la CUP, y ERC.
El líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se mostró satisfecho por el consenso en torno a la demanda de un referéndum de autodeterminación, aunque aseguró que el Govern tiene "un mandato muy claro" de avanzar hacia la independencia y que lo hará es "cumplirlo".
Por su parte, la portavoz de la CUP, Anna Gabriel, afirmó que están "al lado" de los partidos y entidades que quieren hacer un "último intento" para pactar el referéndum con el Estado, aunque pidió que "no se dilate" el unilateral, del que recordó que existe un "compromiso para septiembre" del Govern.
Mientras, el Gobierno, por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el Ejecutivo está dispuesto a mantener su oferta de diálogo. No obstante, aseguró que "referéndum de autodeterminación no va a haber", y añadió: "Adoptar la agenda radical, como la unilateralidad, no es buena medida".
El TC anula las ponencias de las "leyes de desconexión"
El Tribunal Constitucional ha anulado las ponencias conjuntas de las tres leyes de desconexión impulsadas por la Mesa del Parlament y toda la tramitación derivada de dichos trabajos. La sentencia que anula parcialmente la ley de la 'diplomacia' catalana señala que las comunidades autónomas pueden realizar actividades con proyección exterior, pero recuerda que, en todo caso, deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará del 6 al 10 de febrero próximos al expresidente catalán Artur Mas y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta independentista del 9-N. Tras conocer la fecha, Mas tildó el juicio de "aberración" y afirmó que irá al banquillo con la "cara bien alta" porque cumplió con su "deber".
Valoraciones editoriales de la prensa impresa española
El separatismo catalán duda del camino a seguir (EL MUNDO): La cumbre soberanista celebrada ayer a instancias del presidente de la Generalitat tuvo un desenlace inesperado, "ya que en lugar de servir para la escenificación de la unidad de las fuerzas independentistas sirvió para que se visualizaran las primeras fisuras". Puigdemont y Colau se mostraron partidarios de pactar la consulta con el Estado en un afán de obtener legitimidad a nivel internacional. "Resulta difícil de valorar si el giro de Puigdemont es un movimiento táctico o si se trata de una rectificación, forzada por la imposibilidad de proseguir el proceso en contra de la voluntad del Gobierno y de las instituciones". "Ningún país puede soportar durante mucho tiempo una escalada semejante de enfrentamiento, tanto en el terreno político como judicial, entre sus diferentes administraciones". Las próximas semanas "van a a ser decisivas para comprobar la deriva del proceso y la unión de las fuerzas que lo sustentan, que ayer se vio resquebrajada". Puigdemont "tendrá que decidir si acepta la mano tendida del Estado o sigue por la vía de una confrontación que le lleva al fracaso".
Política y puesta en escena (LA VANGUARDIA): Las exhibiciones de masas o consenso que prodiga el soberanismo no garantizan el éxito del proceso independentista. En primer lugar, "porque carecen de mayoría social necesaria" y en segundo porque "el Estado no ceja en su batalla legal contra el proceso". La suma de obstáculos judiciales "sugiere que una cosa es la potestad del Parlament para discutir sobre lo que estime oportuno y otra el sentido de tomar decisiones de corto recorrido que encadenan la política a la esfera de la judicialización y trasladan a la ciudadanía una sensación de desconcierto e inseguridad jurídica". El Pacte Nacional pel Referèndum, según lo presentó Puigdemont al término de la reunión, "rebajó las expectativas de la hoja de ruta soberanista tal como se había presentado hasta la fecha".
El regreso del referéndum pactado (EL PERIÓDICO): Un 84,6% de los catalanes están a favor de la convocatoria de un referéndum. El 46% apoyan que la consulta sea unilateral y el 48,8% se oponen. "Es la constatación de que el referéndum suscita un amplio acuerdo transversal en Cataluña, mientras que el unilateralismo que ha centrado el debate político en los últimos tiempos sólo convence a los ya convencidos de la independencia". Ayer, la cumbre del recién bautizado Pacte Nacional pel Referèndum "devolvió el objetivo de una consulta pactada con el Estado a la centralidad política que ocupaba antes del sucedáneo del 9-N". Un referéndum pactado y legal según el ordenamiento jurídico vigente "es el único instrumento que ofrece las garantías democráticas y la legitimidad política imprescindibles para que su resultado sea algo más que una movilización ciudadana, por muy multitudinaria que sea ". "La unilateralidad que ha marcado la agenda del Govern tensionaba el país y llevaba al temido choque de trenes". Empieza otra fase del procés. "Habrá que ver, eso sí, qué hará Puigdemont cuando ERC y la CUP exijan que cumpla su compromiso de poner las urnas".
Golpe de efecto de Puigdemont que no contentará a la CUP (LA RAZÓN): La llamada "cumbre por el Pacto nacional para el Referéndum" convocada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "puede considerarse un acto de reafirmación de la rebeldía institucional que caracteriza al actual Gobierno catalán pero, a efectos políticos, carece de la menor virtualidad jurídica". Los procesos judiciales contra los responsables del desafío ilegal siguen su marcha, ajenos a la demagogia y a los tiempos políticos de Puigdemont. Detrás de esta acción de la Justicia "se halla la creciente impaciencia de la CUP, que teme un cambio de posición de sus aliados de circunstancias y, por lo tanto, presionan, con los Presupuestos de la Generalitat como rehenes, a la coalición independentista para que acelere el proceso de ruptura unilateral". "Si Puigdemont cree que con movimientos efectistas puede obtener de los cuperos el apoyo que necesita se equivoca de medio a medio. Desde La Moncloa hay una mano tendida que le convendría aceptar. Sobre todo, por el bien de Cataluña".
