Por ello algunas empresas desarrollan acciones sociales y de filantropía estratégica, para mejorar su reputación empresarial y como una necesidad de legitimarse ante la sociedad. De hecho estas actuaciones se llevan a cabo por los Departamentos de Comunicación Corporativa y tienen como objetivo real el aumento de las ventas y la mejora de los beneficios empresariales.
Pero la crisis económica y los fallos del gobierno corporativo ponen de manifiesto que el modelo económico y empresarial debe evolucionar hacia un modelo medioambientalmente sostenible y socialmente responsable. Los directivos empresariales han demostrando comportamientos cortoplacistas ineficientes que han dado lugar a resultados insostenibles para las empresas y para la economía del país. La búsqueda descarnada de su propio interés va en detrimento de la necesaria reinversión de los beneficios empresariales en la propia empresa para mantener y mejorar su capital tecnológico, su capital humano (y la formación del mismo) y su investigación, desarrollo e innovación que permitan incrementar la productividad de tales empresas.
Es preciso avanzar hacia un modelo de empresa multi-stakeholder, hacia un buen gobierno corporativo “global”, que incorpore la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia de la dirección general y no como mera actuación de marketing y comunicación. Ello pasa porque las empresas reconozcan las aportaciones de todos los grupos de interés (stakeholders) que intervienen en la acción colectiva de las empresas: accionistas sí, pero también acreedores, clientes, trabajadores y sociedad en general.
Las empresas han de gobernarse satisfaciendo las expectativas de todos esos grupos de interés. El objetivo de maximizar beneficios está socialmente obsoleto. Los objetivos de la empresa han de centrarse no sólo en la eficiencia, sino también en la equidad. Porque el éxito de la firma se identifica con su capacidad para garantizar la viabilidad, continuidad, estabilidad e independencia de la coalición empresarial; favoreciendo la competitividad e innovación, y respondiendo a las demandas de los stakeholdersrelevantes en el marco del interés general y considerando el largo plazo de la empresa en su conjunto.
Un gobierno de la empresa socialmente responsable es además un gobierno participativo, que se preocupa por la generación de riqueza sostenible y por la rendición de cuentas, la transparencia y la verificación externa.
En ese sentido, la reciente Directiva 2014/95/UE sobre Transparencia y Responsabilidad Social establece que se debe exigir mayor transparencia en materia de RSC o buen gobierno corporativo “global” a las empresas.
La información a exigir a las empresas ya no sólo ha de ser económico financiera, se debe incorporar la exigencia normativa de que proporcionen informes de sostenibilidad, que incluyan información social y medioambiental, sujeta igualmente a los principios de fiabilidad, claridad, relevancia, comparabilidad y verificabilidad, de acuerdo con lo contenido en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI).
Para evitar en lo posible falsedades y ocultaciones en los informes GRI es preciso que se obligue a informar también de los eventos negativos en la información social, medioambiental y de gobierno corporativo (de la misma manera que en la información financiera se informa por ejemplo de la falta de provisiones).
Asimismo urge avanzar en la auditoria y la verificación de este tipo de información no financiera que se incorpora en los informes GRI. Sin olvidar que en este ámbito, al igual que en el de las auditorías de información financiera, se pueden producir conflictos de intereses en las firmas auditoras si éstas desarrollan también negocio de consultaría a empresas en esas mismas materias.
Porque sólo con información verificada sobre la RSC que desarrollan las empresas podremos avanzar en esta materia desde una mera estrategia de marketing hacia un modelo de empresa multi-stakeholder.
