Además de esa prioridad en los mercados de telecomunicaciones y TV de pago, la CNMC, criticada desde su fusión y concentración de poder por la excesiva proximidad al Gobierno hasta en el fichaje de hijas de ministros, aunque no menos por la levedad de sus sanciones respecto a los daños de los abusos de la competencia, anunció que vigilará también estrechamente la actividad de los derechos del fútbol, el sector agrícola, la economía digital, las profesiones colegiadas, la colaboración en materia de propiedad intelectual, y el sector financiero. Siete sectores entre los cuales no aparece el energético, aunque es junto al de telecos y banca el de mayor número de denuncias de los consumidores y más bajo cumplimiento de las crecientes demandas de responsabilidad social corporativa: banca, telecos, seguros y eléctricas acaparan por este orden las reclamaciones de los consumidores. De ahí que el PSOE presentara en mayo pasado una proposición no de ley para que los “organismos supervisores o un tercero tengan la facultad de exigir a las entidades el resarcimiento cuando la respuesta del Servicio de Reclamaciones del Banco de España sea favorable para el cliente”.
La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) este lunes, cuando se elevan las probabilidades de que el PSOE forme Gobierno, presentó las actuaciones más importantes en materia de competencia, de lucha contra los cárteles y otras prácticas prohibidas durante el año 2015 y el plan para el año 2016 (ver su nota completa).
Durante 2015 se batió el record de sanciones impuestas por infracciones de la normativa de competencia; multas por un total de 549 millones de euros. La mayor sanción ha correspondido a los fabricantes de automóviles con una multa total de 131 millones de euros, seguida de los 98 millones de euros a 43 empresas activas en el sector de la gestión de residuos; los 88 millones de euros a nueve industrias lácteas y dos asociaciones regionales; 58 millones de euros para el cartel de los fabricantes de cartón o los 32 millones de euros de multa impuestos a las grandes petroleras (REPSOL, CEPSA, DISA, MEROIL y GALP).
La CNMC, además de perseguir los acuerdos de cártel, también ha detectado y sancionado otras conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia. En concreto, ha multado con 6,3 millones de euros a Telefónica por los acuerdos restrictivos de la competencia alcanzados con Yoigo en el mercado de telecomunicaciones o las multas a DTS y Telefónica de 5,5 y 10 millones de euros respectivamente, por haber alcanzado acuerdos restrictivos de la competencia relacionados con la adquisición y explotación de contenidos audiovisuales futbolísticos.
La CNMC ha sancionado en cinco ocasiones el incumplimiento de obligaciones establecidas en resoluciones anteriores de la Autoridad de Competencia.
Destacan las sanciones a las principales operadoras petrolíferas del país (Repsol, Cepsa y BP) por valor de 8,5 millones, 2,5 millones y 750.000 euros respectivamente. Las sanciones castigaban el incumplimiento de obligaciones impuestas a estas empresas en una resolución sancionadora de la CNC en 2009.
En concreto, la conducta prohibida en la que incurrieron las empresas petroleras consistía en la fijación indirecta del precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera en régimen de comisión, lo que restringía la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio. Esta fijación indirecta se articuló mediante la puesta en marcha de un complejo entramado contractual tejido por las petroleras con las gasolineras de su red, que tenía por objeto desincentivar a que éstas modificaran el precio máximo/recomendado comunicado por la operadora.
Se dictaron otras dos resoluciones por incumplimiento de los compromisos que se habían ofrecido para la aprobación de las concentraciones de las cadenas de televisión Tele5/Cuatro y A3/La sexta. A Mediaset, responsable de la primera concentración, se le impuso una multa de 3 millones de euros, mientras que a Atresmedia, responsable de la segunda, le correspondió una sanción de 2,8 millones de euros.
Durante 2015 se notificaron 93 operaciones de concentración frente a las 84 de 2014, frente a las 59 que se notificaron en 2013. Este dato indica una tendencia creciente en este tipo de operaciones en sintonía con la evolución de la economía. Una de las principales operaciones fue la compra de DTS (Sogecable) por Telefónica que se autorizó en abril de 2015 después de 6 meses de procedimiento.
En cuanto a las inspecciones, desde enero de 2015 hasta enero de 2016 se han realizado 10 en 35 empresas de distintos sectores.
Prioridades para este año
Para 2016, la prioridad de la actuación de la Autoridad de Competencia es la lucha contra los cárteles, y para ello se ha propuesto estas actuaciones:
- La lucha contra los cárteles que manipulan las licitaciones públicas. Estos acuerdos son gravemente perjudiciales para los ciudadanos porque las empresas a las que se adjudica el contrato cobran por ese contrato una cantidad más elevada que la que hubiera resultado de una puja sin acuerdos previos para eliminar la competencia. Se ha creado un grupo de trabajo para detectar estas actuaciones y se están impartiendo cursos en las Administraciones Públicas para facilitar su detección.
- Impulsar el Programa de Clemencia. Gracias a este programa, las empresas que aporten elementos de prueba para la investigación y sanción de un cártel pueden ser eximidas de la multa, o al menos beneficiarse de una reducción, a condición de que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida. Tras ocho años de experiencia práctica y muchos cárteles desmantelados, es necesario evaluar lo conseguido hasta el momento, proponer ajustes que mejoren su eficacia y realizar las acciones necesarias para que sea mucho más visible y conocido por todas las empresas.
- Impulsar todos los instrumentos previstos en la Ley para combatir los cárteles. En primer lugar, la imputación personal por infracciones contra la competencia, en aplicación del artículo 63.2 de la LDC, que prevé la posibilidad de imponer sanciones a personas físicas que hayan participado en acuerdos colusorios.En segundo lugar, la aplicación de la prohibición de contratar con la administración para las empresas sancionadas por infracciones contra la competencia, según lo recogido en la Ley de contratos del Estado.
- Vigilancia de sectores. La CNMC vigilará estrechamente la actividad de los mercados de telecomunicaciones y TV de pago; los derechos del fútbol; el sector agrícola; la economía digital; las profesiones colegiadas; La colaboración en materia de propiedad intelectual y el sector financiero.
- Colaboración con otras autoridades de Competencia. La CNMC mantendrá una estrecha colaboración con las Autoridades de Competencia autonómicas e internacionales. El próximo 23 de febrero se celebrará en Madrid una reunión de todas las autoridades autonómicas y en octubre se reunirá en Madrid la International Competition Network. El objetivo de ambos encuentros es coordinar su actuación y compartir buenas prácticas.
