Cualquier lector avisado habrá identificado la famosa proclama que parafrasea. Para acabar cualquiera de sus intervenciones en las sesiones del Senado romano Marco Porcio Catón, llamado el Viejo o el Censor, añadía insistentemente: “delenda est Karthago”. “Hay que destruir Cartago”. Sabía perfectamente que, mientras estuviera en pie el temible enemigo, aunque hubiera sido provisionalmente derrotado, la República romana no tenía garantizada ni la paz ni la prosperidad. De igual manera, en lo que se refiere a la educación en nuestra España contemporánea, mientras no deje de tener vigencia esa ley y el andamiaje herrumbroso que la sustenta, no encontraremos tranquilidad ni seguridad en la escuela. El edificio seguirá cayéndose a pedazos. Y los cascotes seguirán dañando a los que lo habitan, alumnos y profesores. No basta reformar o modernizar alguna instalación; es preciso demoler, para poder reconstruir una escuela habitable. Hasta ese punto ha llegado la degradación que sufre la educación. La situación exige una solución drástica y eso es lo que pide el Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público (contra la LOMLOE y las leyes que la preceden), entre cuyos firmantes me encuentro.
Ley es, según común consenso, una organización racional de la acción humana destinada al bien común. Pues bien, la LOMLOE no pasaría ninguna criba de racionalidad por muy laxa que fuera. No es un conjunto racional de normas. Cualquiera, a poco que se adentre en su lectura, puede comprobar la confusión conceptual y la espesura estilística que la adornan. Tampoco parece estar orientada al bien común, por más que en su redacción se hagan grandes declaraciones de progreso y fundamento en ideas aparentemente plausibles. El emperador pedagógico que se exhibe en sus páginas está desnudo de sindéresis y su traje se compone de jirones de ideas inconcusas que no es tolerable que se impongan como ropajes de uso común. No es aceptable que se den como hechos lo que son meras opiniones discutibles. Y es todavía menos aceptable que se actúe con una política de hechos consumados. Desde la infausta LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), madre de todas las leyes educativas que llevamos sufriendo desde los años 90 del siglo pasado, con la pretensión totalitaria incluida en su pomposo nombre, esa política impositiva de dar como verdades reveladas lo que eran teorías pedagógicas venía siendo una constante en la normativa educativa. Se imponía una división de las etapas educativas, el catálogo de asignaturas, la orientación metodológica y lo que daba ocasión de todo tipo de chanzas, pero que era lo más siniestro de todo, una manera pintoresca de hablar de educación. Se parasitaba el léxico para ir inoculando el veneno de una pedagogía cuya toxicidad se ha demostrado. Las entrañables metáforas naturales que servían para describir el noble arte de la enseñanza, como ‘estudios’, ‘madurez’, ‘aprobado’, ‘suspenso’ y cosas parecidas, se sustituían por abstracciones de aviesas intenciones disimuladoras, como ‘currículo’, ‘necesidades educativas especiales’ o ‘diversificación’, muchas veces acompañadas de siglas, como ACNEE, PGA, ROC, ESO etc. Tal imposición dogmática ha llegado con la LOMLOE a extremos muy preocupantes.
Si la enseñanza es un servicio público, no debe imponer una visión de la realidad partidista ni sectaria, como hace el texto de la LOMLOE. No se puede elevar a norma de obligado cumplimiento un conjunto de ideas, preceptos, pareceres o creencias pertenecientes, cuando menos, al ámbito de lo discutible. Va incluso más allá de lo tolerable imponer un lenguaje específico para hablar de las cosas, como si fuera la única lengua técnica admisible, como si la educación fuera una actividad de naturaleza técnica, como, pongamos, la carpintería, la construcción naval o la mecánica. No se debe meter en las aulas ni jerga ni ideología de ningún tipo; ni tampoco se pueden imponer costumbres, especialmente si son contrarias a lo que la mayoría por tradición heredada acepta, cuando, además, las costumbres tradicionales llevan incorporada una carga objetiva de utilidad, decencia y belleza. No se puede legislar sobre sentimientos o creencias. En particular, no creo que esté legitimado ningún gobierno, parlamento o autoridad administrativa a imponer ideas sobre educación basadas en ningún tipo de teoría concreta; y aún menos en teorías no sólo ya viejas[1], sino cuya falta de eficacia se ha demostrado con creces en los últimos cuarenta años.
No se puede imponer, por lo demás, como pretende testarudamente esta ley, una igualdad de resultados en el sistema educativo. No sólo es perjudicial para el conjunto de la sociedad, sino que es manifiestamente inútil prometer el aprobado general. Eso es algo que no se puede acordar por mandato administrativo a costa de sacrificar la mera posibilidad de una instrucción de calidad para el común. No es ni bueno ni útil ni justo condenar al conjunto de la sociedad a una educación que no aplauda el esfuerzo, ignore el mérito e impida la adquisición de conocimientos provechosos en lo personal, sólidos científicamente hablando y útiles, en definitiva, para el progreso social.
Resulta paradójico en extremo que se hayan arrogado la competencia absoluta sobre los planes de estudio sedicentes ‘expertos’ en educación que carecen de experiencia en dar clase, profesionales que no han profesado ninguna doctrina concreta y que de lo único que pueden hacer profesión es de su creencia en teorías especulativas trufadas de majaderías con un halo de modernidad que viene a salvar a niños y jóvenes de un oscurantismo arcaico y opresor que sólo existe en su imaginación.
Ante tal estado de cosas, que pone los pelos de punta a cualquiera con un poco de sentido común, se proponen medidas drásticas, concretas y fáciles de llevar a cabo. Se trata de sustituir la jerarquía que se ha impuesto usurpando legitimidad y conocimiento por una jerarquía basada en la competencia científica y práctica.
Se pide, con toda lógica, que los programas de las asignaturas los elaboren quienes saben de las propias materias, organizados en un Consejo independiente y verdaderamente experto tanto en la docencia como en la ciencia que respalda la doctrina que se ha de enseñar. Se pide, con toda lógica, que se respete el juicio de quienes están facultados para evaluar los conocimientos de los alumnos. No se puede aprobar sin saber. Los poderes públicos que consienten que eso ocurra actúan irresponsablemente; obran en perjuicio del pueblo al que representan, dañan el tejido social y vulneran derechos básicos individuales. Se pide, con toda lógica, que se mantenga un sistema de calificaciones objetivo, claro y respetuoso con el mérito y el esfuerzo de cada uno. Se pide, con toda justicia, que existan unas pruebas objetivas para medir los conocimientos de los alumnos y que esas pruebas sean homologables en toda España; para lo cual, evidentemente, debería dejar de ser papel mojado el artículo tercero de la Constitución del 78. Se pide, por último, que se respete la libertad de cátedra dentro de las aulas con la única limitación de la Constitución y las leyes democráticas de una nación de ciudadanos libres e iguales. Porque, en definitiva, se trata de desterrar la mentira y el disimulo en que vive lo que pomposamente se llama sistema educativo español; y de eliminar ese pensamiento parasitario que lo debilita y le impide tener el vigor que la sociedad española necesita.
Horacio Silvestre (Catedrático de Latín)
[1] Para un descripción amena de la ya añosa pedagogía moderna y sus corrientes véase el libro de Catherine L’Ecuyer, Conversaciones con mi maestra, Barcelona, Espasa, 2021.
Los 33 primeros firmantes del manifiesto contra la LOMLOE y las leyes que la preceden
El Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público (contra la LOMLOE y las leyes que la preceden) lleva un mes expuesto por Sergio Vicente Burguillo en Change.org, donde ha captado hasta ahora más de 15.000 firmas. Sus 33 primeros firmantes, entre ellos Horacio Silvestre (filólogo y profesor de enseñanza secundaria), uno de los pocos que tiene perfil en la red profesional Linkedin, son:
- Gabriel Albiac (filósofo)
- Félix de Azúa (escritor)
- Luis Mª Bilbao Bilbao (historiador y catedrático de universidad hasta su jubilación)
- Gustavo Bueno Sánchez (filósofo)
- Luis Alberto de Cuenca (filólogo, poeta y ensayista)
- Alicia Delibes (matemática y profesora de enseñanza secundaria)
- Antonio Diéguez Lucena (filósofo y catedrático de universidad)
- Arcadi Espada (escritor)
- Clara Eugenia Núñez (historiadora y catedrática de universidad)
- José Ignacio Fortea (historiador y catedrático de universidad hasta su jubilación)
- Juan Pablo Fusi (historiador y académico de número de la Real Academia de la Historia)
- Fernando García de Cortázar (historiador y catedrático de universidad)
- José Ángel García de Cortázar (historiador y catedrático de universidad)
- Juan E. Gelabert (historiador y catedrático de universidad)
- Fernando Gómez Redondo (filólogo y catedrático de universidad)
- Pedro Miguel González Urbaneja (matemático y catedrático de instituto)
- Jon Juaristi (filólogo, poeta y ensayista)
- Ramón Lanza García (historiador y profesor de universidad)
- Araceli Mangas Martín (académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de universidad)
- José María Marco (profesor y ensayista)
- Javier Marías (escritor y miembro de número de la Real Academia Española)
- Ricardo Moreno Castillo (matemático y catedrático de instituto hasta su jubilación)
- Félix Ovejero (profesor y ensayista)
- Marino Pérez Álvarez (psicólogo y catedrático de universidad)
- Xavier Pericay (filólogo y profesor de universidad)
- José Luis Ramírez Sádaba (historiador y catedrático de universidad)
- Alberto Royo (musicólogo y profesor de enseñanza secundaria)
- Fernando Savater (filósofo)
- José Ángel Sesma Muñoz (académico de número de la Real Academia de la Historia y catedrático de universidad)
- Horacio Silvestre (filólogo y profesor de enseñanza secundaria)
- Gabriel Tortella (historiador y catedrático de universidad)
- Andrés Trapiello (escritor)
- Darío Villanueva (de la Real Academia de la Lengua)
