En la nueva regulación se destacan los siguientes aspectos:
- En los cursos de formación podrá participar todo el personal funcionario.
- La duración mínima de los cursos de formación será de 120 horas y en el caso de los cursos de actualización de competencias directivas la duración será de 60 horas.
- Tal duración incluye en ambos cursos todos los módulos troncales, si bien las Administraciones educativas podrán incluir otros módulos específicos.
- La estructura de los cursos es modular e incluye la realización de un proyecto de Dirección.
- Los cursos podrán impartirse a distancia.
- Estarán exentos de la realización de estos cursos (a excepción del proyecto de Dirección) quienes acrediten estar en posesión de un Máster o Título de Postgrado (ambos de carácter oficial).
El Real Decreto incluye tres Anexos:
El Anexo I, con las competencias genéricas y específicas que deben adquirirse con la realización de los cursos de formación y de actualización de competencias directivas.
El Anexo II, con los módulos troncales que como mínimo deben contener los programas formativos de los cursos de formación sobre el desarrollo de la función directiva.
El Anexo II, con los módulos troncales que como mínimo deben contener los programas formativos de los cursos de actualización de competencias directiva.
Potenciación de la Función Directiva
La mencionada modificación legal pretende potenciar la función directiva a través de un sistema de certificación previa de competencias para acceder al puesto, con el fin de reforzar la capacidad de gestión de los directores y directoras de los centros docentes públicos, como representantes que son de la Administración educativa en el centro y como responsables del proyecto educativo.
Tales certificaciones tendrán validez en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el citado artículo legal, las características del curso de formación serán desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno, lo que se lleva a cabo mediante el presente proyecto.
Mayor capacidad de decisión
Dicha certificación permitirá, en línea con lo señalado por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, otorgar a los equipos directivos mayor capacidad de decisión sobre la organización y gestión del centro, potenciando la figura del director y atribuyéndole mayor responsabilidad y capacidad para llevar a cabo proyectos educativos. Entre los principios sobre los que se asienta la reforma promovida por la citada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa se encuentran el aumento de la autonomía de los centros y el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los mismos.
La autonomía de los centros docentes y el liderazgo de sus directores y directoras son factores clave para la transformación del sistema educativo de cara a las nuevas demandas aprendizaje del siglo XXI.
Liderazgo escolar
El liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a nivel internacional, ya que desempeña una función decisiva para mejorar los resultados académicos al influir en las motivaciones y en las capacidades de los profesores, así como en la situación y el ambiente escolar.
En este sentido, la OCDE indica que una dirección escolar eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la educación.
Para lograr un liderazgo educativo eficaz es necesario centrar los esfuerzos en mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, profesionalizar, fortalecer y apoyar el papel de los líderes educativos, definir claramente los roles, adoptar un enfoque colaborativo, reconocer las fortalezas y competencias de los equipos, disponer de autonomía suficiente para asignar recursos y explorar métodos de enseñanza innovadores y asumir las responsabilidades y compromisos que comporta el liderazgo.
Justicia calcula que se necesitan 282 plazas, dos en la Audiencia Nacional, para que todos los jueces tengan destino
El Ministerio de Justicia calcula que son necesarias 282 nuevas plazas para poner fin a "la situación de desequilibrio" entre el número de miembros de la Carrera Judicial que se encuentran en activo y la cantidad de plazas judiciales existentes. De ellas, considera que la Audiencia Nacional debería reforzarse con dos nuevos jueces para agilizar las causas contra la corrupción.
El proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que esta dotación no debe conllevar ningún incremento presupuestario y critica el "galimatías" al que ha contribuido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha gestionado este excedente de jueces "sin consultar" al Ministerio de Justicia ni las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
En concreto, el texto considera necesarias 108 plazas en Audiencias Provinciales, dos en Tribunales Superiores de Justicia y otras dos plazas de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco de las "medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez mas rápida, diligente y eficaz a pesar del actual contexto económico de contención del gasto público".
Las 167 plazas restantes corresponderían a jueces de adscripción territorial para que realicen funciones de refuerzo y sustituciones con el objeto de paliar las "posibles situaciones de agravio comparativo" con el resto de juzgados unipersonales, que "en algunos casos soportan una elevada carga de trabajo". Excepcionalmente, contempla la constitución de tres juzgados de lo Penal en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.
"Esta creación no conlleva incremento presupuestario puesto que lo único que se pretende es crear plazas a las que poder destinar definitivamente a todos aquellos integrantes de la Carrera que no disponen de la misma pero que actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes figuras, como comisiones de servicio, refuerzos, sustituciones, etc.", recoge el texto suscrito por el anterior secretario de Estado, Fernando Román.
Según dice, el coste teórico anual una vez creadas las plazas quedaría en 367,5 millones de euros. Un total de 348 millones correspondería al coste de las 5.155 plazas actuales y los 19,5 restantes a las 282 nuevas. "La creación de nuevas unidades judiciales conlleva un coste mínimo derivado de la diferencia retributiva de la plaza que ocupan como apoyo y la que se cree de forma definitiva", precisa.
En el texto, con fecha del pasado 25 de septiembre, el Ministerio explica que fue a principios de 2012 cuando "tomó conciencia" del problema de tener un "elevado" número de jueces con expectativas de destino como consecuencia de que durante los tres últimos años se convocaron oposiciones para ingresar en la Carrera sin haberse incrementado la planta judicial.
El proceso selectivo seguía siendo necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales y equiparar la realidad española a la media europea, que se sitúa en unos 23 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que en nuestro país el promedio está en diez magistrados.
"El problema se agrava debido a la inminente salida de la Escuela Judicial de la promoción 64", añade, para criticar que la decisión adoptada en 2013 por el CGPJ "complicó sobremanera" el panorama al haber destinado la totalidad de la promoción a refuerzos sin consultar al Ministerio ni las comunidades.
"La conclusión a este galimatías fue un número superior a 364 jueces y magistrados titulares fueron destinados provisionalmente a otros juzgados o tribunales y la nueva promoción, 231 efectivos, quedó finalmente incorporada si bien en idéntica situación de interinidad", concluye. Justicia anunció el pasado octubre que convocaría cien plazas de jueces y fiscales para 2015.
