Y es que la economía colaborativa se basa primordialmente en la relación inter pares (Peer to Peer) y Uber, al contrario que Bla-bla Car, se trata de un B2C(Business to Consumers), ya que esta mercantil directamente establece y modula las reglas del juego de su amplio batallón de conductores en precario.
Y, por el camino, trata de sortear las normas básicas que la regulación impone a los transportistas convencionales de viajeros y que tratan de proteger, tanto a los trabajadores como a los propios consumidores. Pero el haber sido obligados por el gobierno de España a detentar una licencia, no les libra de seguir ejerciendo desleal competencia con el sector del taxi, por ejemplo, justificando mayor precio de la tarifa por exceso de demanda, cuando la licencia de conductor privado que (muy a su pesar) les obligan en nuestro país a detentar, les impide acercarse a las paradas oficiales de taxi, que es justamente cuando ese indicador se dispara.
Desde El Comité Económico Social Europeo nos hemos pronunciado repetidas veces sobre la economía colaborativa (dictamen) y hemos reiterado la necesidad de una definición ajustada a este fenómeno emergente, ya que la Comisión Europea se ha venido empeñando en meter en el mismo saco a los innovadores sociales y a los oportunistas que concurren deslealmente, precarizando las condiciones laborales y desprotegiendo a los consumidores.
El caso de Airbnb no es tan evidente, tal vez sea adecuado generalizar unos parámetros que ya se vienen aplicando en varios países de la Unión Europea, a saber, que se trate de la vivienda habitual del arrendador y, a su vez, establecer un doble techo anual, tanto en número de huéspedes como en importe global de ingresos. Y, siempre, siempre, siempre, bajo la estricta vigilancia de mercado por parte de las autoridades competentes.
Carlos Trias Pintó es Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios de España
