El informe de la UCO señala que el PP madrileño pudo facturar operaciones ficticias con la fundación Fundescam "como la celebración de cursos que no se habrían realizado" y cuyo importe iría realmente destinado a gastos electorales.
La pista de las supuestas irregularidades surge de un pendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, entonces gerente del PP madrileño, en el que había un archivo contable sobre los gastos de la campaña de 2008. Según la Guardia Civil, del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas. Entre ellas, una de Fundescam.
El documento detalla que para justificar los pagos se utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas "por operaciones mercantiles inexistentes" en cuyo concepto figuraban desde "un curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos" a unas "jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa". La UCO destaca que dichos cursos nunca se realizaron.
La subvención, por un importe de 200.620,64 euros, fue concedida por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión desde el pasado abril por el caso Lezo, el 18 de noviembre de 2008. El documento intervenido al exgerente del PP de Madrid también asigna supuestamente a Fundescam gastos por importe de 50.529 y 46.189 euros correspondiente al coste de los encargados de repartir propaganda electoral durante la campaña y el "telepronter" utilizado en los mítines.
EL MUNDO, bajo el título "campañas del PP bajo sospecha", señala que "la UCO desvela los diferentes canales de financiación ilegal que se utilizaron en actos electorales de Rajoy y Aguirre". Al respecto, el diario señala que, según la Guardia Civil, al menos las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 fueron financiadas de forma ilegal. Según los informes citados por este diario "Francisco Granados conseguía las donaciones, Ignacio González inyectaba subvenciones y Beltrán Gutiérrez pagaba con la cuenta B del partido".
En este sentido, LA RAZÓN informa que Anticorrupción señala que Ignacio González tenía diseñada una "estructura" para aflorar el "dinero B", y le considera el "inductor" de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción resume en otro informe que se inflaron los "excesos electorales" de aquellos años en más de cinco millones respecto a lo declarado. Concretamente, 2.685.000 euros de más en 2007, 685.000 en 2008 y 1.546.000 en 2011.
Por su parte, EL PAÍS informa que la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco siguen la pista a 6,4 millones de euros transferidos en 2008 y 2009 a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creada en 2007 por Esperanza Aguirre para "reforzar" España como "una gran nación". Los investigadores sospechan, según refleja este diario, que el PP regional "utilizó" esta entidad para "abonar gastos de campaña de forma subrepticia" de una manera similar a la supuestamente empleada con Fundescam.
En otro orden de cosas, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez Eloy Velasco de levantar el secreto de 19 tomos del caso Lezo y pide que se haga de forma "parcial" porque podría obstaculizar "el buen fin de la investigación" y "frustrar la recuperación de activos malversados o el esclarecimiento de los hechos".
'Caso Púnica': Granados intenta justificar su cuenta en Suiza
Por lo que respecta a la trama Púnica, ABC informa que Francisco Granados intentó justificar la licitud de su cuenta en Suiza durante la declaración que prestó al juez Eloy Velasco el 30 de octubre de 2014 tras su detención. Relató que intentó cerrar la cuenta tras ganar las elecciones en Valdemoro, pero que le dijeron que era difícil y que si quería dejar la cuenta debería buscar una "contraparte". "Marjaliza puso los 50 millones y se quedó mi cuenta en Suiza", añadió Granados.
Por otro lado, el exdelegado del Gobierno en Madrid Pedro Núñez Morgades le dijo a Francisco Granados que había estado "donde los pinchadiscos de los pinchateléfonos de la policía" un mes antes de que la policía detuviera al exconsejero madrileño, según consta en un informe de la Guardia Civil del sumario de la Púnica.
Mientras, el abogado de Francisco Granados, Carlos García de Ceca, dijo ayer que pedirá que se rebaje la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez Velasco para salir de prisión, y advirtió de que la duración del proceso "no es fácil de calcular" y que "va a llevar tiempo".
Cifuentes comparecerá el 2 de junio en la Asamblea de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá en la comisión de corrupción del Parlamento autonómico para explicar los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la vinculan con unas contrataciones a favor del empresario Arturo Fernández. La comparecencia será previsiblemente el 2 de junio. EL PAÍS resalta que "Ciudadanos mantiene su acuerdo con Cifuentes pero desconfía de ella".
Mientras, desde el PP descartan que las acusaciones realizadas por la Guardia Civil contra Cifuentes se traten de "fuego amigo". Fue la propia presidenta madrileña quien sugirió el pasado miércoles que las filtraciones de los últimos días podían proceder de "fuego amigo".
EL MUNDO destaca que "Cifuentes usa los servicios jurídicos de Madrid para cuestionar a la UCO". El diario informa que la Comunidad de Madrid distribuyó ayer un informe de ocho páginas atribuido a fuentes jurídicas de esta Administración, en el que se insiste en las críticas al informe de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió ayer el trabajo de la Guardia Civil pero señaló que las "discrepancias" mostradas por Cifuentes no implican "una crítica" hacia el Cuerpo.
En este contexto, EL PAÍS señala que las críticas de Cifuentes contra la Guardia Civil avivan el debate sobre "los límites" de los informes policiales.
Rajoy pide declarar por videoconferencia el 26 o 27 de julio
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado oficialmente a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia como testigo en el juicio del caso Gürtel. El jefe del Ejecutivo señala que, según su agenda, las "fechas más adecuadas" para testificar son los días 26 o 27 de julio. La carta ha sido remitida por la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos, y en ella se argumentan motivos económicos y de seguridad para que la declaración se realice por videoconferencia. Según la misiva, la comparecencia de Rajoy en persona "implicaría un despliegue importante de recursos públicos". Además, afirma la carta, "concurren razones de seguridad".
