Decenas de miles de afectados se han dirigido desde el jueves a las asociaciones de consumidores o despachos de abogados especializados para informarse y presentar las reclamaciones correspondientes.
Varias asociaciones de usuarios se reunieron con el PSOE para analizar la manera de recibir las devoluciones. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, denunció que "los bancos han puesto muchas dificultades". El portavoz económico socialista, Pedro Saura, exigió al Gobierno que se habilite una vía extrajudicial que permita una "solución rápida y a coste cero" para "cobrar todo", sin quitas para los bancos. También desde ERC se reclamó un mecanismo "rápido, universal, colectivo y eficaz".
Por otra parte, según destaca EL MUNDO, el Gobierno presiona a la banca para que devuelva lo cobrado de más cuanto antes, mientras Hacienda perseguirá los reembolsos de las cláusulas suelo y revisará las deducciones por vivienda,
El nuevo código para facilitar esa rápida devolución será aprobado la próxima semana en Consejo de Ministros y presentado al término de la reunión por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El objetivo del Ministerio de Economía es crear un vehículo que permita canalizar de manera exprés la devolución de los importes de forma extrajudicial y sin costes adicionales para el usuario.
Será un mecanismo similar al código aprobado en 2013 para reestructurar la deuda de los hogares que no pudieran pagar sus hipotecas y reducir el número de impagos, según explican fuentes próximas al Ejecutivo. Los bancos podrán adherirse de forma voluntaria, pero una vez lo hayan hecho tendrán que cumplir con los compromisos que incluya el protocolo. En el caso de los desahucios se apuntó la totalidad del sector financiero.
El Consejo de Ministros de este viernes estudió también un informe elaborado por Economía donde se resalta la "solidez" del sistema financiero nacional y su capacidad para hacer frente a la sentencia europea que obliga a las entidades a devolver, según los cálculos del Banco de España, unos 4.200 millones de euros.
El informe de Economía coincidió con un comunicado de Moody's que alerta de que la devolución de las cláusulas suelo sí impactará en aquellas entidades cuya solvencia está más cuestionada y no tienen capacidad de hacer frente a pérdidas.
Hacienda, a por los impuestos de las devoluciones
"De los 4.000 millones, una parte le pertenece a Hacienda", declaró el ministro Montoro interesado en los impuestos de esas devoluciones, sin especificar cómo se llevará a cabo un proceso que puede resultar bastante complejo, entre otros motivos porque no se sabe ni cuándo se producirán las devoluciones ni está claro cómo se llevará a cabo la recaudación adicional.
Lo que sí han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda a este periódico es queel mayor punto de conflicto se puede producir en la deducción por vivienda habitual. Aquellos afectados que, una vez recibida la devolución, hayan aplicado una deducción superior, deberán restituir el exceso en la siguiente declaración de renta.
Desde el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), sin embargo, apuntan otra posibilidad. En primer lugar, su secretario general, José María Mollinedo, considera que "tributariamente no va a tener un impacto relevante", ya que "muchas de las devoluciones corresponden a años anteriores a 2013, por lo que habrán prescrito". La prescripción se produce cuatro años después desde que finaliza el plazo de declaración, lo que supone que "el año 12 prescribe en junio de 2017", añade Mollinedo.
Posiciones del Gobierno y de la banca
Las posiciones del Gobierno y de la banca difieres, al igual que las de los partidos políticos, pero en ningún caso se ha anunciado hasta ahora un cambio legislativo que termine con la protección legal a los abusos de las entidades.
Según explicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, "se trata de una relación privada y personal entre los bancos y sus clientes, pero queremos ayudar a resolverlo de forma rápida". La intención del Ejecutivo es dar "seguridad, tranquilidad y certidumbre", añadió.
Sin embargo, el Consejo de Ministros del próximo viernes podría aprobar un real decreto ley con un anexo que "abordará el conflicto de las cláusulas suelo" cuyo objetivo será "establecer un sistema más rápido que el judicial y reducir costes para el cliente", según explicaron fuentes del Ministerio de Economía. Este mismo viernes un juzgado de Oviedo asumió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE y anuló la cláusula suelo incluida en una hipoteca desde el momento de su firma, en julio de 2003, informa EL PERIÓDICO.
Las posiciones en la banca van desde la de Sabadell, que se mantiene en su idea de que sus cláusulas suelo son transparentes; hasta BBVA o CaixaBank, donde retiraron sus suelos prácticamente desde el momento en que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, en mayo de 2013; pasando por Popular, con una posición más férrea inicialmente, para después avenirse a anularlas entre una parte de su clientela.
El Ejecutivo ha reconocido que la relación que mantienen los bancos con sus clientes es una cuestión «privada y personal», a pesar de peticiones de habilitar un sistema de arbitraje para evitar el colapso judicial. De hecho, la asociación ADICAE considera que este tipo de códigos son «un peligro para los consumidores y un regalo» para el sector de la banca. "El Gobierno debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales de protección de los consumidores y usuarios, promoviendo una solución extrajudicial, universal y gratuita, participada por las organizaciones de consumidores", dice ADICAE.
Existe un precedente de este tipo de códigos cuyos resultados sólo han beneficiado a una pequeña parte de los consumidores. Se trata de la norma impulsada por el Ministerio de Economía para evitar los desahucios por impago. El Ejecutivo lo sacó adelante en marzo de 2012. Pretendía aliviar el ahogo que vivían las familias sin recursos, mediante la modificación de las condiciones de sus hipotecas, o con la dación en pago.
Durante estos cuatro años y medio de vigencia, han sido 40.446 hipotecados los que se han acogido a él para aliviar su carga. De ellos, 33.765 han conseguido una mejora en las condiciones de su deuda y 6.674 se han liberado de ella entregando su vivienda, según los datos actualizados por Economía. Sin embargo, el problema hipotecario ha sido mucho mayor: en el tiempo en vigor del código, el INE y el Consejo General del Poder Judicial han contabilizado unos 244.000 ejecuciones hipotecarias, aunque no todas han acabado en desahucio.
Los contribuyentes italianos pagarán otra crisis bancaria
Por otra parte, en Italia, otra vez la banca confunde incertidumbre con riego y logra endosar ambos a los contribuyentes vía presupuesto, en lugar de asumirlo los responsables del negocio: gestores y accionistas. Gobierno italiano aprobó anoche un decreto para crear un fondo destinado a ayudar a los bancos en apuros, dotado con 20.000 millones de euros, así como una serie de medidas para garantizar la liquidez de las entidades. Así, el Tesoro italiano podrá adquirir acciones de cualquier banco interesado en una recapitalización "como precaución" y proteger a sus clientes con procedimientos de compensación.
La decisión se produjo horas después de que la banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) anunciara el fracaso de su ampliación de capital de 5.000 millones integrada en sus planes de saneamiento, tras no encontrar ningún "inversor ancla" dispuesto a invertir y atraer así otros capitales.
El ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, señaló en rueda de prensa que el Gobierno espera que MPS "solicite la activación de los recursos en base a los mecanismos previstos", lo que "asegurará las necesidades de capital y permitirá a la banca continuar con su plan industrial". Asimismo garantizó que "la cantidad de la intervención de recapitalización como precaución será suficiente para colmar los requisitos identificados en la pruebas de estrés
