Tras iniciarse este mes dichas evaluaciones con las pruebas de 3º de primaria, al mismo tiempo que las de PISA (15 años) y con la confusión ante esos exámenes por el hecho de la negativa a realizarlos en autonomías no gobernadas por el PP, un portavoz del Ministerio de Educación que la Alta Inspección requerirá a las administraciones que subsanen el incumplimiento. Si a pesar de todo se niegan a llevar a cabo las pruebas, se abriría la puerta a recurrir posteriormente a los tribunales por la vía contencioso administrativa. Han sido exactamente Andalucía, Asturias y parcialmente Canarias las que han anunciado que no llevarán a cabo las polémicas. Pese a que la Generalitat recurrió la LOMCE ante el Tribunal Constitucional, esta vez no se encuentra entre las autonomías insumisas. La Conselleria d´Ensenyament argumenta que es la misma prueba que ya llevaban a cabo las escuelas catalanas desde el año 2000 y que, por tanto, no se trata de una imposición de la LOMCE.
El problema para la Generalitat se ve en las escuelas y alumnos que secunden el boicot propuesto por las principales asociaciones de padres, sindicatos de estudiantes y de maestros y de la Xarxa d´Escoles Insubmises (XEI). Según el citado portavoz ministerial, deberá ser la conselleria la que actúe contra la escuelas. «Es responsabilidad de la Administración educativa velar por el cumplimiento de las normas en sus territorios y adoptar las medidas que considere más oportunas para garantizar su efectivo cumplimiento», indicó.
En caso de que el boicot se lleve a cabo de forma individual «corresponde al centro, como en cualquier otra actividad educativa programada, establecer las medidas para que el alumno pueda realizar la prueba en otro momento», señala el Ministerio, el cual equipara la situación a la de los alumnos que no acuden por estar enfermos o por causa de fuerza mayor. La escuela también deberá «requerir a los padres la justificación suficiente para omitir un deber que tienen en relación con la educación de sus hijos y con la asistencia diaria a clase».
Amenazas y satisfacción de algunos alumnos
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres Catalana (Fapac) reafirmó este miércoles su «resistencia a la aplicación de la evaluación» y anunció el «pleno apoyo a las familias que reciban cualquier tipo de amenaza». «No puede permitirse que pares y madres sean tratados como delincuentes por ejercer su derecho a manifestar su opinión», añadieron.
Las pruebas afectan en Catalunya a 80.000 niños de tercer curso de primaria (de edades comprendidas entre 8 y 9 años) convocados a examinarse desde el pasado lunes hasta el próximo día 15. La evaluación consta de comprensión oral y escrita en castellano y catalán, resolución de problemas y cálculo.
Sinb embargo, alumnos de 6º que han realizado las pruebas como los de 3º ven asequibles las mismas, que acaban hoy en comunicades como Cataluña. "Era fácil», dice a EL PERIODICO una chica de sexto de primaria al salir del aula de las pruebas. «Quitando alguna pregunta trampa», apostilla otra. En general, el corro de alumnos que se forma en el pasillo del colegio Duran i Bas del barrio barcelonés de Les Corts está contento con el resultado de las dos primeras pruebas de sexto de primaria a las que se enfrentaron ayer más de 73.000 alumnos en Catalunya.
«Otra cosa son los resultados», manifiesta la directora del centro, María Asunción Latorre. Y es que se trata de evaluaciones en las que de poco sirve haber memorizado durante el curso. Lo importante es tener interiorizados los conceptos y, sobre todo, estar muy concentrado para responder a las preguntas, sobre las cuales el Ministerio publicó ejemplos en su web: Prueba de comprensión oral y escrita en lengua (con audios de La bruja Caramala y La estación azul de los niños) y también en matemáticas (Prueba de cálculo y resolución de problemas (primera sesión) y segunda sesión.
25% de clases en castellano
La Abogacía del Estado ha presentado, a instancias del Ministerio de Educación, un recurso, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que reclama como medida cautelar abrir un nuevo plazo de matriculación en los centros de enseñanza de Cataluña en el que "se incorpore en su oferta y planificación educativa" el uso del castellano en una proporción del 25% "como mínimo". En el recurso, Educación rechaza también la "atención individualizada".
Ayer el Govern y los grupos políticos catalanes, excepto PP y Ciutadans, defendieron el modelo de inmersión lingüística. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de querer "cambiar Cataluña a través de sentencias" porque "no puede hacerlo con los votos". La consejera de Educación, Irene Rigau, acusó al Gobierno de querer "matar" el modelo de inmersión lingüística y envió un mensaje de "tranquilidad" a las familias porque el Govern no cambiará "nada" y las matriculaciones se harán como estaba previsto.
"Los partidos denuncian un golpe de Estado contra el catalán", titula EL MUNDO. Según destaca la portada de LA VANGUARDIA, "el PP abre la campaña con el conflicto por el catalán". En el interior, titula: "El Gobierno Rajoy aprieta el botón ´lengua catalana´ como salvavidas" y apunta que "el ministro Wert reaviva la batalla escolar ante el ascenso de Ciudadanos". EL PERIÓDICO titula en portada: "Wert vuelve a la carga" y en el interior señala que "Wert redobla el acoso a la inmersión lingüística en vísperas electorales", al tiempo que refleja que "el recurso desata un alud de críticas de educadores y políticos".
La Generalitat, ante las escuelas insumisas
El Ministerio de Educación parece empeñado -aunque su titular José Ignacio Wert diga que no es así- en que el modelo lingüístico del PP se imponga en todas las comunidades con dos lenguas, incluida Catalunya, lo que supone abrir una brecha en la inmersión lingüística -vigente desde hace más de 30 años- para dar más cabida al castellano. Empezó Wert revisando el sistema a través de la LOMCE, apelando al derecho de los padres a elegir el idioma en que quieren que sus hijos sean escolarizados, pero esta semana la ofensiva ha ido un paso más allá: el ministerio ha llevado a la Generalitat a los tribunales para que estos, a su vez, le insten a cumplir con «la obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular». Y esto, cuando apenas faltan dos días para que empiece la campaña electoral.
Eso pasaría porque la Generalitat reabriera, en primer lugar, el proceso de preinscripción escolar para el próximo curso (cerrado el pasado 17 de marzo), ya que en la convocatoria no se previó la opción del bilingüismo, denuncia el ministerio. Además, el departamento que dirige Wert reclama que todos los alumnos que soliciten ser escolarizados en castellano en cualquier escuela catalana, pública o concertada, puedan estudiar al menos un 25% de las asignaturas en esa lengua, sin tener en cuenta, no obstante, la elección del resto de alumnos de la clase.Las dos peticiones, la de revisar el plazo de preinscripción y la de que los alumnos que lo elijan hagan un cuarto de las horas de clase en castellano, son las dos medidas cautelares solicitadas por el ministerio en el recurso que esta semana ha admitido a trámite el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en contra de la resolución de la Generalitat que regulaba el proceso de preinscripción del curso que viene.
Una casilla y otra denuncia más
«Un año más el formulario de la Conselleria d´Ensenyament no ha incluido una casilla donde las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza», denunció ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Como en cursos anteriores, señaló, a los alumnos que han expresado su voluntad de seguir una enseñanza bilingüe se les dice que tendrán atención individualizada.
«Administrativamente esta demanda es un disparate y políticamente supone una gran ofensa, por no decir que es también el último intento del PP antes de terminar la legislatura de liquidar el modelo de inmersión lingüística», dijo la ´consellera´ de Ensenyament, Irene Rigau. A estas alturas, prosiguió Rigau, «aplicar estas medidas cautelares, si no se aceptaran las alegaciones que presentará la Generalitat, significaría tener que notificar personalmente a todos los alumnos preinscritos que pueden pedir el uso del castellano como lengua vehicular: eso supone tener que avisar a 148.000 familias, a las que habría que sumar el millón y medio de alumnos que seguirán estudiando en el mismo centro el próximo curso, por si quieren cambiar de opción».
La Generalitat tiene 10 días para presentar sus alegaciones al recurso presentado por el abogado del Estado en Barcelona ante el TSJC. Este, una vez recibida la apelación de la Administración autonómica, dispone de una semana más para responder a las medidas cautelares solicitadas por el ministerio, informó ayer un portavoz de este departamento. Con todo, la Generalitat reitera que el calendario de matriculaciones se mantendrá tal y como estaba previsto inicialmente: el plazo se abrirá el próximo 8 de junio y se cerrará cuatro días después, el día 12.
«La Generalitat actúa una vez más en contra de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia, al no establecer mecanismo administrativo alguno que posibilite el uso del castellano como lengua vehicular», lamenta el Ministerio en un comunicado, en el que acusa a la conselleria de no atender, como han hecho ya otras comunidades autónomas con lengua cooficial, «a los requerimientos que le instan a impartir clases en ambas lenguas en una proporción razonable». La secretaria de Estado aseguró que la «gran mayoría» de las comunidades con lengua cooficial «han resuelto esta situación de una manera pacífica y mayoritariamente con sistemas integrados bilingues o trilingües».
Oposición editorial a la "cruzada" contra el catalán
Educación y política (LA VANGUARDIA): "Si hay un ámbito político en el que resulta deseable el consenso, ese ámbito es el de la educación. Las leyes relativas a la educación deberían ser siempre fruto del pacto entre los principales partidos y jamás un arma en su brega cotidiana. Por desgracia, no es esto lo que ocurre en nuestro país. Ayer tuvimos una nueva prueba de ello, al saberse que el Gobierno pretende que el 25% de las clases impartidas en Catalunya sean en castellano y, también, que ha impugnado la matriculación escolar". "El clima político en Catalunya es inestable, pese al esfuerzo de muchos para tender puentes de diálogo entre bandos en liza, y no hace ninguna falta que el ministro Wert venga a desestabilizarlo más".
Wert reactiva la cruzada contra el catalán (EL PERIÓDICO): El Gobierno central ha abierto un nuevo capítulo en su cruzada de presunta defensa de los derechos de los alumnos castellanohablantes de Catalunya". "¿Qué legitimidad tiene el ministerio para proponer porcentajes y pasar por encima de leyes aprobadas por la gran mayoría del Parlament y que, sobre todo, han demostrado gran eficacia para garantizar que los catalanes sepan el catalán y el castellano? El conflicto es artificial, y la falacia de Wert es pensar que la inmersión lingüística ha favorecido el independentismo, cuando justamente lo que puede dar alas a este es que se torpedee una norma modelo de consenso y convivencia".
