En América Latina y el Caribe se ha logrado reducir la cifra a 7,5 millones de niños trabajadores, pero aún persiste un 8,8% de menores que sigue siendo víctima de la explotación infantil, con cerca de 9 millones ejecutando tareas riesgosas, especialmente en agricultura, pesca, servicio doméstico, minería y ventas ambulantes.
Según la Unicef, esto es uno de los factores por los cuales cerca de 4,2 millones de menores de la región no asisten a la escuela, coincidiendo con la OIT en su “Informe mundial sobre el trabajo infantil 2015”, en donde se afirma que en los países de bajos ingresos entre el 20 y 30% de los niños deja de estudiar y entra a trabajar a los 15 años.
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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) pidió que los gobiernos tomaran medidas para que los menores de la región pudieran terminar al menos el ciclo de enseñanza primaria y formarse para tener un empleo digno cuando sean adultos. Según Paulo Vannuchi, comisionado dela CIDH dijo que “cuando el Estado tiene una sólida red de seguridad social para asegurar la asistencia para la cobertura de necesidades básicas a familias de bajos ingresos, se disminuye el riesgo de que los niños y niñas sean explotados”.
En ese sentido a lo largo y ancho de la región de América Latina y el Caribe, y también en España, los gobiernos han comenzado a tomar medidas para la combatir y reducir la explotación infantil y los riesgos que estos conllevan para la población. Estas medidas son en muchos casos políticas sociales y educativas como programas de becas escolares, asistencia social, formación flexible, entre otras; y también se realizan campañas de sensibilización en conjunto con la empresa privada, organizaciones obreras y sociedad civil.
Casos paradójicos como en Bolivia donde el trabajo infantil está legalizado a partir de los 10 años de edad y a partir de los 14 años pueden tener una relación de dependencia con un empleador, siempre que cuenten con permisos de sus padres y del Ministerio del Trabajo.
Por su parte la OIT señaló que en España de los 848.600 de población joven de 16 y 17 años, siendo 42.900 población activa, solamente están ocupados 8.700, y además se desconocen datos de cuántos desempeñan tareas peligrosas.
El director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, alertó que en la Unión Europea los trabajadores adolescentes presentan un riesgo de accidentes leves más elevado que la población adulta. En España, una cuarta parte de los 350 accidentes leves sufridos por jóvenes trabajadores en 2013 fueron por sobreesfuerzos, lo que Nieto ha interpretado como "indicador de una presencia en actividades peligrosas de las que deberían estar excluidos".
