Las comunidades conminadas a reducir el déficit de esta manera, lo que confirma las impresiones previas a saberse que el Estado ha tenido menor diferencia entre ingresos y gastos que la anunciada hace unos días, son las que incumplieron el objetivo de déficit en 2015 y se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA): Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.
En la misiva, el titular de Hacienda insta a estas comunidades a que aprueben "en el plazo de quince días, a contar desde la recepción de la carta, la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido" y advierte de que, si no cumplen, se aplicarán medidas como depósitos en el Banco de España o incluso la intervención, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Estabilidad.
En su intervención de ayer en el Congreso, Montoro anunció la creación de un comité de expertos que empiece a trabajar en un nuevo modelo de financiación autonómica. Recordó que este año hay previsto un aumento de los recursos para las autonomías de 7.400 millones por la mejora de la financiación, que debería destinarse a la mejora del déficit, lo que supondría un 0,7% del PIB. Además pidió a las comunidades limitar el aumento del gasto al 1,8% y adelantó que las que cumplan con el objetivo de déficit tendrán una mejor financiación, con un acceso a la liquidez a tipo 0, frente al interés del 0,8% que pagarán las incumplidoras.
Algunas comunidades afectadas reaccionaron contra el ministro. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, culpó a Montoro de "cargar siempre contra los ciudadanos" y se negó a hacer más recortes. "No podemos cerrar un hospital, ni escuelas, ni servicios sociales", argumentó, y consideró que la carta es "una arbitrariedad e inaplicable".
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también dejo claro que no va a recortar más. "Montoro debe explicar si su intimidación a las comunidades se debe a un ultimátum de la UE", dijo.
La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, pidió a Montoro que "deje de amenazar" y se "centre" en facilitar financiación. También el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, criticó que Montoro "amenace con un plan de recortes". "Estamos desconcertados", dijo el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "en especial por los 18 meses en los que el Ministerio de Hacienda no ha hecho nada". La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, lamentó que "no hay margen para más recortes". "Que decida Montoro de dónde hay que quitar", añadió. El presidente aragonés, Javier Lambán, tildó de "injustas y sectarias" las medidas que reclama Hacienda, además de "prácticamente imposibles de cumplir".
Precisamente ayer la agencia de calificación de riesgos Moody´s criticó ayer en un informe dirigido a los inversores la "incapacidad" del Gobierno para controlar el gasto de las comunidades y lamentó que "no ha tomado las acciones correspondientes", por lo que su control es "más débil de lo inicialmente esperado". Calcula que el déficit regional alcanzará el 1,3% del PIB y recordó que el Gobierno no ha cumplido el objetivo de déficit de la UE en los últimos cinco añosñ
La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) ha revisado el dato de déficit público a la baja, que pasa del 5,16% al 5%, según informó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Se trata de un cambio de criterio contable, que permite contabilizar los ingresos de las subastas de las frecuencias 4G para la telefonía móvil otorgadas en 2011 en las cuentas de 2015, lo que supone un incremento de 1.600 millones.
La versión oficial
El nuevo dato del déficit, publicado apenas unos días después del primer balance oficial, es consecuencia de una comunicación de la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, y afecta a todos los Estados miembros. Eurostat exige trasladar en el tiempo los ingresos obtenidos por la subasta de las bandas de frecuencia del espacio radioeléctrico, lo en que España supone un ajuste en el cálculo anterior de unos 1.600 millones de euros, que supondrán menor déficit en 2015.
Este ajuste afecta exclusivamente a la Administración central, de manera que su déficit de 2015 ya no es el 2,68% anunciado en marzo, sino el 2,53%, lo que supone una mejora de casi cuatro décimas sobre el objetivo del año, que estaba en el 2,9% del PIB.
El ministro también recordó que en el déficit público del 5% se incluyen gastos no recurrentes de algunas comunidades autónomas, principalmente Cataluña, mayor gasto en 2015 que no se repetirá en 2016. De esta manera, el déficit sin esos gastos se sitúa en el 4,8% del PIB. Esta cifra aún está seis décimas por encima del objetivo fijado por la Comisión Europea como consecuencia de la desviación experimentada por las Comunidades Autónomas y también, en menor medida, por la Seguridad Social.
Además, recordó que las Entidades Locales no sólo han cumplido con su objetivo de déficit, que estaba en el 0%, sino que han cerrado el ejercicio de 2015 con un superávit de 0,44 puntos, lo que supone una contribución muy positiva que hay que reconocer. Según señaló, el esfuerzo de las corporaciones locales ha permitido a éstas reducir su endeudamiento y, además, ha contribuido a compensar la desviación del conjunto de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social.
Cristóbal Montoro detalló en su comparecencia en el Congreso las medidas que ha adoptado el Gobierno, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para corregir la desviación en el déficit de las comunidades autónomas, y con fin de garantizar que en 2016 sí cumplen con el objetivo previsto.
El ministro informó de que ayer mismo envió una carta a las comunidades autónomas que han incumplido su objetivo para indicarles que en los próximos días deben aprobar un acuerdo de no disponibilidad de crédito y que deben elaborar un Plan Económico Financiero que garantice el cumplimiento del objetivo de déficit. Este Plan deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) para que lo valore.
Además, las Comunidades Autónomas deberán dedicar a corregir el déficit público el dinero adicional que van a recibir este año por el sistema de financiación, así como el ahorro de intereses que van a obtener como consecuencia de estar financiadas por los mecanismos de liquidez que ha puesto el Gobierno a su disposición.
Según indicó Cristóbal Montoro, no se está pidiendo a las Comunidades Autónomas una reducción del gasto en 2016, pero sí que no lo incrementen por encima de la regla de gasto en relación con 2015. Las comunidades autónomas van a recibir cerca de 7.500 millones de euros adicionales de ingresos que, unidos a los casi 3.000 millones de ahorros en intereses de deuda por la ayuda financiera que reciben del Estado, dan un margen de algo más de 10.000 millones de euros para poder corregir su déficit público en alrededor de un punto de PIB. Las CCAA cerraron 2015 con un déficit del 1,66% frente a un objetivo del 0,7%.
El ministro quiso dejar claro también ante la Comisión de Hacienda que, a pesar de esta desviación en 2015, las Comunidades Autónomas han hecho un gran esfuerzo de reducción del déficit en los últimos cuatro años, lo que les ha permitido bajar su déficit público a casi la mitad, desde el 3,35% con que cerraron 2011.
Asimismo mostró el compromiso del Gobierno en seguir avanzando en la reducción del déficit a un ritmo compatible con mantener un crecimiento económico creador de empleo en un país cuyo principal problema y lacra social es el paro. En este sentido, recordó que la flexibilización en el ritmo de reducción del déficit deberá negociarse con la Comisión Europea.
Durante su intervención, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas adelantó que mañana viernes llevará al Consejo de Ministros una propuesta para impulsar la creación de un comité de expertos en financiación autonómica, con el concurso de todas las comunidades autónomas. Esta propuesta responde a las peticiones que ha recibido en este sentido de varios presidentes autonómicos y tiene como objetivo avanzar en criterios técnicos que sirvan de base a una próxima reforma del sistema de financiación.
Asimismo, abogó por que se reúna el Pacto de Toledo para analizar la situación y el futuro de la Seguridad Social.
El nuevo dato, que el ministro anunció en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, es consecuencia de una comunicación de la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, y afecta a todos los Estados miembros. Eurostat exige trasladar en el tiempo los ingresos obtenidos por la subasta de las bandas de frecuencia del espacio radioeléctrico, lo que supone un ajuste en el cálculo anterior de unos 1.600 millones de euros, que supondrán menor déficit en 2015.
Este ajuste afecta exclusivamente a la Administración central, de manera que su déficit de 2015 ya no es el 2,68% anunciado en marzo, sino el 2,53%, lo que supone una mejora de casi cuatro décimas sobre el objetivo del año, que estaba en el 2,9% del PIB.
El ministro también recordó que en el déficit público del 5% se incluyen gastos no recurrentes de algunas comunidades autónomas, principalmente Cataluña, mayor gasto en 2015 que no se repetirá en 2016. De esta manera, el déficit sin esos gastos se sitúa en el 4,8% del PIB. Esta cifra aún está seis décimas por encima del objetivo fijado por la Comisión Europea como consecuencia de la desviación experimentada por las Comunidades Autónomas y también, en menor medida, por la Seguridad Social.
Además, recordó que las Entidades Locales no sólo han cumplido con su objetivo de déficit, que estaba en el 0%, sino que han cerrado el ejercicio de 2015 con un superávit de 0,44 puntos, lo que supone una contribución muy positiva que hay que reconocer. Según señaló, el esfuerzo de las corporaciones locales ha permitido a éstas reducir su endeudamiento y, además, ha contribuido a compensar la desviación del conjunto de las Administraciones Públicas o de la Seguridad Social.
Cristóbal Montoro detalló en su comparecencia en el Congreso las medidas que ha adoptado el Gobierno, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para corregir la desviación en el déficit de las comunidades autónomas, y con fin de garantizar que en 2016 sí cumplen con el objetivo previsto.
El ministro informó de que ayer mismo envió una carta a las comunidades autónomas que han incumplido su objetivo para indicarles que en los próximos días deben aprobar un acuerdo de no disponibilidad de crédito y que deben elaborar un Plan Económico Financiero que garantice el cumplimiento del objetivo de déficit. Este Plan deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) para que lo valore.
Además, las Comunidades Autónomas deberán dedicar a corregir el déficit público el dinero adicional que van a recibir este año por el sistema de financiación, así como el ahorro de intereses que van a obtener como consecuencia de estar financiadas por los mecanismos de liquidez que ha puesto el Gobierno a su disposición.
Según indicó Cristóbal Montoro, no se está pidiendo a las Comunidades Autónomas una reducción del gasto en 2016, pero sí que no lo incrementen por encima de la regla de gasto en relación con 2015. Las comunidades autónomas van a recibir cerca de 7.500 millones de euros adicionales de ingresos que, unidos a los casi 3.000 millones de ahorros en intereses de deuda por la ayuda financiera que reciben del Estado, dan un margen de algo más de 10.000 millones de euros para poder corregir su déficit público en alrededor de un punto de PIB. Las CCAA cerraron 2015 con un déficit del 1,66% frente a un objetivo del 0,7%.
El ministro quiso dejar claro también ante la Comisión de Hacienda que, a pesar de esta desviación en 2015, las Comunidades Autónomas han hecho un gran esfuerzo de reducción del déficit en los últimos cuatro años, lo que les ha permitido bajar su déficit público a casi la mitad, desde el 3,35% con que cerraron 2011.
Asimismo mostró el compromiso del Gobierno en seguir avanzando en la reducción del déficit a un ritmo compatible con mantener un crecimiento económico creador de empleo en un país cuyo principal problema y lacra social es el paro. En este sentido, recordó que la flexibilización en el ritmo de reducción del déficit deberá negociarse con la Comisión Europea.
Durante su intervención, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas adelantó que mañana viernes llevará al Consejo de Ministros una propuesta para impulsar la creación de un comité de expertos en financiación autonómica, con el concurso de todas las comunidades autónomas. Esta propuesta responde a las peticiones que ha recibido en este sentido de varios presidentes autonómicos y tiene como objetivo avanzar en criterios técnicos que sirvan de base a una próxima reforma del sistema de financiación.
Asimismo, abogó por que se reúna el Pacto de Toledo para analizar la situación y el futuro de la Seguridad Social.
