Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo mantenido por PP y PSOE desde los años noventa en el Congreso, Linde señaló que el "retraso adicional de la edad de jubilación" estaría justificado "por el incremento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, las menores necesidades físicas requeridas por la mayoría de los trabajos y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas".
Pese a que las reformas del 2011 con Zapatero y del 2013 con Rajoy reducirán las expectativas de prestaciones de los pensionistas hasta un 33% hacia 2040 según estudios académicos, Linde recordó que el déficit de la Seguridad Social se debe a que los gastos han crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (0,9%). Abogó por buscar nuevas vías de financiación, pero rechazó la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que tendría sobre el mercado laboral. Alertó también de que "destopar" las cotizaciones generaría un "fuerte incremento de los costes laborales" y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.
El gobernador del Banco de España, entidad cuya operatividad ante la crisis que ha originado el problema ahora se discute, puso también encima de la mesa la posibilidad de destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones con los Presupuestos, lo que "exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general", algo que el gobernador desaconsejó, porque podría afectar a su vez al crecimiento.
Las estimaciones académicas sobre el impacto de las reformas de 2011 y 2013 que ahora se consideran insuficientes para afrontar el déficit del sistema, pese a cuya expectativa bajaron impuestos en etapas preelectorales por los gobiernos del PSOE y del PP que las impulsaron, están resumidas en estos documentos:
 Suma de recortes en gasto de pensiones aprobados en 2011 y 2013 (Tamaño: 261,7 kb.)
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Rebaja de pensiones aprobada en 2011 con gobierno Zapatero (Tamaño: 285,3 kb.)
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Rebaja de pensiones aprobada en 2013 con Gobierno Rajoy (Tamaño: 188,7 kb.)
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El sector financiero se apresta a aprovechar de nuevo la coyuntura. Según el gobernador del Banco de España, los planes complementarios privados o mixtos pueden ser "útiles" para combinarlos con el sistema público de pensiones, y señaló que en muchos países europeos funciona bastante bien. En cualquier caso, afirmó que el sistema público contributivo no se puede reemplazar, y además subrayó que debería revisarse "en serio" la gestión de los planes privados de ahorro porque son muy caros.
En la Comision parlamentaria donde Linde hizo esta exposición, Pablo Iglesias tuvo un enfrentamiento con la presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, después de que ésta advirtiera de que la aplicación del reglamento de la cámara no permite Preguntar al gobernador sobre temas que plateaba el líder de Podemos, como la crisis bancaria o las pensiones de los últimos gobernadores y directivos bancarios. Iglesias tambien mantuvo ayer otros enfrentamientos en el Congreso con los diputados del PP Ángel Luis González y Celia Villalobos, con quienes el rifirrafe empezó cuando el diputado de Podemos Antonio Gómez Reino preguntó al ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro, por el nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica, "un nuevo caso obsceno de puertas giratorias". "¿O sea que ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción?", contestó Montoro. Iglesias, con gestos, llamó caradura al ministro y desde los escaños del PP contestaron "caradura tú". A partir de entonces el tumulto creció, hasta el punto de que entre los rumores atribuían sugerencias de aamenazas de llegar a las manos. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, exigió "respeto" a los diputados.
Bajarán las bonificaciones al empleo para reducir el déficit
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló el día anterior que la mesa de diálogo del Pacto de Toledo revisará las bonificaciones a la contratación. Báñez explicó que esto "no significa que se vayan a eliminar", sino que con esta medida lo que se pretende es descargar el déficit del sistema, ingresando una cantidad cerca de 900 millones de euros más. Báñez explicó a los medios que se trata de "poner encima de la mesa todas las bonificaciones" y detectar cuáles surten mayor y menor efecto sobre el empleo, para valorar así su viabilidad.
La ministra confirmó la existencia de un consenso entre los agentes para que las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social -con cargo a los Presupuestos del Estado- computen como bonificaciones -soportadas por el Sistema de Seguridad Social-. Durante la jornada El sistema público de pensiones, aportaciones a un debate de CINCO DÍAS, que contó con el expresidente socialista Felipe González, la ministra de Empleo puso en valor el sistema de reparto que "es capaz de atender 40 tipos de pensiones diferentes" y que es de los pocos de la UE que cuenta con una pensión mínima. "Es un sistema generoso del que hay que sentirse orgullosos", dijo, tras lo que apuntó que "la mejor forma de garantizar el sistema es con empleo y mayor productividad".
En otro momento, Fátima Báez incidió en que en la Comisión del Pacto de Toledo "se están debatiendo reformas paramétricas, no sistémicas" y ensalzar la última medida de "envejecimiento activo", que permite a los mayores continuar desempeñando un trabajo y a la vez cobrar el 100% de la pensión. La ministra de Empleo insistió en que no se va a cambiar la naturaleza de ninguna prestación y recordó que el 40% de las pensiones de viudedad ya se pagan con las cuentas públicas. En portada, CINCO DÍAS publica de forma destacada: "Empleo prepara subidas de bases y pensiones mínimas".
El déficit, además de la Seguridad Social, es autonómico
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), existente desde que Bruselas vigila a España por el rescate bancario del 2012 precipitado por la crisis de Bankia, tras pintar la semana pasada un panorama de reducciones del poder adquisitivo similar al de los citados estudios académicos (ver en el gráfico que sigue sus pronósticos de reducción del poder adquisitivo de las pensiones hasta el 2022), considera que el déficit público no vienes solo de la Seguridad Social y el Estado: ocho comunidades están en riesgo de incumplir el objetivo de déficit fijado para este año en el 0,6% del PIB.
Según su valoración de los proyectos presupuestarios de 2017, es muy improbable que cumplan con los objetivos Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia. Y es imposible el cumplimiento de Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad Valenciana.En el lado opuesto, Canarias se perfila como la única que parece muy probable que cumpla. Es posible que se consiga en Andalucía, Baleares y Galicia. Y resulta factible que se alcance en Asturias, Madrid y La Rioja. País Vasco y Castilla y León no han sido evaluados por no haber remitido información. Aun así, la institución ve factible que el conjunto de las CCAA logre en 2017 el objetivo del 0,6%. Sin embargo con una salvedad: todas excepto Canarias y Baleares han calculado sus presupuestos como si su financiación se revisase al alza conforme a las previsiones de recaudación de este año.
El escenario central del organismo consiste en que la media cierre el año una décima por encima de la meta, esto es, el 0,7% del PIB. Si la actualización de los ingresos no se efectuase, el déficit se dispararía al entorno del 0,9%. De ahí que exija a Hacienda que aplique con rigor la Ley de Estabilidad. "La Airef sigue llamando la atención respecto a la no utilización de las palancas con las que cuenta Hacienda en el marco de la disciplina fiscal", subraya el informe.
