El valor económico total de las 49 obras para las que se solicita la garantía del Estado asciende a un total de 683 millones de euros. El otorgamiento de esta garantía del Estado no supone un coste inmediato para la Administración. Se traduce únicamente en el compromiso del Estado a hacer frente a un pago en caso de que uno de los bienes culturales resulte dañado.
Desde la implantación de la Garantía del Estado en España en 1988, nunca ha habido un incidente que haya obligado a conceder la indemnización correspondiente.
La garantía pública estatal es un sistema establecido en España y otros países a través del cual el Estado asume el compromiso de garantizar los daños producidos a las obras de relevante interés cultural que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que aquellas puedan sufrir en el período comprendido entre el acuerdo de préstamo y el momento de devolución de la obra al prestamista-titular de la misma. Se trata, pues, de un sistema de aseguramiento público que opera como alternativa al tradicional seguro privado.
