La inmensa mayoría de los que en España toman decisiones para luchar contra la crisis económica, en poco o en nada se ven afectados por sus medidas; ni tampoco están sometidos a convenios colectivos o a las duras condiciones contractuales que afectan a la mayoría de los trabajadores. A esta categoría pertenece la elite política y económica[1].
El grueso de las políticas anticrisis gira sobre tres vertientes: estabilidad financiera, liberalización y precarización del mercado de trabajo y reforma del sistema financiero. Hasta el momento no existe ni una sola política para la reactivación económica.
Por razones de espacio me centraré en la estabilidad financiera (tomando como referencia 2010, el último ejercicio cerrado), sin olvidar que ésta conjuntamente con las dos antes citadas, están contribuyendo a erosionar profundamente el todavía insuficiente estado de bienestar del que ha gozado la sociedad española hasta años recientes. Como hipótesis de partida mantengo que es posible conseguir la estabilidad financiera –que es exigible por la UE y que personalmente considero necesaria- sin poner en riesgo el estado de bienestar. Por supuesto que no ignoro, aunque expresamente aquí no se contemple, el componente externo de la crisis, en particular el procedente de la Unión Europea, que no ayuda a clarificar el panorama.
Al tratar sobre estabilidad financiera de las administraciones públicas (AA.PP), hay que diferenciar entre dos conceptos íntimamente relacionados: déficit y endeudamiento. Según el Banco de España (véase Tabla adjunta), el déficit del conjunto de la administración pública española (central, autonómica y local) se situó, en 2010, en 98.227 millones de euros (9,3% del PIB) y el de 2011 se cerrará con un déficit del 8,5% del PIB, lo que equivaldrá a 91.344 millones de euros.
En cuanto al endeudamiento, el total de la economía española (público y privado), alcanzó en dicho año los 3.086.344 millones de euros, casi el triple del PIB[2] que, traducido en términos percápita, suponía que cada español debía en esa fecha, 65.667 euros. De ese endeudamiento total, 2.376.804 millones de euros correspondían a la deuda privada y 709.539 millones a la pública. Así pues, el problema real del endeudamiento español no está –hasta el momento- en las administraciones públicas, sino en el sector privado (empresas y familias). El endeudamiento público español era muy abultado, si bien 19 puntos menor que el de la media de la UE y a mayor distancia aún del de Alemania, Francia e Italia. España es todavía uno de los Estados con menos endeudamiento público entre los países desarrollados del mundo.
Centrando la atención en las AA.PP, es obvio que para reducir el endeudamiento público no hay otra fórmula que disminuir el déficit que lo genera. Para ello sería necesario llevar a cabo una serie de reformas que solo afectarían a un colectivo muy reducido de españoles y desde luego, en modo alguno, al estado de bienestar –en particular a la sanidad, la educación y otras políticas sociales importantes- ni al poder adquisitivo de los salarios.
Endeudamiento bruto de los sectores no financieros de la economía española en 2010
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Concepto
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Millones de euros
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% sobre el PIB
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Endeudamiento de las Administraciones públicas (AA.PP)
– Administración Central
– Comunidades Autónomas
– Corporaciones Locales
– Seguridad social
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709.539
539.952
117.048
35.371
17.169
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67,5
51,4
11,1
3,4
1,6
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Endeudamiento privado
Empresas no financieras
Hogares e Instituciones sin fines de lucro
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2.376.804
1.475.224
901.580
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226,1
140,3
85,8
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Endeudamiento total
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3.086.344
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293,6
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Déficit de las Administraciones Públicas
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98.227
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9,3
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Fuente: Cuentas Financieras del Banco de España |
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[1]. Esta elite la compone una minoría selecta de políticos y cargos ejecutivos de las grandes empresas que son los que toman las grandes decisiones de la economía española. Entre la clase política están los miembros del Parlamento, y altos cargos del Ejecutivos (Estado, Comunidades Autónomas, y de los grandes ayuntamientos), que en total ascienden a unos 1.500; y entre los segundos, los altos ejecutivos y consejeros de las empresas que cotizan en bolsa -destacadamente las que componen el IBEX-35- cuyo total está alrededor también de otros 1.500. Así pues la elite política y económica española la componen aproximadamente unas 3.000 personas.
[2]. El endeudamiento total a septiembre de 2011, se situaba en 3.109.146 millones de euros, correspondiendo 2.444.647 millones a la deuda privada y 784.000 millones a la pública.
