También ha solicitado penas de prisión por el mismo delito para José Luis Olivas, exvicepresidente (cuatro años), José Manuel Fernández Norniella, exconsejero ejecutivo (tres años), y Francisco Verdú, exconsejero delegado (dos años y siete meses), así como la misma sanción económica. Rato tiene pendientes otros casos con riesgo de carcel, entre ellos el de las tarjetas, aunque recientemente un juez le anuló el mayor escándalo: empresas de Rato cobraron en 15 años 82 millones a 9 sociedades privatizadas cyando era vicepresidente.
Luzón, sin embargo, ha rebajado notablemente la propuesta del instructor. Así, ha decidido no acusar a los imputados del delito de falsedad contable que les atribuye el magistrado por manipular las cuentas del banco. Además, tampoco ve delito en la actuación de 28 consejeros de Bankia y su matriz BFA entre el 2010 y el 2011, en la de Francisco Celma, socio de Deloitte que validó las cuentas de la entidad, ni en la de las propias Bankia y BFA como personas jurídicas.
En su escrito de acusación, argumenta que los cuatro acusados ocultaron de forma "consciente" a los potenciales inversores que "el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir nuevas ayudas" con el objetivo de "conservar sus puestos" en el consejo. "Fue así que se consiguió sacar adelante una operación en la que los inversores minoristas asumieron un riesgo extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil, merced a una información que no les advertía de los riesgos ciertos de su inversión al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia", acusa. A Rato, en particular, le afea aprovecharse de que "a ojos de buena parte de los inversores minoristas, aportaba el prestigio que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional".
Luzón admite que el folleto de la salida a bolsa advertía "de manera exhaustiva de los factores de riesgo". Pero precisa que el alto número de advertencias (36) estaba más pensado para proteger al banco que a los inversores: "El cúmulo de contingencias descrito, precisamente por su extraordinaria amplitud, acabó dibujando un riesgo remoto y ocultando por el contrario el riesgo cierto y real: el de un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas". El documento, añade, no advertía de que la incapacidad del banco para dar beneficios y el fuerte descuento con que se colocaron las acciones (74%) le hacían inviable.
Pese a todo ello, argumenta que las cuentas del grupo "no pueden calificarse materialmente de falsa en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables pero que no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente". Avala, así, al Banco de España frente a sus inspectores y peritos de la causa que calificaron las cuentas de falsas.
El fiscal no ha acusado al grupo BFA/Bankia porque, tras la sustitución de Rodrigo Rato por José Ignacio Goirigolzarri, su actuación “acredita el compromiso de sus dirigentes con una cultura ética empresarial”. Destaca, así, que cambió a todo su consejo, ha colaborado con la justicia, destapó el escándalo de las tarjetas ‘black’, y ha devuelto el dinero a los inversores minoristas de la salida a bolsa.
