Ahora es previsible que PP y PSOE esperen a despejar sus ecuaciones para atenuar lo más probable: que al menos en eso, aunque solo en ello, las elecciones catalanas del 27-S las ganen los soberanistas del “España nos roba”.
El juego de PP y PSOE parece pasar por el socorrido recurso a tirar la piedra y esconder la mano. Tras negarse durante años a esa reforma, la novedad es que Rajoy ha autorizado a los suyos a admitirla, aunque sin decir en qué consistiría y fijando su negociación para después de las elecciones generales. Desde el PP se indica que es en el dictamen realizado el año 2006 por el Consejo de Estado, con el voto en contra de Aznar, donde Rajoy ve "las claves" de la revisión de la Carta Magna, al proponer un límite a la descentralización que evite "tensiones perjudiciales para el Estado".
Tampoco el PSOE quiere anticipar su fórmula, para la que Greenpeace, Amnistía Internacional e Intermon Oxfam pidieron a principios de julio reformar la Constitución mejorar garantías, libertades y derechos fundamentales, mientras lanzan plataformas digitales para verificar si se cumplen discursos y se controla la creciente desigualdad. En la misma fecha el PSOE anunciaba una comisión de sabios y que la reforma se dividirá en cuatro grandes apartados genéricos: nuevos derechos y libertades; calidad democrática; blindaje del Estado de bienestar y reforma federal. Ese grupo de juristas ha revitalizado con similares planteamientos la Declaración de Granada, aprobada por unanimidad en el Consejo Federal del PSOE el 6 de julio de 2013.
Aquella Declaración apelaba a “restablecer un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, con dos objetivos principales: 1) “nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo” que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos, hoy permanente cuestionado y sometido a continuas revisiones, y 2) “Incorporar como derechos fundamentales la protección social y la sanidad, y para asegurar la garantía de los servicios sociales básicos, de la educación, la sanidad y las pensiones, para todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o su lugar de residencia”.
Sin embargo, tras el rifirrafe de esta semana queda claro que tampoco habrá una fórmula concreta en el programa del PSOE para las elecciones de finales de año. También que PP y PSOE descartan asimetrías en la reforma de la Constitución". Se confirma así lo que decían este martes LA VANGUARDIA ("el PP limita la reforma constitucional a la igualdad y el consenso"), y EL PERIÓDICO ("el PSOE enfría la propuesta de un pacto fiscal solo para Cataluña", justo en la misma fecha que Àngel Ros, presidente del PSC y alcalde de Lleida, habló de un “pacto fiscal propio, que recoja el concepto de ordinalidad o el blindaje de competencias de Cataluña”. En una entrevista con EL PAÍS, Ros llamó a reconocer Cataluña como “nación”, con “un modelo fiscal equitativo y respeto a la lengua, a la cultura y a las instituciones”. Añadía que “la reforma tiene que superar el modelo del café para todos y llevarnos a uno asimétrico; si no, no servirá para lo que se ha pensado: garantizar la convivencia de diferentes identidades dentro de un Estado”. Pero este jueves la dirección del PSOE rechazó un pacto fiscal con Cataluña.
Entre tanto, el El PP cree haber encontrado en Cataluña el flanco débil del PSOE. Su vicesecretario de Política Territorial del PP, Javier Arenas, acusó como si nada a Pedro Sánchez de “defender un día exactamente lo contrario de lo que defiende al siguiente". Su vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, reafirmó que "el postureo del PSOE con el federalismo esconde su indefinición en Cataluña". Y su candidato García Albiol, aunque luego haya pedido mayor financiación, se distanció de la posición impulsada por su antecesora, Alicia Sánchez- Camacho, que reclamaba una mejor financiación para Cataluña basándose en los rasgos diferenciales del territorio. "
También se han pronunciado en este debate Podemos y Ciudadanos. Por este, su líder Albert Rivera ya había dejado que no le gusta ni el“confederalismo ni el federalismo asimétrico”, pues “los derechos los tienen los ciudadanos, no los territorios”, si bien anticipó su apoyo al dictamen del Consejo de Estado ante la reforma de la Constitucion que propuso Zapatero y rechazó Aznar, cuya posición toma ahora como referencia Rajoy.
Por Podemos, Carlos Jiménez Villarejo y Francesc Trillas, miembros de la Junta de Federalistes d’Esquerres, han dicho que “los principios del federalismo moderno implican la soberanía compartida, donde cada nivel de gobierno rinde cuentas directamente ante la ciudadanía, lo que es una de las principales reivindicaciones de Podemos”, para luego recordar que el economista francés Thomas Piketty plantea en su libro sobre las crecientes desigualdades y el fraude fiscal a nivel internacional que “éstas se combaten con el federalismo democrático, con políticas e instituciones que superen el Estado-nación” y que “los principales dirigentes de Podemos comparten estos valores y ahora deben avanzar en la concreción de su proyecto en la cuestión federal”.
Editoriales de la prensa
La prensa ha aportado alguna luz al debate. Una reforma constitucional permitiría abordar mejor la cuestión catalana, según EL PAÍS: “Una vez abierta por Rajoy una grieta hacia la reforma constitucional, será difícil cerrarla. Y como era de esperar, la reforma se relaciona prioritariamente con la cuestión territorial y la búsqueda de una salida al problema catalán". "Sería necesario dar con un planteamiento que resultase a la vez suficiente para Cataluña y aceptable para el resto". La "singularidad", apuntada por la comisión de sabios creada por el PSOE, "podría derivarse de la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones, siempre que de ella no se intentaran derivar derechos exclusivos más allá de los relacionados con las singularidades históricas, lingüísticas, de derecho civil, etcétera, de las nacionalidades. "En el caso de Cataluña, el reconocimiento de su singularidad nacional se relaciona preferentemente con la demanda de una financiación especial, lo que agrava la desconfianza que suscita en el resto. Sin embargo, ya ocurre que dos comunidades, País Vasco y Navarra, tienen un sistema propio de financiación. Es cierto que también pudieron tenerla los catalanes y que sus dirigentes nacionalistas lo rechazaron". "Pero si se les ofreció en 1979 (…), es que se consideraba posible alguna fórmula de plasmar la autonomía fiscal catalana, aunque no fuera territorio foral". Aunque ello no signifique que sea posible volver sin más 37 años atrás, "si se empieza por una reforma razonable del texto constitucional y, no, como se intentó, con una ultra radical del Estatut, aún sería posible encontrar un terreno compartido suficiente y aceptable".
Por su parte, ABC propugna “una reforma que convenga a España”, aunque diciendo que “el debate actual sobre la revisión de la Constitución tiene dos prejuicios inaceptables: está impulsado por el desafío separatista en Cataluña y se da por hecho que debe satisfacer las pretensiones nacionalistas. Con estas premisas, la reforma constitucional sería un error histórico". "Incluso los propios nacionalistas han privado anticipadamente a la reforma constitucional de cualquier sentido transaccional, porque en ningún caso decaería su objetivo separatista. Es decir, los nacionalistas no darían nada a cambio".
Sin embargo el exdirector de ABC y fundador de LA RAZON Luis María Anson, ahora desde EL MUNDO, ha sido crítico con Rajoy, al afirmar que "ha desperdiciado una ocasión única para reformar, primero, la ley electoral y, después, la Constitución, prolongando treinta años más la vida del sistema conforme a las exigencias de las nuevas generaciones". Bajo ell título de “Demasido tarde”, Ansón dice que “el problema es que tiene ya más riesgos no hacer esa reforma que hacerla, pues las elecciones del 20-N de 2011 ni las perdió Rubalcaba ni las ganó Rajoy, sino que las perdió Zapatero. “Deslumbrado el presidente por la mayoría absoluta, no advirtió lo que algunos, encabezados por Gregorio Marañón, le expusimos: que era necesario, en todo caso, alcanzar un nuevo pacto de Estado para enfrentarse con la situación de profunda incertidumbre y generalizada inquietud. "No parece que tras las elecciones generales se produzca una situación política favorable para abordar con sosiego la reforma constitucional"Si dos años atrás se hubiera hecho la reforma de la ley electoral sobre el principio lógico de la doble vuelta y no sobre el "que gobierne el que gane", hoy los dos grandes partidos no estarían sometidos al chantaje atroz de Podemos y Ciudadanos.
