EL MUNDO, que titula "los cursos de formación se abren a la libre competencia", asegura que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pretende acelerar las conversaciones al constatar la buena disposición mostrada por sindicatos y patronal en las primeras tomas de contacto. CEOE, UGT y CCOO han aceptado que el sistema debe cambiar radicalmente y apoyan la libre competencia y transparencia en la gestión de los fondos destinados a los cursos de formación, subraya el periódico refiriéndose a fuentes autorizadas de Empleo.
Una de las dificultades de la negociación es la petición de los sindicatos de ayuda financiera que les permita desmontar las estructuras que tienen creadas para impartir los cursos. La patronal no considera viable esta petición pero no descarta que exista un margen dentro de la negociación colectiva para que los sindicatos puedan seguir utilizando su estructura.
El objetivo del Gobierno es que los cursos sean impartidos por centros homologados en un proceso competitivo generalizado y acabar con la opacidad que existe en la formación. SegúnEL MUNDO, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, defiende una liberalización del sistema de manera que no sea ni la Administración ni una fundación tripartita quienes planifiquen los fondos sino las propias empresas quienes dediquen los fondos a la formación de sus trabajadores en base a las necesidades de su actividad. Desde UGT rechazan que los sindicatos queden excluidos del diseño, planificación y gestión del modelo.
Según ABC, el Gobierno quiere dar entrada a centros de formación públicos y privados y a más agentes sociales. Con la reforma, el sistema se someterá a una vigilancia y evolución permanente. El Ejecutivo pretende implantar procedimientos modernos, eficientes y eficaces y conseguir que los fondos se gestionen con transparencia, concurrencia y criterios de evaluación.
En un editorial titulado "Necesario fin al oligopolio de los cursos de formación", EL MUNDO dice: El Gobierno ha decidido por fin dar un vuelco a la gestión de los fondos de formación y está pactando con sindicatos y patronales que los cursos sean de libre concurrencia, lo que en la práctica supone acabar con un oligopolio del que se han beneficiado los agentes sociales durante 20 años.
Patronal y sindicatos se han apropiado del singular concepto de "gastos asociados", lo que les permitía quedarse con hasta el 20% de la subvención. Más cuando la sombra de la corrupción se cierne en muchos casos sobre el uso de estas subvenciones, que ha hecho, incluso, que Bruselas paralizara las ayudas a UGT-Andalucía. La transparencia, la competencia y la eficacia deben regir el sentido si no mantiene o crea empleo.
No deja de ser sintomático que los sindicatos pidan en la negociación que el Estado les dé "ayuda financiera" para desmontar su entramado de centros de formación, pues equivale a asumir su temor a competir con otros actores en igualdad de condiciones en la captación y gestión de unos fondos que deberían darse con criterios profesionales.
