Lo que han argumentado las dos comunidades es que no disponen del tiempo suficiente para poder aprobar los cambios que requiere la Ley Wert. Desde qué se aprobó la ley y el inicio del curso tan sólo hay nueve meses para la adaptación. No obstante cuando la última ley educativa se puso en marcha, en 2006, las regiones dispusieron de 16 meses para realizar todos los cambios.
La polémica del tiempo ya hizo que el Gobierno modificase el calendario de implantación. Ahora dispone que la Lonce se introduzca en los centros de forma escalonada. Así, dentro de tres semanas, que es cuando darán comienzo las clases, los cursos de primer, tercero y quinto de primaria deberán estar inmersas en la nueva norma. Además, también se debe empezar a ofertar la nueva Formación Profesional Básica, que sustituye a los programas de cualificación que se daban en los institutos.
Para que la Lomce se puedo ese implantar, primero se debían aprobar los decretos ley en los que se identificaban los currículums. Esto no llegó hasta que febrero, cuando ambas comunidades pidieron retrasar al implantación para el cursos que viene. El Supremo rechaza las pretensiones de estas dos comunidades al argumentar que esas disposiciones son una transcripción “literalmente idéntica” a lo que está fijado en la LOMCE. “Lo que resultaría si se accediese a su petición es la inaplicación en vía cautelar de una norma con rango de ley. Y esto, como es perfectamente sabido, queda fuera de la potestad de esta sala”, apunta el Supremo en uno de los autos sobre su falta de competencia.
