García-Margallo , se ha pronunciado desde Bruselas sobre la propuesta presentada la semana pasada por la Comisión Europea para el reasentamiento obligatorio temporal de refugiados políticos. Pidió que se elabore un plan más "justo, proporcionado y realista", y "dar otra vuelta" a la propuesta para que tenga en cuenta dos factores que, a juicio del Ejecutivo español, según explicó, están infravalorados a la hora de fijar el número de personas a las que debería acoger cada país: el nivel de desempleo y el esfuerzo ya realizado en la acogida de emigrantes y refugiados políticos. "Comprometerse a integrar inmigrantes a los que no puedes dar trabajo es un mal servicio" señaló.
Misión naval contra mafias
Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) autorizaron ayer la planificación de una misión naval en aguas del Mediterráneo para luchar contra las redes que trafican con inmigrantes. Los ministros acordaron dar luz verde a esta misión siempre que cuente con el marco legal necesario, aún por concretar, que debe llegar a través de una resolución del Consejo de Naciones Unidas, de forma que, su aprobación final, se prevé para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Junio en Bruselas.
La operación militar, denominada EUNavforMed, tiene como objetivo inutilizar los barcos de las mafias para afrontar el tráfico de personas. Su planteamiento está dividido en tres fases, y hasta contar con el visto bueno de Naciones Unidas, tan sólo se podrían implementar las dos primeras. En una primera fase, la misión prevé intercambiar información y patrulla en alta mar para detectar redes ilegales de inmigración.
A continuación, se contempla abordar, capturar o desviar a los barcos sospechosos que se aproximen a Europa en el caso de que no tengan pabellón, o si se cuenta con el permiso del Estado representado en su bandera en aguas internacionales. O en las territoriales del país concernido en tanto se cuente con su permiso o con una resolución del Consejo de Seguridad.
La última fase implica tomar "todas las medidas necesarias" contra las embarcaciones y los activos, con el objeto de "desecharlas" o hacerlas "inoperables" en el territorio del Estado costero concernido, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad o el consentimiento de dicho país.
Los ministros también acordaron establecer el cuartel general de la nueva operación en Roma. Los gastos de la misión se han cifrado en 11,82 millones de euros para una fase de puesta en marcha de dos meses, más un mandato de doce meses.
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, dijo que "el punto fundamental no es tanto la destrucción del barco, sino del modelo de negocio".
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo que España está "trabajando muy activamente" para que la resolución salga adelante, en tanto, según señaló, en el supuesto de que no se consiga "bastaría para cumplir los requisitos de legalidad internacional", una "solicitud expresa de intervención de las autoridades libias legítimas". Margallo precisó que las "operaciones en tierra" de la misión serían "la destrucción en tierra desde el aire o desde el mar de aquellas instalaciones de las que zarpan barcos".
Por su parte, el ministro luxemburgués de Exteriores, Jean Asselborn, dijo que se trata de "parar el modelo de negocio" de los traficantes. El titular de Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, dijo que la UE "ha reaccionado bien a los naufragios desde el inicio".
Editoriales en diarios españoles
Una prueba para la UE (EL PAÍS): "La política sobre inmigración se está convirtiendo en piedra de toque de la voluntad de cooperación de los socios de la UE". "En lo obvio, como no podría ser de otra forma, todos están de acuerdo: hay que poner los medios para evitar que decenas de miles de personas arriesguen sus vidas alzándose al mar mientras se lucran con ello las mafias de traficantes de personas. Los países más afectados de la UE -los de la ribera mediterránea- no pueden asumir solos esta responsabilidad, y las medidas que se adopten deben situarse en el marco de la legalidad internacional. Pero a la hora de concretar estas afirmaciones es cuando la UE muestra sus debilidades". "El proyecto europeo va mucho más allá de declaraciones y discursos. La inmigración es una cuestión fundamental y la UE no está todavía a la altura del reto".
Hechos contra el tráfico de personas (ABC): "La política de inmigración es uno de los campos en los que es absolutamente necesario un enfoque europeo: no se pueden mantener abiertas las fronteras interiores -uno de los mayores logros de la construcción continental- sin un control conjunto de las exteriores. Es de celebrar, por tanto, que la UE haya alumbrado finalmente un plan para frenar la acción de las mafias en el tráfico de personas". La operación militar en las aguas cercanas a Libia "está totalmente justificada, y dotarla de los medios coercitivos necesarios es una prioridad". "Algo más cuestionable es la gestión conjunta de los refugiados. La propuesta de la Comisión para atribuir cuotas obligatorias por países es una iniciativa políticamente arriesgada". "Desde luego, la idea de que el índice de desempleo sólo pese un 10 por ciento a la hora de establecer las cuotas de reparto de refugiados parece inadecuada". "Si España debe aceptar obligatoriamente un cupo de refugiados sería más razonable utilizar este contingente para aliviar la presión que ya sufre en sus fronteras que para asumir las consecuencias de la política italiana".
Guerra al tráfico de inmigrantes (LA VANGUARDIA):La decisión de la UE de crear una misión naval conjunta para combatir las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo "es una medida desesperada para evitar nuevas catástrofes marítimas después de los dramáticos naufragios de los últimos meses, que han causado millares de muertos, y para frenar la creciente entrada de inmigrantes por las costas de la frontera sur de Europa, principalmente Italia y España". Los Veintiocho, en cambio, no han logrado ponerse de acuerdo sobre el sistema de cuotas que propuso la Comisión Europea para distribuir entre los estados miembros a los demandantes de asilo. España considera excesivo su porcentaje porque en los criterios de reparto apenas se ha tenido en cuenta los niveles de paro".
La deuda de la UE con España en inmigración (LA RAZÓN): "La Estrategia de Inmigración 2015 que ha pergeñado la UE hace agua antes de empezar".
