Uno de los nueve objetivos cuantitativos propuestos para dialogar sobre una Estrategia Nacional para la educación durante toda la vida se centra en más que duplicar hasta 2030 las politicas activas de empleo, para aproximarlas a la inversión del 0,27% ya realizada por los 8 países más avanzados de la UE,y luego casi volverlas a duplicar en los 20 años siguientes hasta 2050, según el cuadro superior. Otro: elevar del 95% al 100% las empresas con más de 250 empleados que realizan formación, y de 51% al 75% en las empresas pequeñas (de 10 a 49 trabajadores)
De aquí a 2050, España deberá aumentar considerablemente las competencias de su población activa si quiere reducir su desempleo estructural, desarrollar un patrón de crecimiento económico competitivo y sostenible, y converger con los países más avanzados de la UE. Hacerlo implicará, por un lado, mejorar los niveles de cobertura y aprendizaje en los ciclos formativos de FP y universidad; y, por otro, implementar un sistema integrado de recualificación que permita mantener a la población adulta formada y actualizada a lo largo de toda su vida profesional.
Es difícil alcanzar aquello que no puede medirse. Por eso es fundamental que, en los próximos años, nuestro país consensue, mediante el diálogo social, un cuadro de indicadores cuantificables y una lista de objetivos concretos que nos permitan monitorear los avances realizados y orientar la ambición de las reformas. Aquí sugerimos algunos, siguiendo los principios recogidos en la Introducción de esta Estrategia:
Estos son los 7 entre los 9 primeros objetivos cuantificados que propone la Estrategia España 2050 para una educación durante toda la vida:
Objetivo 9. Lograr que el 93% de la población entre 25 y 34 años tenga una educación superior a la ESO antes de 2050.
Objetivo 13. Incrementar progresivamente el gasto público en educación hasta cotas del 5,5% del PIB a mediados de siglo, garantizando una mejora similar en el gasto por estudiante. Este incremento de la financiación debe venir acompañado de mejoras significativas en la eficiencia y en la composición del gasto.
De los 9 objetivos educativos de España 2050, el principal de todos ellos, porque cuantifica la financiación pública, lleva el número 13 de mal agüero para supersticiosos: elevar la inversión desde el actual 4,3% del PIB hasta el 5,1% en 2030 y 5,5% en 2050, cuando los 8 países europeos más avanzados ya dedican nada menos que el 6,5% que a ese paso España tendría dificultad de lograr en todo el siuglo. Para ello el Gobierno no cita una sola vez en 678 páginas los recortes educativos de la útima década, ni el 5%durante esta legislatura que promete el programa del Gobierno de coaliación PSOE-Unidas Podemos
Objetivo 14. Acabar con las brechas de género que se detectan en los ciclos formativos de FP y grados universitarios, particularmente en aquellos del ámbito STEM
Objetivo 15. Lograr que toda la población adulta tenga al menos habilidades digitales básicas.
Objetivo 16. Lograr que el 75% de la población adulta hable al menos una lengua extranjera.
Objetivo 17. Conseguir que la sociedad entienda la educación como un proceso constante que debe producirse a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez, de modo que, en 2050, el 90% de la población adulta participe en algún programa o actividad de recualificación al año. Deberá hacerse un esfuerzo especialmente intenso en aquellos colectivos hoy en día infrarrepresentados en este ámbito.
Objetivo 18. Aumentar progresivamente la tasa de participación en programas de recualificación entre las personas desempleadas hasta alcanzar, al menos, el 70% en 2050.
Objetivo 19. Aumentar la financiación de las políticas activas de empleo dedicadas a la formación hasta alcanzar el 0,25% del PIB en 2030 y el 0,4% en 2050.
Objetivo 20. Incrementar sustancialmente el porcentaje de empresas (pequeñas, medianas y grandes) que realizan formación para sus trabajadores.
Nota de la Redacción: En las 658 páginas del documento prospectivo España 2050, planteado por el Gobierno como una oferta de Estado al diálogo con el resto de los partidos y sociedad en general, no aparece ni una sola mención a los recortes educativos ni sanitarios acometidos ante la crisis financiera a partir de 2019 por el segundo Gobierno del PSOE de Zapatero, y más aún desde finales de 2011 por los dos ejecutivos del PP de Mariano Rajoy. La única vez que se emplea el término recorte (al margen de otras 4 no aplicados a aquellos) es ya en notas a pie de página, exactamente la número 118, según la cual la literatura no es concluyente acerca de si la inversión en capital humano y la recualificación es contra-cíclica, pro-cíclica o incluso a-cíclica. En buena lógica, cabría esperar que, durante un periodo de dificultad económica como el que se dará en nuestro país durante los próximos años, las tasas de participación en programas de recualificación aumenten. Al fin y al cabo, para los trabajadores que pierdan su empleo, la adquisición de nuevos conocimientos y competencias puede ser una vía fundamental para la reinserción laboral. No fue esto lo que pasó durante la Gran Recesión de 2008. En aquel periodo, la participación de personas ocupadas en programas de recualificación apenas aumentó, y la de las personas desocupadas incluso descendió, a pesar del incremento del desempleo y el desplome de sectores tradicionales como la construcción. Esta tendencia fue resultado de varios factores: los recortes sustanciales que se hicieron a la financiación para la formación in-company y la formación ofertada por el Estado; la precariedad en la que se vieron muchas de las personas que quedaron desempleadas durante la recesión, la cual hacía difícil dedicar recursos a todo aquello que no fuese la supervivencia básica; el perfil mismo de estas personas, menos propensas a participar en programas de recualificación; o la baja adecuación de buena parte de la oferta formativa disponible. Sobre este asunto véase, por ejemplo: Calero, Jorge. “El acceso a la formación permanente: efectos de la crisis económica.” Revista de Ciencias y Humanidades de la Fundación Ramón Areces 7, 2012; y Felgueroso, Florentino. “Claves para mejorar la educación y formación de adultos en España en la post-crisis.” FEDEA, Reflexiones sobre el sistema educativo español, 2015.
Para alcanzar esos 9 de los 50 objetivos cuatificados que propone la Estrategia España 2050, nuestro país tendrá que acometer reformas profundas y poner en marcha iniciativas ambiciosas en varios frentes. Aquí sugerimos algunas::
1er frente: Mejorar los resultados en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria
Buena parte de las carencias de nuestra fuerza laboral provienen de las flaquezas de nuestro sistema educativo en los niveles previos a la secundaria postobligatoria. Hasta que estas no se corrijan, nuestro capital humano no podrá equipararse al de la UE-8. Por eso es fundamental reducir las tasas de abandono y repetición escolar, aumentar la proporción de personas que continúan estudiando más allá de la ESO, y mejorar los niveles de aprendizaje tanto en términos de equidad como de excelencia, siguiendo las recomendaciones recogidas en el capítulo 2 de esta Estrategia.
En esta misma línea, también habrá que aumentar el volumen de participación de población adulta en estudios de nivel inicial y nivel medio, y desarrollar un plan nacional orientado a proveer a la población adulta que abandonó prematuramente la escolarización de un mecanismo para adquirir competencias educativas básicas que no implique necesariamente la vuelta a la escuela, como existe en la mayoría de los países europeos.151
2º frente: Avanzar hacia la creación de un sistema integrado de educación a lo largo de la vida
España necesita coordinar mejor las distintas partes que, a día de hoy, constituyen su sistema de formación y recualificación, a fin de superar la compartimentación actual y aprovechar todo su potencial, y conseguir que la noción de la “formación a lo largo de toda la vida” sea el principio vertebrador de todo el sistema. Para lograrlo, tendrá que:
– Mejorar la comunicación y colaboración entre las distintas instituciones (públicas y privadas) responsables del diseño, ejecución y evaluación de la formación y recualificación en España, incluyendo Administraciones estatales, autonómicas y municipales, empresas, centros de FP, universidades, escuelas de postgrado, academias, y un largo etcétera.
– Reformar los sistemas de acceso y coordinación para permitir una mayor combinación de los mecanismos formativos. Hay que conseguir que las fronteras que hoy separan la FP, la universidad y la formación in-company sean más porosas, de modo que las personas puedan desarrollar itinerarios trenzados en los que se combine la realización de cursos de unos y otros ciclos formativos (ej. que un trabajador pueda cursar asignaturas de titulaciones de FP superior y grados universitarios a su elección, a fin de actualizar o ampliar sus conocimientos en un determinado campo de su interés). Con esto se podrá aumentar y diversificar la oferta educativa, dotándola de mayor versatilidad, y aumentar el grado de personalización disponible.
– Crear un sistema de base tecnológica que permita conocer las necesidades presentes y anticipar las necesidades futuras del tejido productivo. Para lograrlo, habrá que combinar las fortalezas de los mecanismos ya existentes152 con el desarrollo de un nuevo sistema de información basado en big data e Inteligencia Artificial, que sea capaz de procesar gran cantidad de datos en tiempo real y de comunicar, de una forma sencilla y transparente, 1) toda la información disponible sobre las competencias demandadas por las empresas en el corto, medio y largo plazo; 2) el catálogo vigente de FP para adquirir estas competencias, 3) y una evaluación de impacto en la mejora de la empleabilidad y las carreras profesionales. Es fundamental que esta herramienta sea única e integral, conectando a los distintos actores formativos (institutos, universidades, centros de FP, empresas), administraciones (Estado, autonomías, municipios), y territorios (España y Europa). De igual modo, habrá que facilitar el uso de esta herramienta tanto al personal de orientación de los Servicios Públicos de Empleo como a la propia ciudadanía, para que puedan usarla con facilidad para identificar itinerarios individualizados de desarrollo profesional que combinen acciones de empleo y de formación. La plataforma Skills Match, 153 creada por el Departamento de Educación de Australia, para facilitar el reciclaje de los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus, puede ser un buen ejemplo a seguir.
– Crear herramientas de evaluación de las políticas de formación y recualificación más eficaces y transparentes que faciliten la toma de decisiones basada en la evidencia. Cada curso que se financie con dinero público debe ser evaluado públicamente, de modo que los recursos se dirijan a aquellos que demuestren buenos resultados. El cruce y tratamiento de datos estadísticos de formación y empleo, así como el análisis de la alternativa contrafactual,154 deberían ser la base de dicha evaluación. Además, los microdatos deberían ponerse a disposición de la comunidad científica para que esta ayude a entender mejor las necesidades del mercado laboral y el sistema formativo español.
– Reformar de manera profunda el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dotándolo de más recursos humanos y materiales; racionalizando y digitalizando la gestión de prestaciones y sus procesos administrativos; y reinventando sus mecanismos de atención a la ciudadanía, para dar un servicio de orientación y acompañamiento mucho más personalizado y eficiente.
3er frente: Ampliar, modernizar y generalizar los mecanismos de formación a lo largo de toda la vida entre la población activa
– Reconocer el derecho de toda la ciudadanía a aprender durante toda la vida y la obligación del Estado a generar las oportunidades necesarias para ello, tal y como recomiendan la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y numerosas instituciones educativas. Como referencia, pueden tomarse los ejemplos de Corea del Sur155 y Uruguay.156 Además, se podría poner en marcha una Estrategia Nacional para la educación a lo largo de toda la vida como ya han hecho varios países del mundo,157 y crear un Consejo para el Aprendizaje Permanente dentro del Ministerio de Educación y Formación Profesional, similar al que existe en Finlandia,158 con el mandato de coordinar esa estrategia, impulsar medidas y coordinar esfuerzos multisectoriales.
– Ampliar159 y mejorar la oferta formativa que proporciona el sector público a su población adulta. Esto deberá hacerse, principalmente, mediante la creación de nuevas titulaciones en el marco de la FP y la universidad pública. Estas nuevas titulaciones serán, por lo general, más breves y específicas que los grados y posgrados, respondiendo a las necesidades concretas del tejido productivo y a aquellas áreas que experimenten un mayor crecimiento en los próximos años. Al mismo tiempo, la formación tendrá que poder fraccionarse o combinarse con flexibilidad, facilitando la vida laboral y familiar. Para esto último, apostar por el formato blended (que combina la enseñanza presencial con online) resultará esencial.
– Potenciar, en paralelo, el papel de las empresas como entidades proveedoras de formación mediante incentivos como la posibilidad de acreditar su formación y combinarla con cursos ofertados por universidades y centros de FP. – Fomentar la contribución de las empresas, los sindicatos, las patronales y otros agentes sociales en el diseño y desarrollo de los programas de formación de oferta que proporcionan el Estado y las comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de otros países europeos160 o de comunidades autónomas como Cataluña.
– Aumentar la financiación destinada a las políticas activas de empleo e insertar en los Presupuestos Generales del Estado una partida de financiación complementaria que permita corregir las variaciones que se produzcan en las cuotas de las empresas, de modo que la formación de la fuerza trabajadora no esté tan al albur del ciclo económico y que no se recorten los fondos en periodos de recesión, que es cuando más se necesitan.
– Apoyar el incremento de la formación continua entre los trabajadores de microempresas, pequeñas empresas y autónomos, mediante incentivos y acciones definidas sectorial y territorialmente, con el apoyo de los agentes sociales y con el soporte de los centros del sistema integrado de FP. – Modernizar y ampliar el sistema español de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales. Esto debe hacerse tomando como referencia las directrices establecidas por la UE161 y siguiendo ejemplos como los de País Vasco,162 Francia163 y Noruega.164
– Incentivar la participación de población trabajadora en activo en programas de recualificación atendiendo a las inquietudes personales y a las necesidades estratégicas identificadas por las empresas y las Administraciones públicas. Para ello, convendría seguir desarrollando mecanismos como el Permiso individual de formación (PIF) y explorar la creación de incentivos o bonos de formación siguiendo modelos de éxito como la Compte personnel de formation de Francia o el SkillsFuture de Singapur.165 Asimismo, habrá que reforzar los sistemas de orientación, insertar en la legislación laboral mecanismos que incentiven y protejan a aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran seguir formándose, y establecer un marco de protección social durante períodos de transición laboral siguiendo los modelos de Dinamarca y Finlandia.
– Incentivar la participación en formación de aquellos colectivos actualmente infrarepresentados: mujeres en sectores como el industrial y el tecnológico, hombres en sectores como el de servicios de cuidados, mayores de 55 años en la formación continua, y adultos con cualificaciones y/o niveles educativos medios-bajos.
– Crear un plan de movilidad temporal de trabajadores que permita a las personas empleadas realizar intercambios profesionales en otros lugares de España, adquiriendo en ellos nuevas competencias y buenas prácticas y tejiendo redes de colaboración interterritoriales. Dos ejemplos europeos interesantes son los programas Eures166 y Erasmus+.167
– Poner en marcha campañas de concienciación para ayudar a la población adulta a comprender la importancia de seguir formándose a lo largo de toda la vida y dar a conocer las distintas opciones y herramientas disponibles. España necesita una “cultura de la formación permanente.”
4º frente: Adecuar y reforzar el modelo de Formación Profesional
El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de modernización de la FP que pretende corregir muchas de las carencias detectadas.168 Además de las medidas contempladas en este plan, sugerimos:
– Adecuar las ofertas formativas para que se adapten mejor a las necesidades presentes y futuras, modernizando currículos e incorporando titulaciones, certificaciones y otras acreditaciones de carácter formal asociadas a demandas reveladas y sectores emergentes [véase capítulo 1] como la digitalización de la economía, la transición ecológica, o los servicios de cuidados de larga duración.
– Impulsar el desarrollo de cursos de FP online o blended (que combinan la formación presencial con la online), prestando especial atención a la potencial demanda del mundo rural.
– Mejorar los mecanismos de orientación profesional y vocacional, dotando a los orientadores de mejores herramientas y competencias a través de formación y cursos específicos, para que puedan prestar el acompañamiento que merecen y requieren las personas que buscan empleo. Es importante que esta formación ayude a mitigar los sesgos de género existentes y esté bien coordinada con el SEPE y el sector privado.
– Establecer un marco normativo que incentive el desarrollo de proyectos de FP dual. Para ello, habrá que fomentar la participación de las pymes, aligerando los requisitos administrativos, prestando apoyo al tutor-formador de la empresa, y proporcionando incentivos fiscales. También habrá que potenciar una mayor participación de la población adulta en los programas de FP dual como vía para formar y acreditar a personas de baja formación, siguiendo el modelo desarrollado en países como Austria y Finlandia.169
5º frente: Acercar la universidad al tejido productivo
– Reducir el desajuste que existe entre las titulaciones universitarias más demandadas por el alumnado y las más solicitadas por los empleadores, incentivando la realización de aquellas con mayor salida laboral, mediante becas y programas de orientación.
– Actualizar los currículos de los grados para darles una impronta menos academicista y más orientada al desarrollo de aquellas competencias que requerirán los egresados en su vida profesional. En muchos casos, esto no significará buscar una mayor especialización sino, más bien, al contrario: adoptar un enfoque más generalista que fomente la adquisición de competencias transversales como la comprensión escrita, la comunicación verbal o el pensamiento crítico, que ayudan a desarrollar perfiles más versátiles, mitigan la obsolescencia y amplían la empleabilidad de las personas.170
– Incorporar las tasas de empleabilidad171 al sistema de evaluación, financiación e incentivos de las universidades. A la hora de realizar esta evaluación, habrá que tener en cuenta factores correctores como la procedencia socioeconómica de los egresados (ej. a los colectivos en riesgo de exclusión les cuesta más encontrar trabajo) y la calidad y tipología del empleo logrado.
– Reforzar la oferta de formación para adultos que proveen las universidades. Esto implica crear nuevas titulaciones y modalidades formativas, pero también mejorar su accesibilidad, de modo que puedan compatibilizarse con las obligaciones laborales y familiares de muchos adultos. – Establecer vínculos más estrechos entre las universidades y el tejido productivo. Estos vínculos deben ser bidireccionales: las universidades deben intentan adaptar sus contenidos a las demandas del mercado, pero las empresas también deben implicarse más en la financiación y co-gobernanza de las instituciones de enseñanza. Si España logra llevar a cabo estas transformaciones, podrá mantener una fuerza de trabajo actualizada y competitiva y cosechar las ganancias de productividad que necesita para consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa.
