Según Ubaldo Nieto de Alba, además de considerar a los partidos políticos como parte del sector público, se hubiera ganado calidad normativa en la última reforma de la financiación de los partidos simplemente con la modificaciónde la Ley de Funcionamiento, donde los partidos políticos quedarían sometidos a las responsabilidades contables, por actos contrarios a la Ley de financiación.
Esto lo considera una zona de impunidad, pues actualmente, al no estar sometidos a las leyes presupuestarias, no se les puede someter a las responsabilidades contables en coherencia con esta aproximación al sector público. Máxime teniendo en cuenta el avance que supone en materia de responsabilidades la introducción del artículo 14 bis de la Ley 3/2015, de 30 de marzo regulando la figura del “responsable de la gestión económico financiera del partido”, a la que se atribuyen, además de las funciones propias del mismo, tales como la elaboración de las cuentas anuales y su presentación ante el Tribunal de Cuentas, todas las relativas a la gestión económico financiera de la entidad incluida la ordenación de gastos y pagos.
A juicio del autor, con esta figura se identifican de manera más precisa las responsabilidades derivadas de la gestión económico financiera y más aún cuando la propia Ley añade que “esta responsabilidad es independiente de aquella en la que hubieran incurrido quienes adoptaran las resoluciones o realizarán los actos reflejados en las cuentas”. Hasta ahora esta cuestión era altamente difusa y ante hechos de esta naturaleza era difícil precisar a quién debería dirigirse el eventual reproche de una falta de rendición de cuentas o de cualquier otra regularidad en la gestión. Con esta reforma se acerca la gestión económico-financiera de los partidos políticos al ámbito público con las consecuencias que de ello pueden derivarse en el ámbito de las responsabilidades contables.
Por otra parte, entre las medidas propuestas, se incluye la de establecer prohibiciones, límites y condiciones a las donaciones privadas a los partidos políticos. En relación con esta propuesta, situados en esa segunda zona de impunidad del ámbito sistémico, es preciso señalar que las aportaciones transparentes de los grupos de interés y lobbies reconocidos son más eficaces frente a la corrupción que las aportaciones que, buscando ventajas individuales, van en contra de la competencia en el mercado. Además, al estar sometidas al veredicto de la opinión pública, obligan a los partidos a ponderar las ventajas y los inconvenientes de su apoyo. Por otra parte, la financiación pública, además de contribuir a esa partitocracia bipartidista, dificulta la financiación legal de esos nuevos partidos políticos que quieren terminar con el actual bipartidismo, preconizan organizaciones más descentralizadas y participativas, pero cuando entran en el sistema y reciben dinero público, pasan a formar parte de la nueva partitocracia multipartidista, aumentando los males de de una de que con mas fuerza esa partitocracia que, a diferencia del bipartidismo de los países de nuestro entorno, es donde esta el mal de nuestro sistema.
En esta nueva Ley se configuran faltas, sanciones y procedimientos, y se dan al Tribunal de Cuentas competencias sancionadoras, lo que supone una desnaturalización de la propia Institución, donde la fiscalización de esta pequeña parte del gasto público destinada a subvencionar a las formaciones políticas, termina afectando a su credibilidad para la fiscalización de todo el sector público. Al igual que otros países de nuestro entorno, esta competencia no debería estar residenciada en el Tribunal de Cuentas .
Reseña editorial
En momentos de crisis, como los actuales, cuando se ponen de manifiesto las limitaciones que muestran la política, el derecho y la economía para resolver problemas complejos, se requiere recurrir a un nivel superior de integración y creación, el nivel ético. Es lo que hace el autor de este libro, lo que le permite marcar un paralelismo entre las responsabilidades éticas que nos trae la nueva legalidad científica en economía, en la que los principios científicos son también principios éticos, y las responsabilidades éticas contenidas en el marco de la legalidad jurídico-institucional, pues en la actualidad la realidad nos tiene situados ante una crisis económica y una crisis institucional a la que estas legalidades, la científica y la jurídico-institucional, no han sabido dar adecuada respuesta.
En el ámbito económico, nos encontramos ante una crisis para la que la llamada doctrina de la Academia y sus modelos de gestión están mostrando su incapacidad para dar respuesta a los problemas que nos han traído las nuevas realidades, como son los procesos de integración y globalización. Pero mientras los instrumentos para el cambio estén en manos de esa red de intereses y compromisos instalados en el propio sistema, que el autor describe con cierto detalle, este permanecerá inmune a nuevos paradigmas.
En el ámbito jurídico-institucional, los resortes para el cambio a un nuevo marco institucional también están en manos del propio sistema y de los principios éticos que lo conforman. En el caso de España, en nuestro peculiar sistema partitocratico, donde el autor destaca su presencia en el cierre del ciclo del control democrático, deteniéndose especialmente en lo referente a la financiación y fiscalización de los partidos políticos. Desde este esquema, y aprovechando su amplia experiencia profesional, el autor hace un análisis crítico de temas de la más rigurosa actualidad.
