La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, señaló ayer que los países deben "garantizar que los fabricantes de automóviles cumplen efectivamente con la legislación europea". A la mayoría de los países afectados por esta medida, el Ejecutivo comunitario les increpa por no haber aplicado todavía ninguna sanción.
Sobre esa cuestión se pronunció ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se encontraba en Bruselas participando en un Consejo de Ministros. Según indicó, tanto su departamento como el de Industria estudiarán cuanto antes la carta de la Comisión, aunque considera que la actuación de España ha sido la correcta, puesto que "el Ministerio de Industria ya inició expedientes informativos que pueden derivar en sanciones en relación con Seat, que es la empresa que tiene su domicilio en España en el grupo Volkswagen" y a la que puede dirigirse el Gobierno.
Según fuentes del Ministerio de Economía, España ya abrió un expediente sancionador a Seat "en aplicación de la normativa más estricta que permite la actual legislación". Sin embargo, la apertura de un procedimiento penal a instancia de "Manos Limpias" ha provocado la suspensión de los expedientes administrativos hasta que haya una sentencia firme. Según el Gobierno, "España ha sido uno de los pocos países que, desde el momento que se conocieron los hechos, prohibieron la matriculación de los vehículos afectados que se encontraban sin matricular, medida que afectó a unas 2.000 unidades" y también "ha respondido a todos los requerimientos que hasta el momento ha solicitado la Comisión y ha remitido toda la información demandada, así como ha colaborado activamente en los grupos de trabajo que han tratado este asunto".
