Tras una huelga general de 48 horas que terminó con incidentes públicos e intervenciones policiales, el Parlamento de Grecia aprobó anoche, gracias a los votos de los dos partidos del gobierno (Syriza y Griegos Independientes), el nuevo paquete de ajustes que le exigen los acreedores para desembolsar el siguiente tramo del rescate.
Las dos principales medidas son la reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible a largo plazo y una subida de impuestos para poder ahorrar 5.400 millones de euros anuales y conseguir un superávit primario del 3,5% del PIB en 2018; es decir, antes del pago de intereses.
De ese total, solo con la reforma del sistema de pensiones, que contempla una rebaja de hasta un 30% en las nuevas jubilaciones, y con el aza de impuestos, el Ejecutivo que preside Alexis Tsipras prevé ahorrar unos 3.600 millones de euros, cerca de tres cuartas partes del total de este nuevo paquete de austeridad fiscal impuesto por las autoridades europeas para mantener a Grecua en el Euro.
La reforma de las pensiones, con la que se pretende un ahorro anual del 1% del PIB (1.800 millones de euros), contempla el cambio de la edad de jubilación de los 63 años a los 67 y la implantación de una pensión fija de 384 euros para aquellos que hayan trabajado, como mínimo, 20 años. Para quienes no hayan trabajado más de 15 años, la pensión se fijaría en los 346 euros. Además, se pretende crear dos cajas de pensiones que agruparían, por un lado las principales y por otro las suplementarias.
En cuanto a la reforma fiscal, la medida más impopular es la subida del IVA del 23% al 24%, así como el incremento de los impuestos que gravan la vivienda, los combustibles, el gas, el tabaco, las bebidas alcohólicas, el café y la telefonía móvil. Otras medidas apuntan a la reforma del impuesto de solidaridad, latente desde la firma del primer rescate, que disminuiría para los ingresos inferiores a los 28.000 euros y subiría para los que superan esa cantidad.
Aviso del FMI y guiño a España
La aprobación de la reforma pese a las observaciones de algunos ministros miembros se interpreta en medios de Bruselas como un guiño a España para que las autoridades emprendan los ajustes presupuestarios que le esperan tras un año de parón gubernamental y Gobierno en funciones tras la bajada de impuestos previa a las elecciones, pues la impresión general es que serán necesarias reformas y ajustes ante las últimas cifras del déficit público español, más allá de los 2.000 millones anunciados hace 10 días por el Gobierno y los otros tantos impuestos a las comunidades autónomas, que se resisten a aplicarlos para no afectar a sus gastos en sanidad y educación, sus principales partidas.
La actitud del Eurogrupo ante España y Grecia será modulada por la agresiva carta que la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, envió el jueves a los ministros europeos de Ecinomia y Finanzas, instándoles a dejar de lado la austeridad y a centrarse en el alivio a la deuda de inmediato. El FMI les amenaza de nuevo con no participar en los rescates europeos si los ministros no se centran en lo importante.
Todo ello cuando en las próximas dos semanas la Comisión Europea tiene que evaluar los planes económicos de todos los estados miembros, quizá aparcando los de España hasta después de las elecciones del 26 de junio. Francia no ha bajado del 3% de déficit en básicamente una década y no tiene ninguna intención de hacerlo, mientras que España con su desviación y falta de medidas opinan las autoridades comunitarias que elevaría su déficit al menos a un 3,9% al terminar este ejercicio.
El alza recaudatoria prevista por España para 2016 es del 6,2% pero hasta marzo los ingresos sólo se hanincrementado el 0,3% como consecuencia de la desaceleración económica, lo que amenaza con desembocar en someter a Esoala a vigilancia reforzada y a la primera multa económica a un país por incumplir las previsiones presupuestarias incluidas en el programa nacional de reformas que es evaluado cada año en el eurosemestre o semestre europeo, como se denomina comunitario a los seis primeros meses de cada año.
La Comisión Europea presentó el pasado martes su informe de primavera, en el que advierte de que el déficit en España no bajará del obligado 3% para todos los países antes de 2018 sin medidas de ajuste adicionales, y alerta de que "la incertidumbre que rodea a la formación de un nuevo Gobierno" puede lastrar el crecimiento. Según la Comisión, el déficit cerrará 2016 en el 3,9% del PIB, tres décimas por encima de lo previsto por el Gobierno; en 2017 alcanzará el 3,1%. En cuanto al crecimiento, la Comisión vaticina un incremento del PIB (superior al 3% el pasado año) de 2,6% para el presente ejercicio y de 2,5% para el próximo, una décima menos de lo que pronostica el Gobierno. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró que el próximo Gobierno "no tendrá ninguna dificultad" en reducir el desfase de las cuentas públicas ya en 2017. "Nadie puede cuestionar el esfuerzo de España", afirmó tras recordar que en 2011 el desequilibrio era del 9% del PIB.
"No hay ningún otro país que haya hecho un esfuerzo de reducción del déficit público como el que ha hecho España, un esfuerzo muy intenso y muy importante", subrayó De Guindos, uno de los ministros reunidos hoy en Bruselas, tras considerar que "es perfectamente factible" pasar del 3,1% al 2,9% y reiterar que "las dificultades no son insalvables en absoluto". Asimismo destacó que las previsiones de la Comisión y las del Gobierno son "prácticamente idénticas" y se mostró convencido de que "va a ser muy difícil que la economía española, salvo debacle, crezca por debajo del 2,7%".
La Comisión también rebajó las previsiones de crecimiento del conjunto de la UE y de la Eurozona una décima. Así, los Veintiocho crecerán el 1,8% este año y el 1,9% el que viene y la Eurozona lo hará el 1,6% y el 1,8%, respectivamente.
