El desembolso de dinero público durante esos años puedo ser excesivo, según señala El Mundo, ya que sería superior a lo que recogen los acuerdos de la Educación concertada. Según el escrito de la denuncia hay tres puntos claves: los fondos públicos que ha destinado a estos centros, el pago de diez liberados de la patronal del colegios que supuestamente están cobrando un salario pese a no estar en nómina y la presunta existencia de docentes mayores de 65 años que podrían estar cobrando sin ir a trabajar.
En concreto, la coalición indicaba en su denuncia que los pagos mensuales a docentes de centros concertados asumían el abono de las horas correspondientes de los liberados sindicales, en función de la representatividad obtenida en el sector por las respectivas organizaciones sindicales.
Esta posible financiación irregular ascendería a los 350.000 euros al año, según señala Compromís, es decir, unos 2,1 millones de euros si sumamos la cifra con el periodo de tiempo. La Guardia Civil se personó la semana pasada en las instalaciones del departamento de María José Catalá para requisar la documentación que podrían incriminarles. El dossier incautado ha sido analizado por la Fiscalía y sus conclusiones han sido incluidas en la denuncia.
