Durante la presentación de su plan ante el plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el responsable del Ejecutivo comunitario también ha señalado que las contribuciones de los Estados a este nuevo fondo no se va a contabilizar dentro de sus cuentas públicas nacionales, por lo que "no va a contar para el déficit público" de los países con ese desequilibrio.
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La Comisión Juncker ha tenido que escuchar críticas desde muchos de los escaños del Parlamento Europeo. Aunque todos han coincidido en la necesidad de impulsar la inversión para estimular el crecimiento económico, socialdemócratas, verdes e Izquierda Unitaria han criticado la falta de fondos reales del plan.
Hay que recordar que la iniciativa de la Comisión Europea parte de 13.000 millones de euros aportados como garantía por el presupuesto de la UE y el Banco Europeo de Inversión (BEI), que se multiplicarían hasta alcanzar los 60.000 millones gracias a la emisión de deuda en los mercados con el aval de la triple A del BEI.
Con esos 60.000 millones se financiarían los proyectos seleccionados por el comité de expertos de una lista elaborada por la Comisión Europea y el BEI, confiando en que esa apuesta será seguida por inversores privados y -si así lo deciden- Estados y otros organismos públicos, que aportarán su dinero hasta alcanzar en tres años esa cifra de 315.000 millones manejada por Juncker.
Sin embargo, la mayoría de los grupos políticos han remarcado la dificultad que supone atraer inversiones en un momento en el que la Unión Europea está al borde del estancamiento económico y corre el riesgo de entrar en deflación.
Pese a esas reservas, los grupos parlamentarios popular (PPE), socialdemócrata (S&D) y liberal (ALDE) han dado un voto de confianza al plan de inversiones, mientras que Los Verdes y la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) se mostraron en contra, así como la mayor parte de los No Inscritos, la mayoría de tendencia euroescéptica.
El tercer grupo en número de escaños, los conservadores y reformistas (ECR) -liderados por el ala que apoya al primer ministro británico, David Cameron- mostraron su escepticismo a un plan que, a su juicio, no se ocupa de resolver las barreras burocráticas y reguladoras que alejan a los inversores de Europa.
