En conjunto el tribunal ha impuesto penas que suman 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados por la primera época del caso Gürtel, aunque su mayor relevancia se centra en reconocer la financiación ilegal del PP entre los años 1999 y 2008. “ Se está haciendo justicia”, declaró el juez Baltasar Garzón, que fue inhabilitado y separado de la carrera judicial hace años por investigar el caso, sin que hasta hoy se haya explicado debidamente las verdaderas causas, según declaró el exmagistrado a La SER.
En conjunto el tribunal ha impuesto penas que suman 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados por la primera época del caso Gürtel.La Audiencia Nacional condenar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a 33 años de prisión por diversos delitos fiscales en el juicio por el ‘caso Gürtel’. Después de seis meses de que acabara el juicio, el PP ha sido considerado partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama Gürtel y deberá pagar 240.000 euros.
La sentencia, de 1.687 folios, fija altas condenas para los máximos responsables de la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, 51 años de cárcel, y Pablo Crespo, 37. Álvaro Pérez, alias el Bigotes , ha sido absuelto junto con otros siete acusados. La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, también ha sido condenada a 15 años y el propio Bárcenas además de los 33 años de cárcel deberá pagar más de 44 millones de multa.
Las otras condenados son: Guillermo Ortega, 38 años de prisión, Alberto López Viejo, 31 años, y Jesús Sepúlveda, 14. La sentencia condena al PP, a Ana Mato y a Gema Matamoros como partícipes a título lucrativo.La resolución incluye un voto particular del magistrado Ángel Hurtado que propone la absolución del PP y de cuatro acusados.
El tribunal asume las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a la trama de hacer de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP “un modo de vida” y sirvió para financiar a este partido. Las fiscales acusaban a 37 personas, entre ellas Bárcenas, para quien solicitaba 39 años de prisión, o Correa, 125 años. Tras una instrucción de 9 años, el tribunal considera probados gran parte de los hechos tras una “abrumadora y contundente prueba” incriminatoria, tal y como sistenía la Fiscalía.
Corrupción institucional del PP
El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
Confirma la caja B del PP
Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “Caja B” del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.
Por los hechos juzgados en esta pieza, Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos- indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones”.
Bárcenas, pieza fundamental
Dentro del entramado de empresas, Correa crea a su alrededor en lo que la sentencia denomina “un auténtico sistema de defraudación del erario público”, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.
En esa relación, Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y a su vez contactaba con Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias “para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida”.
Fondos en Suiza de ‘mordidas’
La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza “con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas”. Los jueces no han creído la versión del acusado de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada “caja b” del partido, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular”.
Por estos hechos le condena por apropiación indebida, aunque el PP renunció a cualquier reclamación. La Sala, sin embargo, concluye que las cantidades existían y por tanto “el acto de apoderamiento se ha producido y ha recaído sobre una cosa ajena”, apoderándose de algo que no le pertenecía y que recibió como mero custodio.
El tribunal explica que desde el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, que también resulta condenada, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza, que luego afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y que destinó a pagos en efectivo, de manera opaca para la Hacienda Pública.
La Sala concluye que su mujer, Rosalía, en connivencia con él, se valió del mismo procedimiento para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de cuadros.
