jueves,18 agosto 2022
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Publicada con casos contra el PSOE de Felipe,Chaves y Griñán

La acusación al presidente de Murcia y ex consejero de Educación daña al pacto entre PP y Ciudadanos

Redacción
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) vincula con la trama Púnica al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a la alcaldesa de Cartagena, exdiputada nacional y exsenadora Pilar Barreiro, además de candidata de nuevo a la Cámara Alta el 26 de junio. La acusación, negada por el afectado y no creída por Rajoy, aparece este martes publicada junto a casos que afectan al PSOE protagonizados por Felipe González y los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán.

Según la UCO, cuando Sánchez era consejero de Educación del Gobierno murciano y Barreiro alcaldesa, contrataron con dinero público los servicios de una empresa de la trama para que limpiara su reputación en Internet. Sánchez, en declaraciones a la Cadena Cope, ha negado de forma categórica que haya contratado alguna empresa relacionada con la trama de corrupción Púnica que tuviera que ver con la mejora de su imagen en Internet. "Rotundamente no y nunca autoricé que nadie de mi equipo ni de mi entorno, bajo mis responsabilidades, hiciera algo parecido", ha sentenciado el presidente murciano, quien se ha remitido a los tres certificados oficiales de la Consejería de Educación en los que se demuestra, ha dicho, que "ni se facturó ni se contrató ni hubo relación con las empresas investigadas".

Desde el Gobierno de Murcia, recordaron que el pasado 6 de abril les fueron remitidos a Velasco rectificaciones de la consejería que ocupaba, en las que se asegura que no se realizó ningún pago a las empresas de la trama entre enero de 2014 y abril de 2016. Esas mismas fuentes del Ayuntamiento de Cartagena que citan los diarios, señalan que se limitó a un contrato con Madiva por 4.000 euros para una campaña de promoción turística de la ciudad.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos en la región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló tras conocer estas informaciones que "es prácticamente un hecho que Sánchez estaría doble imputado, si no fuera por su condición de aforado", según dijo en relación a otro caso que los tribunales investigan sobre la adjudicación de las obras de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que desde hoy también investiga una comisión especial de la Cámara autonómica murciana, en la que se ha hablado de concurso fraudulento y de proyecto ilegal. Por su parte, el líder del PSOE murciano, Rafael González Tovar, pidió a Sánchez que dimita para aclarar su situación procesal sin ser aforado, y al PP que saque a Barreiros de las listas a Senado.

Desde Ciudadanos, su portavoz autonómico, Miguel Sánchez, calificó de "grave" que el presidente esté "bajo sospecha" y que "no sólo no persiga la corrupción, sino que además sea la corrupción la que presuntamente lo persiga a él".

Ciudadanos exigirá a Pedro Antonio Sánchez que deje la presidencia de Murcia si es imputado, según dijo ayer Albert Rivera. Los diarios recuerdan que en mayo de 2015 esta formación permitió a sus cuatro diputados autonómicos firmar un acuerdo de investidura con el PP, que se quedó a un escaño de la mayoría absoluta. "Si hay imputación por corrupción política, se aplicará el pacto anticorrupción", dijo Rivera.

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, destacó ayer que "sería bueno" que se investigara el delito de revelación de secretos que, según subrayó, se ha cometido al salir a la luz un informe de la UCO que recoge pruebas contra el actual presidente murciano en el caso Púnica, alegando que cualquier pronunciamiento al respecto supondría incurrir en un delito de revelación de secretos y no ha querido confirmar ni desmentir si ese informe existe.

 

El empresario iraní amigo de Felipe González, 36 sociedades en Panamá 

El empresario hispanoiraní Farshad Massoud Zandi, calificado por el expresidente del Gobierno Felipe González como un modelo de emprendedor y "un creativo irrepetible", controla docenas de sociedades opacas en distintos paraísos fiscales del mundo, según documentos a los que habría tenido acceso el diario EL MUNDO. Sólo en el bufete panameño Mossack Fonseca acumularía al menos 36 sociedades. En la relación figurarían también sociedades vinculadas a él mismo o utilizadas para pagar a colaboradores. Es el caso de Península, en la que aparece como apoderado Rafael Anson, o Dorway, en la que figura Cristina Valls-Taberner, aparecida en los llamados papeles de Panamá.

Preguntado ayer sobre esta cuestión, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo sobre Felipe González: "Sólo sé lo que saben millones de españoles: que fue el presidente que consolidó la democracia en nuestro país". Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, sostuvo en La Sexta que "lo que Felipe González ha supuesto para España, para este país, y sobre todo para el Estado del Bienestar, no se empaña por el envío de estas misivas".

Chaves  y Griñán niegan irregularidades en formación y EREs 

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán negaron ayer que durante sus mandatos se produjeran irregularidades en la Junta a la hora de conceder las ayudas para cursos de formación, al tiempo que descartaron que hubiera un fraude en el seno de la Administración en torno a su gestión. Ambos presidentes, que según recuerdan los diarios también comparecieron hace más de tres años en la comisión de investigación de los ERE, negaron con rotundidad que durante sus mandatos impulsaran, permitieran o conocieran alguna ilegalidad en la concesión de ayudas para los cursos de formación.

En su comparecencia, Chaves admitió que es "posible" que "no todo" estuviera "bien" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, tras lo que subrayó que "siempre" actuó dentro de "la más estricta legalidad". Manuel Chaves mantuvo que hubo una ejecución y una gestión "razonablemente buena", aunque "seguramente no todo estaba bien, es posible hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraudes", señaló, además de recalcar que "nunca" recibió ninguna "alerta" sobre "cualquier tipo de irregularidad".

Chaves expresó su convencimiento de que todas las ayudas siguieron "los trámites necesarios", de forma que "el posible fraude fue muy pequeño". La mayoría de los grupos políticos preguntaron al expresidente por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, detalle sobre el que dijo desconocer el número exacto, al tratarse de una competencia del consejero del ramo, de forma que, según añadió "no pasaban por el Consejo de Gobierno". De manera que, de haberse podido cometer actos ilícitos "seria por parte de quien lo cometió, no de ningún directivo de la administración", recalcó.

Por su parte, José Antonio Griñán explicó que la primera noticia que tuvo de posibles irregularidades en expedientes fue relacionada con UGT cuando ya no era presidente, de ahí que expresó su convencimiento de que las subvenciones no se han otorgado ni irregularmente ni por "amiguismo". En otro momento, Griñán dijo que el traslado de las competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación "tenía dificultades pero no más que otras" que se habían realizado, además de recordar que necesitó de un proyecto de ley que se elaboró "siempre bajo el principio de continuidad", dijo.

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