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La detención de González y la declaración judicial de Rajoy vuelven a dificultar el gobierno del PP


La detención del expresidente de la Comunidad de Madrid puesto por Esperanza Aguirre, Ignacio González, y la declaración judicial de Mariano Rajoy por la financiación ilegal del partido antes de llegar al Gobierno vuelven a dificultar la gobernación del PP, y junto al precedente de los escándalos de Rodrigo Rato a cuestionar su gestión desde los años de Aznar. Pero el PSOE no se está por su división en condiciones de beneficiarse y tampoco Podemos, lo que acrecienta la crisis política española.
Redacción 19 de abril de 2017 Enviar a un amigo
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La noticia de que la Guardia Civil ha detenido este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las supuestas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, organismo público que González presidió, ha encendido de nuevo las alarmas de esa crisis política que va más allá demandar el cambio de un gobierno por otro. Sus manifestaciones radican en que tanto el PP como el PSOE han perdido millones de votos no recuperados ni siquiera por Podemos y que reflejan el desapego de una creciente parte de la población española respecto a la política. La crisis económica y la corrupción política animan ese hastío y abstención. Y los datos que pasan estos días por los juzgados la retroalimentan: el Canal de Isabel II, que encarece el agua de los madrileños, pagó más de 80  millones de euros por una empresa pc antes valorada en 8 millones, o que las sociedades del exvicepresidente Rato cobraron casi 83 milo New a 9 grandes empresas preciámente privatizadas por el mismo.

La detención de González de conoció a las pocas horas d que todos los diarios lleven este miércoles a sus portadas la decisión de la Audiencia Nacional de citar como testigo al presidente del Gobierno, al igual que sucedió días pasados con los últimos escándalos del vicepresidente Rato, en lo que ahora extiende a España lo que agunos analistas denominaron hace 7 años la "crisis de la corrupción privatizada".  "'Gürtel' persigue a Rajoy", titula EL MUNDO. En páginas interiores apunta a Rajoy como "testigo de la corrupción". ABCseñala que "el tribunal del caso Gürtel cambia de criterio y cita a Rajoy como testigo". EL PAÍS apunta que Rajoy testificará "pese al rechazo de la fiscalía". "Rajoy declarará como testigo en el juicio por la caja B del PP", titula LA VANGUARDIA. EL PERIÓDICO destaca en su titular de portada que el PP "ataca a los jueces del 'Gürtel' por citar a Rajoy", mientras que LA RAZÓN señala que Rajoy "se ve 'víctima' de una 'operación del PSOE' para que declare en la Gürtel". Pero los mensajes editoriales de los princiopales diarios discrepan: Que Rajoy sea llamado a declarar recuerda que el PP no ha explicado su corrupción (EL PAÍS), La citación de Rajoy, insólita pero ajustada a derecho (EL MUNDO), La declaración de Rajoy, más que útil y necesaria (EL PERIÓDICO), y No es justicia, es política (LA RAZÓN).

La
 UCO ha sido detenido al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversaciónprevaricación, cohecho, fraude a la administración, blanqueo de capitales y financiación irregular. Según  fuentes jurídicas consultadas por la SER, es una operación cuyo centro es Ignacio González; la investigación sobre el Canal Isabel II es adyacente, según las mismas fuentes. El resto de detenidos, hasta doce, ocupaban puestos en la presidencia y administración del Canal de Isabel II y se les acusa del delito de comprar empresas fraudulentas que no tenían el valor que pagaban, de cohecho y de administración desleal.

Está previsto que la operación policial, que está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se salde con más detenciones y varios registros. La investigación fue instada por el actual Ejecutivo madrileño de Cristina Cifuentes al hallar irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construccoes. Según la documentación remitida a la fiscalía, la operación se llevó a cabo a través de un complejo entramado financiero en octubre del 2013, cuando al frente del Ejecutivo madrileño estaba González y el consejero Salvador Victoria ejercía la presidencia del canal. En total, se pagaron 21,4 millones de euros por la firma brasileña. Medio año después, su valoración cayó hasta los 5 millones de euros.

El principal eje de esta investigación es la compra por parte de Inassa, es decir el Canal de Isabel II, de la sociedad brasileña Emissao por un valor que podría ser cuatro o cinco veces superior al real.

Fachada del edificio del Canal de Isabel II entre las calles José Abascal esquina a Santa Engracia (Madrid) 

El presidente de Inassa, una de las principales empresas investigadas era Edmundo Rodríguez Sobrino, una persona de máxima confianza del expresidente madrileño Ignacio Gonzalez. De hecho, fue una de las personas que le acompañó en su polémico viaje a Cartagena de Indias donde fue espiado. Rodríguez fue una de las personas a quien se le pudo ver junto a González entrando en una vivienda con varias bolsas blancas y salir después sin ellas. El presidente de Inassa fue destituido en 2016 por Cristina Cifuentes después que su nombre apareciese en los papeles de Panamá.

Rajoy testificará

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que enjuicia el caso Gürtel sobre la financiación irregular del PP, acordó el martes llamar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La decisión contó con el voto contrario de uno de los tres magistrados de la sala, que, según la Agencia EFE, se trataría del presidente del tribunal, Ángel Hurtado. Los magistrados, que ya rechazaron en dos ocasiones anteriores citar a Rajoy, dieron esta vez la razón a las acusaciones populares frente al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el testimonio del jefe del Ejecutivo no es "ni útil ni necesario.".

En su escrito del 31 de marzo, la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) argumentó que es "indefendible" que el tribunal haya citado a todos los secretarios general del PP excepto a Rajoy, por lo que no convocarle como testigo "supondría ubicarle en una situación de ignorancia rayana en la estulticia".

El Partido Popular emitió un comunicado en el que expresa su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional pero no la comparte por verla como un "abuso de derecho" ya que cree que en la petición de Adade hay una "clara intencionalidad política" que "se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", y recuerda que la asociación está liderada por dos personas cercanas al PSOE. El PP apunta que esperará a conocer la resolución judicial pero avanza que "contradice" su doctrina de febrero y octubre de 2016 cuando rechazó el testimonio de Rajoy porque no era "ni pertinente ni útil" para la causa. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que la decisión de la Audiencia Nacional de llamar a declarar a Mariano Rajoy "no tiene ningún recorrido" y es "excepcional". Maillo mostró su discrepancia porque Rajoy no ocupaba las responsabilidades que le atribuye Adade, a la que vinculó al PSOE y acusó de tener "fines políticos o espúreos". Asimismo, recordó que la declaración del presidente del Gobierno fue rechazada tres veces y mostró su sorpresa por el cambio de postura de la Audiencia Nacional.

PSOE y Podemos llaman a Rajoy al Congreso

El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, adelantó que su partido pedirá la comparecencia de Rajoy en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que Rajoy tenía que haber dado explicaciones sobre el caso Gürtel "hace ya bastante tiempo" en el Congreso, y celebró que al final tenga que hacerlo "porque le ha llamado la justicia". El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez, pidió a Rajoy que diga "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad" ante el juez, mientras que Patxi López abogó por que Rajoy asuma "alguna responsabilidad" una vez que ha sido citado a declarar.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció que pedirá que Rajoy comparezca en el Pleno para que explique la financiación "ilegal" del PP. "Esperemos que sus socios del PSOE y Ciudadanos nos dejen hacer nuestro trabajo parlamentario", dijo. La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, instó a Rajoy a colaborar con la justicia y a no esconderse "detrás de un plasma".

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas dijo que si Rajoy fuese imputado pedirán su dimisión en cumplimiento del pacto de investidura. Según Arrimadas, no ve "extraño" la citación del presidente del Gobierno "con la de casos de corrupción que tiene el PP".

 


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