La nueva norma, que está siendo tramitada en el Senado, es “una norma fundamental para la transparencia y la seguridad de los mercados y para las más de 55.000 empresas que se auditan en España”, así como “para las más de 20.000 personas que están acreditadas como auditores y para los cerca de 30.000 empleos directos e indirectos del sector”, explican las asociaciones. Sin embargo, existen una serie de desventajas que podrían en jaque a España y a sus empresas tanto en el ámbito interno como de cara al exterior.
Es por ello que el REA+REGA-CGE ha ido comunicando al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, a lo largo de todo el proceso de esta Ley, todos aquellos aspectos sensibles y susceptibles de mejora, principalmente de carácter técnico. Así, comentan que “tal y como ha declarado el Consejo de Estado, es una ley de muy difícil comprensión. Por tanto, la regulación de la Independencia, uno de los elementos clave de la norma, crea una alta inseguridad jurídica”.
Igualmente, “supone un incremento del 100% de los impuestos a la auditoría que repercute en las empresas auditadas y genera un incremento innecesario de la burocracia a los auditores y un incremento injustificado de las tareas del regulador”.
Destacan que se trata de una “ley no consensuada ni con el sector, ni con las empresas auditadas, ni con los usuarios en general, ni con la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias. Y ello, a pesar de la disposición permanente de todos los Grupos Parlamentarios de alcanzar un acuerdo”.
Todas estos puntos negativos “afectarán negativamente al mercado en general y, específicamente, a las empresas auditadas y a todo el sector de la auditoria”, determinan.
Así, el binomio de asociaciones propone “crear con carácter urgente una mesa de trabajo Gobierno-Grupos Parlamentarios-Sector en la que se consensue esta ley”. De esta forma, manifiestan “su predisposición a seguir trabajando, mientras exista la más mínima oportunidad, para lograr una ley acorde con la posición de nuestro país en la Unión Europea y con la profesionalidad que día a día demuestran los auditores españoles”.
“Por todo lo anterior, el REA+REGA-CGE no puede respaldar el redactado actual de este Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas y considera necesario alcanzar un consenso sobre las modificaciones técnicas a introducir en aras a conseguir una Ley moderna, de largo recorrido y que favorezca la estabilidad del mercado, así como la eficiencia y la transparencia de las empresas”, concluyen
