El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias considera que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, "fue arbitrariamente detenido por los Gobiernos de Suecia y Reino Unido", en una opinión legal no vinculante donde pide a Suecia y Reino Unido que evalúen la situación de Assange "para garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos y garantizar que goza plenamente de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención".
Los fiscales suecos iniciaron a mediados de 2010 una investigación contra Julian Assange después de que dos mujeres acusaran al fundador de WikiLeaks de acoso sexual. En diciembre de ese mismo año el activista australiano fue detenido en Londres a instancias de Estocolmo, que pedía su entrega para enjuiciarlo en Suecia. Sin embargo, poco después el Reino Unido lo puso en libertad bajo fianza. En junio de 2012 Assange solicitó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia y presentó su caso a la ONU en 2014. Buscó refugio en la legación cuando el país escandinavo lo reclamó para interrogarle por tres acusaciones de acoso sexual y una de violación. Solo esta última pervive, pues las otras tres han prescrito.
El Grupo de Trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU considera arbitrario el arresto de Assange, a pesar de que este no está técnicamente detenido porque fue el australiano quien se refugió, voluntariamente, en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, una vez agotados los recursos que interpuso en suelo británico. Sin embargo, estima que Assange "ha sido sujeto de varias formas de privación de libertad", desde su detención inicial en la prisión de Wandsworth, seguida de un arresto domiciliario y de su confinamiento en la Embajada. Además, los expertos de la ONU creen que otro de los argumentos que avalan que la detención fue arbitraria es que fue recluido en una celda de "aislamiento durante la primera fase de su detención y por la falta de diligencia de la Fiscalía sueca en su investigaciones".
La decisión del grupo de expertos, integrado por cinco especialistas en detenciones ilegales que no son funcionarios de la ONU y presidido por un surcoreano, ha sido tomada por tres de sus miembros. Una experta, de nacionalidad australiana al igual que Assange, se recusó a sí misma, mientras que otro de los miembros consideró que la situación del fundador de WikiLeaks "no es de detención". El grupo de expertos analiza al año unos 400 casos. Se ha pronunciado en detenciones como las del presidente de Maldivas Mohamed Nasheed o el periodista de The Washington Post Jason Rezaian
Un día antes de que los expertos de la ONU confirmaran su decisión, el editor australiano había anunciado que se mostraba dispuesto a entregarse a la policía británica si el fallo de la ONU no le resultaba favorable. Assange compartió esta información a las 04.20 de la madrugada a través de un mensaje en Twitter. Poco después, Jennifer Robinson, del equipo legal de WikiLeaks, aseguró a EL PAÍS que si la decisión de la ONU era a favor de Assange, esperaban que Suecia la aplicara. “Es una cuestión de derechos humanos que no se puede rechazar”, aseguró.
El Foreign Office británico aseguró este jueves en un comunicado que no considera que Assange esté arbitrariamente detenido. Sobre el líder de la plataforma Wikileaks no pesa aún ningún cargo. Desde Suecia se le reclama para interrogarle acerca de acusaciones vertidas por dos mujeres que aseguran haber sido acosadas sexualmente por él en el verano de 2010.
El editor australiano, que siempre ha negado estas acusaciones, teme ser extraditado a Suecia por si de este país es enviado a Estados Unidos, donde, asegura, un tribunal secreto de Virginia quiere procesarle por las filtraciones de los papeles del Departamento de Estado o Cablegate, que pusieron al descubierto las maniobras de la diplomacia norteamericana a través de sus Embajadas.
Los abogados de Assange pidieron este jueves a la fiscalía sueca que anule la petición de extradición que pende sobre él. La decisión del panel de la ONU no es vinculante jurídicamente, pero es una medida de presión sobre los Estados, que suelen recurrir a esta instancia para casos relativos a los Derechos Humanos.
El equipo legal del editor de Wikileaks recurrió a esta instancia de la ONU planteando el caso del australiano como el de un refugiado político cuyos derechos no estaban siendo respetados. Aunque no está detenido, en la práctica no puede abandonar la Embajada ecuatoriana sin arriesgarse a que la policía británica le detenga.
