"La calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión, así como el compromiso de todos los agentes implicados debe llevarnos a alcanzar un sistema de formación profesional para el empleo con prestigio y reconocimiento", añadió Báñez al inaugur la Jornada APD-ADECCO sobre "Competitividad a través del talento. Creciendo con las personas".
En este sentido, Báñez ha mostrado su confianza en alcanzar muy pronto un acuerdo con los interlocutores sociales sobre la reforma del sistema. "Espero que los trabajos para alcanzar un acuerdo fructifiquen muy pronto".
La ministra ha señalado que en un mundo globalizado, sujeto a rapidísimas transformaciones tecnológicas y cambios constantes, España no puede basar su competitividad en bajos costes laborales, sino en la apuesta por el talento. "El talento va a ser el motor de la innovación y la competitividad de nuestras empresas", ha señalado. Por ello, para el Gobierno, es esencial ofrecer una formación de calidad a los trabajadores a lo largo de su vida laboral y proporcionarles una capacidad permanente de adaptación al cambio. "En este ámbito, contamos con un diseño que no ha respondido con agilidad a las demandas cada vez más complejas del tejido productivo", ha incidido la ministra.
Según demuestran los datos de la última Encuesta de Población Activa, las carencias formativas tienen un impacto negativo. La tasa de paro de quienes sólo tienen estudios primarios es 2,7 veces superior a la de aquellos que tienen estudios superiores. Del total de trabajadores desempleados que buscan un puesto de trabajo desde hace, al menos, 2 años, el 60% no han completado la educación secundaria.
La ministra ha señalado que el Gobierno a través de la reforma laboral, reforma educativa y de la actual reforma de la formación profesional para el empleo, está impulsando las medidas necesarias para situar el talento en el centro de las soluciones para el crecimiento económico, social y la mejora de la competitividad.
La reforma proyectada va a pivotar sobre los objetivos y principios plasmados en el Acuerdo firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio, que abogaba por la necesidad de reformar el modelo de formación profesional para el empleo, para garantizar tres objetivos:
- Garantizar el derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables
- Contribuir a la formación de la competitividad de las empresas
- Aumentar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos
El nuevo modelo contará a su vez, con elementos novedosos como el "cheque-formación" para que pueda ser el desempleado quien elija la entidad de la que recibe formación. También la tele-formación va a permitir superar las limitaciones de un calendario formativo condicionado por la tramitación administrativa, entre otras cuestiones.
Subvenciones a CEOE y sindicatos
El Ministerio de Empleo confirmó ayer a EL ECONOMISTA que estudia premiar a patronal y sindicatos a cambio de que estos orienten al Gobierno en la impartición de los cursos de formación. Según el proyecto de Real Decreto-ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional que ultima el Departamento de Fátima Báñez, los agentes sociales dejarán de estar al frente de estos cursos, si bien el Gobierno baraja tratarles como consultores, una compensación que estaría remunerada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Los agentes sociales se encargarán ahora de elegir con qué criterio debe de repartirse el dinero público entre los agentes de colocación que oferten sus servicios. Para ello, necesitarán técnicos, evaluaciones de las necesidades de las empresas y un control posterior. Una labor que la patronal estaría dispuesta a aceptar por un cheque de unos 50 millones de euros, a lo que habría que sumar otro montante para los sindicatos.
Los cursos de formación mueven al año 1.900 millones de euros aproximadamente, un montante que se nutre de la cuota de formación profesional -un 0,7% de la nómina de los trabajadores-, así como de ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y aportaciones específicas establecidas en el presupuestos del Servicio Público Estatal.
