Las evaluaciones finales de Primaria y ESO serán "muestrales" y de "diagnóstico", lo que significará que no estarán obligados a ellas todos los alumnos. En cuanto a la de Bachillerato, que servirá para entrar en la Universidad, será similar a la Selectividad, y acordada entre las comunidades y las universidades.
El contenido de este consenso se plasmará en el Real Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros previsiblemente el próximo viernes.Termina así la oposición a las reválidas mantenida desde las elecciones autonómicas del 2015 por las diez comunidades autónomas gobernadas por el PSOE en solitario o con pactos.
El consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, que informó de la decisión a la prensa, ha dicho que es un "éxito sin precedentes", a la salida de la reunión de la Conferencia Sectorial de esta tarde, que ha sido la más corta de este tipo, al menos en los últimos cinco años. El encuentro comenzó a las 16.00 horas y ha finalizado una hora y media después.
Este "primer acuerdo formal" afecta a la prueba de acceso a la Universidad al eliminar la reválida y volver a la Selectividad.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que las evaluaciones se suspenderán hasta que se llegue a un "gran pacto educativo" a nivel nacional. "Es un buen paso, con pasos pequeños se consiguen objetivos grandes", añadió, y valoró haber visto a los consejeros autonómicos "muy comprometidos y con ganas de lograrlos".
Así, la evaluación final de Primaria no será obligatoria para todos los alumnos, sino de carácter muestral y de diagnóstico del sistema, aunque las comunidades pueden decidir que la hagan todos los alumnos en sus respectivos territorios. La de ESO también será muestral, no tendrá efectos académicos y no será necesaria para obtener el título de Secundaria, que será único, con los mismos efectos sea cual sea el itinerario académico elegido en cuarto curso. Tampoco los alumnos de FP básica necesitarán el examen para conseguir el título. En cuanto a la prueba final de Bachillerato servirá para regular el acceso a la Universidad y se hará en los campus, como la tradicional selectividad. Se mantiene también el distrito único.
El Consejo de Ministros aprobará un real decreto-ley con los cambios, que el Congreso deberá convalidar en el plazo de 30 días. Además, el Ministerio de Educación retirará los recursos y requerimientos presentados contra las comunidades que incumplieron la Lomce al no realizar las evaluaciones de 6º de Primaria.
La mayoría de los consejeros salieron satisfechos de la reunión, aunque las consejeras de Cataluña y País Vasco se mostraron críticas porque consideran que el nuevo proyecto invade competencias autonómicas. La consejera catalana, Meritxell Ruiz, demandó una prueba de acceso a la universidad específica para Cataluña y la derogación de la disposición adicional 38 de la Lomce – que definió como una "ley ideológica y pedagógicamente nefasta" – que obliga a la Generalitat a costear la escolarización en castellano de aquellos alumnos que lo demanden. Por su parte la consejera vasca, Cristina Uriarte, pidió que las evaluaciones de Primaria y ESO sean reguladas por las propias comunidades.
Por otra parte, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, reivindicó ayer que la asignatura de religión "tenga plena integración en el curriculum" y que en el Pacto Educativo "se vea reflejado el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones.
Genaro Alonso avanzó que no sólo la «reválida» de la ESO es muestral, sino que ahora también lo será la de Primaria. Asimismo, ha indicado sobre la de Bachillerato que el Ministerio va a dejar en manos de las universidades estas últimas pruebas, tal y como se venía haciendo hasta ahora.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, debatió con los consejeros de las comunidades autónomas el borrador del proyecto de Real Decreto Ley que modifica la LOMCE para que la evaluación final de la ESO sea muestral y no censal y la de Bachillerato se asemeje lo más posible a la derogada Selectividad, con exámenes sólo de las materias troncales de segundo y no de los dos cursos como establece la ley.
Este documento, dado a conocer el pasado viernes 18 de noviembre, ya ha pasado por la Comisión General de Educación, que es la que reúne a los directores generales autonómicos de Educación y Universidades.
La parte que se refiere al acceso a la Universidad, el ministro la ha consensuado también con los rectores, con los que el jueves 24 selló un acuerdo para que sea lo más parecida posible a la PAU. El escenario había cambiado en el último mes, no sólo por las modificaciones previstas para las 'reválidas', que han aplaudido ya varios consejeros, sino porque el viernes 25 de noviembre PP, PSOE y Ciudadanos presentaron en el Registro del Congreso de los Diputados una propuesta conjunta para la creación de la Subcomisión para Pacto de Estado por la Educación, cuyo texto señala que dicho acuerdo servirá de base para una nueva ley educativa que sustituya a la vigente.
El ministro lleva debatiendo sobre las llamadas 'reválidas' de ESO y Bachillerato un año y medio! desde que tomó posesión del cargo hace ya un año y medio. En agosto de 2015, hizo la primera cesión y separó en un Decreto distinto la evaluación final de Primaria, que entraba en vigor ese curso 2015-2016, de la de ESO y Bachillerato con el objetivo de poder analizar estas dos últimas con más calma ante el rechazo generalizado, ya que su implantación tendría lugar dos cursos más tarde.
El pasado mes de julio, y pese a la fuerte oposición de gran parte de la comunidad educativa y de las autonomías, que reclamaban una moratoria para este curso 2016-2017, el Consejo de Ministros dio luz verde al real decreto que regula estas pruebas de ESO y Bachillerato, tal y como establece la LOMCE. Faltaba la orden ministerial que regula las características de las 'reválidas' en base a ese texto y cuyo plazo de aprobación acaba el martes 30 de noviembre. Esta orden tendrá que ser modificada tras la aprobación del real decreto ley que introduce cambios.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Educación, el borrador del Decreto-Ley tiene que pasar primero por el Consejo de Ministros y después, como proyecto, por el Congreso de los Diputados, para que sea convalidado.
Tras la Conferencia Sectorial de este lunes, el ministro va a comparecer por primera vez en esta Legislatura en la Comisión de Educación del Congreso de Dioutados el próximo miércoles por la tarde, donde informará a los diputados de lo acordado con los consejeros y hablará del pacto educativo, sobre el que se ha mostrado optimista desde el principio. Al día siguiente, el jueves 1 de diciembre, según fuentes parlamentarias, la Comisión de Educación aprobará la creación de la Subcomisión parlamentaria para el pacto en base al texto conjunto de PP, PSOE y Podemos.
