De los cerca de 10.000 millones de mayor déficit respecto al previsto, casi un tercio lo ha generado la Seguridad Sicial, a pesar de que la hucha de ahorro para las pensiones que dejó el Gobierno de Zapatero el de Rajoy se ha reducido desde entonces casi la mitad, y ahora apenas superan los 30.000 millones de euros. La explicación gubernamental es que la cifra de déficit incluye determinadas operaciones que han influido en la evolución del gasto, especialmente en las comunidades autónomas, como son el gasto derivado del tratamiento de la hepatitis C o el incremento de la inversión pública motivado por la reclasificación de determinados contratos de colaboración público privada. Si se descuentan estas operaciones el déficit se reduciría hasta el 4,8%, en línea con la previsión de la Comisión Europea.
Otro factor que ha influido en la evolución del gasto ha sido la devolución de la paga extra de 2012; descontado su efecto la remuneración de los asalariados ha bajado un 1,24%.El déficit primario de las Administraciones Públicas -que excluye el gasto por intereses- se reduce hasta el 2,1% del PIB a finales del 2015, frente al 2,4% registrado en 2014.
Montoro dijo que este desvío se debe "prácticamente" a las comunidades autónomas, cuyo déficit alcanzó el 1,66% del PIB frente al 0,7% pactado. Por ello, afirmó que el Gobierno tomará "medidas" para paliar en lo posible estas desviaciones autonómicas.La Seguridad Social también cerró por encima, con un déficit del 1,26% del PIB frente al 0,6% previsto inicialmente. Por el contrario, la Administración Central quedó dos décimas por debajo (2,7% frente al objetivo del 2,9%), mientras que las corporaciones locales tuvieron un superávit del 0,44%.
Cataluña registró la mayor desviación autonómica. Su desequilibrio llegó al 2,7%, casi cuatro veces el objetivo del 0,7% comprometido. A continuación Extremadura, con el 2,64% de déficit; Murcia, con el 2,52%; la Comunidad Valenciana, con el 2,51% y Aragón, con el 2,13%, triplicaron el objetivo. Sólo Galicia (0,57%), Canarias (0,54%) y País Vasco (0,69%) cumplieron las previsiones. En medio, pero por encima del 0,7% comprometido, se situaron Andalucía (1,13%), Asturias (1,53%), Baleares (1,52%), Cantabria (1,38%), Castilla-La Mancha (1,67%), Castilla y León (1,33%), Madrid (1,36%), Navarra (1,28%) y La Rioja (1,13%).
Montoro pidió tanto a Cataluña como a la Comunidad Valenciana que sean "más rigurosas" en el gasto y más eficaces en el uso de los recursos públicos puesto que entre ambas absorben casi la mitad de la desviación del déficit público registrado por las comunidades autónomas. Asimismo, el ministro criticó en general el trabajo de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del año pasado, "gobiernos de consenso" que, a su juicio, "parece que no sirven más que para hacer anuncios de gasto". "Eso es perjudicar a la recuperación económica", advirtió.
El titular de Hacienda en funciones señaló que los gobiernos autonómicos no pueden estar lamentándose "todo el día", y añadió que no se exige a estos ejecutivos que hagan ajustes, sino que no aumenten el gasto público, y que empleen los 10.000 millones adicionales en 2016 para pagar el que tiene previsto y están ya ejecutando. Por otro lado, Montoro aseguró que "no ha habido ocultación en absoluto" sobre el incumplimiento del objetivo de déficit en 2015. Argumentó que las cuentas de las diferentes administraciones se dan a conocer mes a mes "en un ejercicio de transparencia que no hace nadie ni en Europa ni en el mundo". No obstante, precisó que "evidentemente es complicado" prever los cierres de las cuentas de las administraciones dada la multiplicidad de las mismas y de los distintos organismos públicos. En este punto, señaló que cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que el déficit sería del 4,5% se trataba de una "referencia genérica".
Por último, Montoro avanzó que en el Programa de Estabilidad que España debe remitir a Bruselas en este mes de abril se mantendrá la previsión de déficit para 2016 del 2,8%, del PIB, lo que implicaría un ajuste de 24.000 millones a lo largo del año. El ministro añadió que comparecerá "pronto" en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso.
Las ayudas financieras a las entidades de crédito que no computan a efectos del cumplimiento del objetivo de déficit han alcanzado los 853 millones de euros en 2015, lo que representa el 0,10% del PIB.
Medidas de disciplina para las autonomías
La CDGAE ha analizado las medidas a adoptar en relación con las CCAA para dar cumplimiento a las Recomendación de la Comisión de 9 de marzo de 2016, que prescribe que España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, en particular, utilizando plenamente, según proceda, los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española para controlar las desviaciones, a nivel de las administraciones locales y autonómicas, de los objetivos respectivos de déficit, deuda y regla de gasto.
Las medidas, previstas en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, responden a la necesidad de responder con urgencia a los requerimientos de la Comisión, y evitar con ello las posibles sanciones que pudieran imponerse en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto España.
Con ellas se pretende un mayor control del gasto de las CCAA incumplidoras de sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, a fin de por estas se corrijan los incumplimientos, y se evite que continúen durante la ejecución presupuestaria de 2016.
Dichas medidas son las siguientes:
- En aplicación de la Ley de estabilidad y respecto a las CCAA incumplidoras que recibieron fondos con cargo al FLA 2015 y aprobaron por tanto un plan de ajuste, exigencia de un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su Presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciban se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto.
- Adopción de un Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos con condiciones adicionales a cumplir por las CCAA adheridas al FLA 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, y que incorporarán la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través FACe, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
- Activación de medidas preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las Administraciones Públicas, para garantizar que los proveedores de estas Administraciones reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales.
- Solicitud a las CCAA incumplidoras, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Estabilidad, y por incumplimiento del objetivo de estabilidad 2015, del correspondiente Plan Económico Financiero que permita en el año en curso y el siguiente corregir la desviación detectada. Además se efectuará una especial vigilancia de la ejecución del Presupuesto 2016.
- Medidas adicionales, para reforzar el marco institucional de la disciplina presupuestaria, como la publicación de los planes de ajuste de las CCAA, de la información sobre la ejecución de la regla de gasto y su cálculo, y de los requerimientos por incumplimiento de la normativa de suministro de información.
Las pensiones, con 3.000 millones más de déficit
Las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo negativo de 16.707,74 millones de euros al cierre provisional del ejercicio 2015 (fue de 13.762,32 millones en 2014), según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Este saldo negativo es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 123.740,29 millones de euros que aumentan sobre el año anterior un 3,55% y unas obligaciones reconocidas de 140.448,03 millones de euros que crecen un 5,40% en relación al mismo período del año anterior.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,59% corresponde a las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 8,41% restante a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad. En cuanto a las obligaciones, el 90,41% ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 9,59% por las Mutuas.
Ingresos
Las cotizaciones sociales han ascendido a 100.492,92 millones de euros, lo que representa un aumento de 1,30 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, que viene originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 2,63% (en el Régimen General el incremento alcanza el 2,96%), mientras la cotización de desempleados registra un decremento del 14,22%.
Las transferencias corrientes totalizaron 15.974,46 millones de euros, un 1,30% más que las acumuladas a la misma fecha de 2014. Los ingresos patrimoniales registran 2.274,08 millones de euros, con un decremento interanual del 13,54%, y las tasas y otros ingresos reflejan la cantidad de 1.096,89 millones de euros, con un decremento interanual del 11,77%.
Gastos
Las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 128.126,30 millones de euros, cifra que representa un 91,23% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas, las
pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzan un importe de 108.225,44 millones de euros, un 3,38% más.
En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 2.166,71 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 1,19%. En Incapacidad Temporal el gasto realizado alcanza un importe de 6.158,23 millones de euros, un 12,53% más que en el mismo periodo de 2014. Continúa el esfuerzo para reducir los gastos de gestión, que se aminoran un 2,95%, según informa también el Gobierno.
A 31 de diciembre las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan un importe de 11.119,03 millones de euros, cifra que supone un decremento del 0,94% respecto al ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y mínimos 9.573,19 millones y a subsidios y otras prestaciones 1.545,84 millones de euros, de los que 1.458,28 millones de euros corresponden a prestaciones familiares.
Cobros y pagos no financieros
En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 122.025,25 millones de euros, con un aumento del 3,86% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, los pagos alcanzaron los 139.082,59 millones de euros, con un aumento porcentual del 4,58%.
