Los dos primeros de esos tres rasgos son asumidos en la metodología del informe y, por tanto, determinan sus conclusiones. El tercero lo añado de mi cosecha porque tuve conocimiento del texto al mismo tiempo que intervenía en la conferencia internacional organizada por la Fundación Carolina sobre Estado de Bienestar y Competitividad; La experiencia europea y la agenda para América Latina, y seguía la también IX conferencia internacional de la Sociedad de Economía Mundial sobre Una mirada a Asía.
Aun cuando comparto con The Economist que la cuestión educativa europea se centra no en hablar de reformas sino en ser capaz de emprender alguna, resulta lamentable la escasa atención pública española a dicho informe, porque la citada Comisión de Financiación Universitaria, constituida por 14 expertos (4 propuestos por los Rectores, 2 por Congreso y Senado, 4 por las CCAA y 3 por el Ministerio de Educación y Ciencia), tenía el mandato de “contribuir a la reflexión nacional, regional y local acerca del papel que juegan nuestras universidades en el desarrollo cultural, social y económico de los territorios. De ese papel, y de su proyección futura, se derivarán conclusiones acerca de los recursos necesarios, sus fuentes de financiación y la evaluación de sus resultados”. Esperemos que el debate se caliente ante la futura Conferencia General de Política Universitaria, donde deberán fijarse los compromisos del Estado, comunidades y también las universidades.
Es igualmente triste que, con pocas y sesgadas excepciones, lo más llamativo haya sido la conclusión de que la Universidad necesita más dinero, aunque el tema ni siquiera ha alcanzado la suficiente fuerza como para aparecer en alguno de los cinco diarios económicos nacionales, como si la educación no fuera con la economía. La cuestión parece reducida a hacer política con las finanzas universitarias. EL MUNDO, por ejemplo, ha resaltado la diversidad de opiniones ante las críticas de las comunidades del PP y el apoyo de las del PSOE, para anticipar que no abordar los temas clave señalados por las primeras, como la liberalización de los precios públicos y el cierre de titulaciones ineficientes demandados sobre todo por Valencia y Navarra, mientras Madrid subraya que vuelven los remedios genéricos para temas clave. EL PAÍS ha presentado el informe desde un editorial como la ocasión para dar a la educación superior un impulso tanto económico como organizativo.
Cierto que el informe recomienda alcanzar en cinco años una financiación del Sistema Universitario español equivalente al 1,5% del PIB (ahora sólo tiene el 1,22%), lo que se traduce en 2.733 millones de euros, de ellos un 20% (547 millones de euros) aportables por el sector privado y el resto por las administraciones públicas estatal y autonómica. Pero hay otras conclusiones sustanciales, como las relativas a la reasignación de recursos para ajustar los dos principales vectores del mercado y lograr una oferta más especializada y personalizada. Y desde luego resulta inveraz atribuir esas mayores necesidades al ya tópico proceso de Bolonia para lograr el Espacio Europeo de Educación Superior, pues la Comisión estima que tal adaptación no debería suponer unos recursos adicionales de más de un 0,10% ó 0,12 % del PIB.
A mi juicio, lo más importante del informe ha sido su intento de situar las reformas en el objetivo de lograr la universidad que demanda la actual economía y sociedad de la información y del conocimiento. Por tanto, el que la sociedad no lo haya percibido así supone un fallo relevante en algo que esperábamos desde hace dos años, pues conviene recordar que el informe fue encargado el 28 de julio de 2004 por el Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria con el fin de revisar “los mecanismos públicos de financiación universitaria”, a cuyo efecto se le encargaron las siguientes tareas:
1ª) Detectar los principales problemas de financiación existentes y plantear los procesos para resolverlos, respetando las competencias de las distintas administraciones.
2ª) Llevar a cabo un análisis de la financiación de las universidades públicas basado en principios sólidos y orientado a la mejora de la eficiencia y la equidad.
3ª) Elaborar un diagnóstico de la situación actual y el horizonte de desarrollo de capital humano y capital tecnológico que corresponde a España en este inicio del siglo XXI, en el marco de la estrategia de Lisboa, y proponer un marco flexible y ofrecer orientaciones que favorezcan el logro de los objetivos de suficiencia, eficiencia, eficacia y equidad de un modelo de financiación.
4ª) Plantear una reforma de la financiación universitaria que considere las tendencias internacionales recientes, potencie la rendición de cuentas, la evaluación de las actividades, etc.
El fallo ha sido más de ausencia de debate y conciencia pública, porque la Comisión cumple aceptablemente con su informe esas cuatro tareas. Pero el que lo haga algo tarde y con demasiados silencios va a pasarnos factura a todos, porque un asunto de tanta importancia y necesaria involucración de las autonomías ni siquiera ha saltado al debate de las próximas elecciones autonómicas, pese a que la mayoría de los presupuestos de las comunidades se gastan en educación o en sanidad. En esta última, el desajuste entre oferta y demanda de carreras es dramático: dice el informe de marras que hay una demanda de enseñanzas de la rama de ciencias de la salud superior en un 270% a la oferta disponible, pero en el resto de las enseñanzas la oferta es mayor que la demanda, desde un 5% para las titulaciones de sociales hasta un 33 % para las experimentales.
Ni siquiera basta para que las propuestas del informe se traduzcan en realidades que el Gobierno central y las comunidades autónomas expresen “voluntad política” de llegar a compromisos concretos en un acuerdo estatal, como han dicho los rectores a través del presidente de su Conferencia, Juan Vázquez. Ese acuerdo debería resolver la financiación, pero no limitarse a ella ni excluir a otros interlocutores y agentes, en especial las propias universidades y las empresas. Por mucho que la reforma socialista de la Ley Orgánica de Universidades aprobada en el 2001 por el PP se hiciera “contra los rectores” y deba completarse cuanto antes con la aprobación de los decretos de acreditación y el de enseñanzas de grado y de postgrado, previstos para finales de mayo, las universidades deberían involucrarse más de lo que lo han hecho en la búsqueda de soluciones complementarias a la financiación, empezando por ser el altavoz que no han sido de ese necesario debate nacional y no limitarse a lamentar su escasa participación en la elaboración del nuevo Plan de Investigación y Desarrollo (I+D) porque tres cuartas partes del conocimiento científico del país “se generan en la Universidad”. Para que se oiga de verdad su voz en el diseño de la política científica tienen que contribuir a la solución de los propios problemas de dinero y de organización sin esperar sólo que las soluciones caigan de arriba o con pedir que las autoridades educativas aceleren el proceso de adaptación al llamado proceso de Bolonia, con la vista puesta en el año 2010, por mucho que esa aceleración sea crucial para que en octubre próximo las universidades deban estar elaborando ya sus planes de estudios con ese horizonte. Si la educación y la universidad están un poco fuera del debate político y social en España como ponen de relieve otra vez las actuales elecciones es porque a los rectores también les ha faltado iniciativa para generar tanto ese debate como el de la más activa participación de la Universidad en los preparativos de la economía del conocimiento.
En este aspecto, que es el que aquí y ahora más nos interesa, al menos el enfoque del informe es acertado en el objetivo de no limitarse solo a revisar las finanzas. Efectivamente, en sus 132 páginas encontramos 8 referencias a la sociedad de conocimiento y una más explicita a la economía del conocimiento, la de la página 52, donde empiezan a enunciarse las propuestas de reformas financieras de una manera efectiva y evaluable objetivamente atendiendo a principios de equidad, eficiencia y eficacia. El primer grupo de ellas hace referencia a la Capacidad de las universidades para impulsar el cambio que requiere la sociedad del conocimiento.
Tras recordar que el Consejo de Educación de la Unión Europea ha declarado que Europa solamente podrá convertirse en una economía del conocimiento muy avanzada si la educación y la formación funcionan como motores de crecimiento económico, innovación, investigación, competitividad, empleo duradero, integración social y ciudadanía, el informe reconoce que esta afirmación “constituye todo un reto para el sistema educativo y en particular para las universidades, a las que presupone una gran capacidad de renovación interna y de transformación de su entorno. La cuestión es plantearse qué instrumentos de financiación son idóneos para que las universidades españolas puedan convertirse en piezas clave del cambio de modelo de crecimiento que el cambio tecnológico y los nuevos desafíos de la competitividad reclaman con especial intensidad en nuestro país. Ello significa reconocer a las universidades una función social y económica mucho más relevante que la desempeñada hasta ahora, al atribuirles un papel destacado en el crecimiento económico basado en las mejoras de la productividad que puedan derivarse de un cambio en la especialización de la economía impulsado por el desarrollo científico y tecnológico y por la innovación, terrenos en los cuales no destacamos en la actualidad”.
El riesgo se deriva, como bien dice el informe, de la débil experiencia de muchas de las universidades para actuar como motores de esta naturaleza de cambio, debido a dos tipos de factores. El primero son los entornos socioeconómicos con una baja capacidad de estimular y absorber los recursos producidos por las universidades, y la debilidad de los enlaces que conectan el interior y el exterior de las universidades. El segundo se refiere a los valores predominantes en la cultura organizativa de las universidades y la desigual calidad de su producción docente e investigadora, que se deriva de los diferentes perfiles de sus recursos humanos y su especialización científica. Por eso las soluciones del informe eluden implícitamente la imitación del modelo norteamericano, donde el gasto por estudiante –más abierto a las empresas y familias– duplica a la media de la UE y triplica al de España –lo que le permite ofrecer mejores índices de excelencia, reconocimiento social y resultados en materia de artículos científicos, patentes y premios Nobel–, aunque como ha reconocido hasta el Financial Times ha fracasado con los pobres, perdedores de la globalización y de su cambio tecnológico excluyente.
Por eso la metodología del informe acierta en emular el comportamiento y los rasgos de los sistemas universitarios que han contribuido al desarrollo social, cultural y económico de sus respectivos países y han logrado resolver con éxito su posición competitiva en la economía globalizada; especialmente los de algunos sistemas de países que comparten, en el contexto europeo, nuestro modelo social: Finlandia, Suecia, Holanda, Dinamarca o Reino Unido. Aunque ello sin dejar de emular tampoco a otros sistemas que, como el norteamericano, pertenecen a países con sistemas sociales y de regulación muy diferentes al nuestro y han logrado un elevado nivel de calidad y de eficiencia, pues sus redactores entienden que “algunas de tales características pueden alcanzarse y que son compatibles con nuestro modelo social”.
Al fijar el espacio de actuación en el contexto mundial, atina previamente en la página 7 al decir que ese contexto es el de la nueva Sociedad del Conocimiento y que “España no puede aspirar a competir en bienes intensivos en mano de obra o en bienes y servicios de menor calidad. Nuestro principal entorno de referencia continúa siendo la Europa de los 15. En él se concentra una proporción superior al 69% de nuestros intercambios comerciales y, además, constituye el escenario donde se encuentran nuestros competidores más directos en la generación de nuevos productos y servicios de alto valor añadido”.
Igualmente, en la página 14, el informe vuelve a incidir en que las principales transformaciones del Sistema Universitario español están basadas en aspectos derivados del cambio social, como son la aceptación generalizada de que la educación, y en especial la educación superior, constituye un activo que capitaliza social y económicamente a los individuos y a la sociedad que invierten en ella; y el reconocimiento del papel estratégico de la educación superior y la I+D+i universitaria. “En una sociedad cada vez más globalizada que presenta un elevado índice de intensidad tecnológica y considera el conocimiento como un factor de capital muy relevante -la Sociedad del Conocimiento- es necesario, para no quedar al margen del desarrollo, un compromiso continuado con la formación, la investigación y la innovación.
Otra referencia a ese contexto objetivo aparece en la página 24, al señalar que las Comunidades Autónomas que vienen aplicando modelos objetivos de financiación, además de dotar de transparencia y certidumbre al proceso de asignación de recursos han avanzado más decididamente en el objetivo de acercar el gasto universitario al de referencia de los países con mejores sistemas universitarios, entendiendo que el aumento del gasto universitario no es un fin en si mismo, sino que es una herramienta para lograr una sociedad más cohesionada, más capaz y mejor preparada para los retos de la sociedad del conocimiento. Asimismo, al enfocar la Visión de la universidad española en la próxima década, dice que reconocer las debilidades que en la actualidad presenta el Sistema Universitario español no implica dejar de destacar los muchos e importantes logros que se han conseguido en las últimas tres décadas, máxime si se considera la escasez relativa de recursos, financieros y de otra índole, con la que se han efectuado las transformaciones que han cambiado radicalmente el elitista, estrecho y aislado sistema universitario que había en España a mediados de los años setenta del siglo pasado. Sin embargo, las exigencias formativas, de investigación y de innovación que demanda la actual sociedad del conocimiento, obligan a las instituciones universitarias y a los responsables de las políticas universitarias a mantener un permanente estado de atención para poder dar respuestas eficaces y eficientes a las demandas que provienen del sector productivo, sin olvidar sus compromisos con el desarrollo cultural de la sociedad a la que sirve.
Casi a continuación, en la página 25, al enumerar los Aspectos a mejorar para alcanzar la visión,indica que el Sistema Universitario español debería incorporar esta visión institucional, incrementando la flexibilidad de sus estructuras académicas y servicios de gestión y mejorando -con rigor- la pertinencia y la calidad de sus productos. “Este esfuerzo ha de realizarse en un contexto internacional que no sólo afecta al ámbito espacial, sino, fundamentalmente, a la tipología de servicios, a los procesos de provisión y a los agentes institucionales que operan en el cada vez más extenso y complejo mercado del conocimiento. En el horizonte más inmediato, el Sistema Universitario español debería mejorar aspectos de su comportamiento que están directamente relacionados con los vértices de la equidad, la eficiencia y la eficacia”.
También al enunciar los obstáculos para impulsar los cambios necesarios, en las páginas 31 y 32 afirma el dictamen que el periodo de expansión e intensificación de la actividad del Sistema Universitario español se ha visto acompañado por la aprobación y promulgación de una amplia y diversa batería de normas que han tratado de dar encaje legal a los cambios estructurales derivados del proceso de descentralización competencial de las actividades universitarias. En este proceso han sido muchas las actuaciones que pueden ser catalogadas como aciertos y que, con independencia de que su titularidad pueda estar residenciada en las administraciones educativas, las instituciones universitarias o los agentes sociales, han permitido que el Sistema asimile los efectos del cambio sin perder completamente la estela que vienen marcando
los países que lideran la sociedad del conocimiento.
Otra mención a la sociedad del conocimiento la encontramos en la página 35, donde al analizar los obstáculos derivados de la regulacióndice que la tardanza que se advierte en la introducción y aplicación de los criterios que definen la calidad institucional, tales como: fiabilidad, aseguramiento, satisfacción del usuario, fidelización, etc., representa un obstáculo que las universidades españolas han de superar para garantizarse una posición relevante en el concurrido, y cada vez más competido, mundo de la sociedad del conocimiento. La demora que se produzca en adaptar las estructuras organizativas de las universidades españolas a las que predominan en los países de referencia acentuará la brecha que en la actualidad se observa al comparar los sistemas universitarios, que no sólo está presente en lo concerniente a la financiación10, sino también en la obtención de resultados.
Igualmente, en la página 43, al estudiar los requisitos para comenzar a remover los obstáculos estructurales y para conseguir potenciar los resultados exigibles, asegura que remover los obstáculos estructurales señalados exige un comportamiento coordinado entre los agentes sociales (empresarios, medios de comunicación, instituciones, sindicatos, etc.), los gobiernos, las propias universidades y los miembros de la comunidad universitaria. En concreto, afirma que del ámbito externo de las universidades, son necesarios, entre otros, sociedad y gobiernos convencidos del papel crucial de las universidades en la adaptación de la sociedad a los desafíos de la globalización y en el aprovechamiento de las oportunidades de la sociedad del conocimiento.
Esa insistencia en lograr que las universidades contribuyan más a una estrategia de progreso basada en el conocimiento lleva en la página 53 a destacar entre las propuestas de la comisión cuatro ámbitos absolutamente relevantes, de la siguiente forma:
�� Formación: preparar a más ciudadanos, y prepararles mejor, para asimilar los nuevos conocimientos, capacidades y aptitudes que exige un ritmo de cambio permanente, rápido y generalizado. Reforzar la formación específica de profesionales claves en este proceso, como son los científicos y los ingenieros, para incrementar su aportación a las mejoras tecnológicas.
�� I+D+i: reforzar la producción de resultados de investigación y la conexión de la misma con la innovación y la empresa. Lograr ambas cosas es imprescindible para poner en marcha el ciclo virtuoso de la innovación, que alimenta de conocimiento al tejido productivo y realimenta con las demandas de las empresas a las instituciones de ciencia y tecnología.
�� Cambio estructural: apoyar la mejora de las empresas y sectores ya existentes que necesitan migrar hacia actividades generadoras de mayor valor añadido dentro de su sector, capaces de soportar mejor los costes. Ayudar a la creación de empresas de base tecnológica, potenciando el espíritu emprendedor de sus titulados y profesionales, sin la presencia de los cuales la aparición de este nuevo tipo de empresas es completamente imposible.
�� Cohesión social: evitando que se genere un nuevo tipo de desigualdad entre ricos y pobres en conocimiento.
*Profesor de Organización Económica Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, UAM
