El Gobierno ha tomado a última hora la decisión -se trata de la disposición novena del real decreto- y la prueba es que esta misma semana el Grupo Popular registraba en el Congreso una proposición no de ley en la que, precisamente, se instaba al Ejecutivo a incorporar en el desarrollo curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato «el papel desempeñado por las víctimas, como representantes de los valores éticos y democráticos frente al terrorismo». Finalmente decaerá, ya que en apenas unos días el Ejecutivo ha recogido la solicitud, pero en la exposición de motivos de esta propuesta está incluida la filosofía que ha inspirado políticamente la medida.
«El valor de la memoria», recoge el texto del PP, supone «la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista». «El recuerdo -añade- es un acto de justicia y, a la vez, un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación del uso de la violencia a través de su deslegitimación social».
Planes de educación
Para hacerlo, además de su incorporación al programa de la ESO y de Bachillerato, el Grupo Popular apela a dos leyes. Por un lado, la Ley de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, donde se regula que las administraciones educativas impulsarán planes y proyectos de educación para la libertad, la democracia y la paz, «en los que se procurará la presencia del testimonio directo de las víctimas».
Y, por otro, el precedente establecido ya en 2014 en el currículo de Primaria, que también ampara la celebración de acciones formativas y de sensibilización social a través de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Se trata de una organización, presidida por Mari Mar Blanco -muy cercana al PP- y que en las últimas semanas ha logrado otro compromiso del Gobierno. El pasado 18 de diciembre, el Grupo Popular introdujo una enmienda de última hora en la Ley del Estatuto de la Víctima que obliga al juez de vigilancia penitenciaria a escuchar a los damnificados antes de realizar cambios en las circunstancias de la condena del preso. El cambio se produjo tras una reunión a principios de noviembre entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y Mari Mar Blanco, en el que la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo pidió esta modificación.
Fuente: El Mundo