Este pronunciamiento no es una sentencia definitiva, sino la opinión del abogado general del tribunal que deberá dictar sentencia probablemente a final del presente año. Sin embargo, los pronunciamientos del abogado general suelen condicionar las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que todos los expertos vaticinan una sentencia favorable a los intereses de la banca española.
Por lo tanto, a partir de ahora los engaños masivos a los consumidores pueden estar protegidos por la justicia. Sólo basta con que ante un gran número de reclamaciones, se alegue la estabilidad económica del país.
A juicio del abogado general, los derechos de los consumidores europeos pueden ser limitados en aras a la estabilidad económica de su país. Da así la razón al Tribunal Supremo español que limitó las reclamaciones por cláusulas suelo de las hipotecas a las cantidades abonadas a partir del 9 de Mayo de 2013, no reconociendo las cantidades pagadas con antelación a dicha fecha.
Los grandes principios jurídicos en los que basábamos nuestra confianza en el sistema democrático se vienen abajo. La igualdad ante la ley ha quedado destrozada ya que a partir de ahora, es mejor abusar de un millón de ciudadanos que de uno. La obligación de protección de derechos los consumidores valen para las tintorerías, pero,una vez más, no para los bancos.
Denunciamos el fallido papel de las autoridades de supervisión y control del sector financiero, por eso legítimamente desprestigiadas, que ni detectan ni paran a tiempo este tipo de actuaciones, que acaban convirtiendo nuestras leyes en papel mojado.
Desde ASGECO seguimos insistiendo en la necesidad de reclamar las cantidades pagadas de más desde el 9 de mayo de 2013. Estas están reconocidas por el Tribunal Supremo Español, pero no se pueden hacer efectivas sin una demanda judicial que obligue al banco a devolverlas, e instamos a los afectados no aceptar promesas de beneficios o recuperación.
ASGECO seguirá informando y luchando para que los 6.000 millones de euros que los bancos han cobrado de más desde la sentencia del Tribunal Supremo Español vuelvan a los bolsillos de sus legítimos propietarios que son los consumidores.
