El Consejo General de Economistas y el Colegio de Economistas de Madrid tomaron la iniciatica de este estudio que considera que el actual sistema de financiación autonómico es “poco transparente” y el reparto de los recursos es “arbitrario”, pues mantiene unas diferencias entre comunidades inexplicables por sus necesidades de gasto, y genera “tensiones institucionales”. En cambio, urgen un modelo autonómico que no penalice al que más recauda
Así lo recoge el Consejo en el informe ‘Financiación autonómica de régimen común: una reforma necesaria’, presentado este martes, en el que señala también que los recursos globales de que disponen las autonomías en estos momentos parecen “insuficientes” para atender los gastos transferidos.
Según los economistas, no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las comunidades autónomas tienen “amplia” capacidad normativa en muchos impuestos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios “alimentan” un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.
Por otra parte, afirman que la cesta de tributos cedidos “no es coherente” con una tributación global de la riqueza, algunos de ellos están “obsoletos” y los tributos propios tienen una regulación “caótica”.
Por todo ello, los economistas realizan una serie de propuestas de reforma, entre las que se encuentra definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.
También consideran necesario cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada comunidad; y revisar la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales impuestos propios, aunque cediendo a las comunidades amplias capacidades normativas.
Consideran, además, que sería necesario incrementar la interacción entre la Agencia Tributaria y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social.
Por último, defienden profundizar en la independencia de la Agencia Tributaria del Ejecutivo y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.
En el documento, el Consejo General de Economistas apuesta por eliminar los denominados fondos de suficiencia y de convergencia, al tiempo que reclaman reducir la contribución obligatoria de las autonomías al fondo de garantía de servicios públicos para que pase del actual 75% de su recaudación tributaria al 60%. Todo ello, con el fin de evitar que, como evidencian en el estudio, los mecanismos de compensación acaben generando una distribución “errática” de lo que cada comunidad recibe por habitante (véase el gráfico).
Problemas y propuestas de reforma
Así, Madrid y Catalunya, pese a encabezar el ranking en ingresos tributarios, quedan relegados al puesto undécimo y décimo respectivamente cuando se tienen en cuenta los recursos per cápita que reciben del sistema de financiación. “No es de recibo que pueda haber una dispersión tan brutal en la financiación por habitante; es necesario un equilibrio entre corresponsabilidad y solidaridad”, opinó Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tanto Rubio como el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, acompañado pordecano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernandez, señalaron además que, a diferencia de anteriores reformas, el debate se plantea sin expectativas de ingresos adicionales por parte del Estado. Ambos concluyeron que, ante esta situación, la condonación total o parcial del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se convierte en una baza para buscar el consenso entre las comunidades.
Entre los problemas del actual sistema, el Consejo General de Economistas destaca los siguientes:
ü Adolece de falta de transparencia: por ser extremadamente complejo, no se entiende.
ü El resultado del sistema es un reparto de recursos arbitrario que mantiene unas diferencias entre Comunidades que no se explican por sus necesidades de gasto.
ü Altera el principio de ordinalidad en el sentido de que, después del reparto, Comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.
ü El reparto arbitrario y el incumplimiento de la ordinalidad se producen porque se quiso mantener el status quo previo a la implantación del nuevo sistema y por la consideración de criterios institucionales.
ü Los recursos globales de que disponen las Autonomías en estos momentos parecen insuficientes para atender los gastos transferidos.
ü No se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las CCAA tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.
ü La cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, algunos de ellos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.
Los economistas realizan una serie de propuestas de reforma, entre las que destacan:
ü Definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.
ü Cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo –y a igualdad de esfuerzo fiscal–, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada Comunidad.
ü Revisar el concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual será la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad.
ü Revisar la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las CCAA amplias capacidades normativas.
ü Rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada Comunidad aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal.
ü Podría plantearse la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así mayor transparencia.
ü Respetar el principio de ordinalidad.
ü Incrementar la interacción entre la AEAT y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social.
ü Profundizar en la independencia de la AEAT del Ejecutivo y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.
