La situación que atraviesa España en materia de desempleo es problemática: junto a Grecia, es el país europeo con unos niveles de desempleo más elevados (23,7% según la última Encuesta de Población Activa –EPA-); uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no encuentra empleo (51,8%); y casi la mitad de los desempleados carecen de prestación. “Ante este panorama dramático, no son pocas las miradas que se han vuelto hacia el sistema de protección por desempleo para intentar determinar las causas de que el porcentaje de desempleados sin ningún tipo de protección, que han quedado al margen del sistema, alcance niveles alarmantes y en qué medida el propio hecho de recibir una prestación puede tener un efecto negativo en el retorno al empleo”, comenta el profesor Daniel Pérez del Prado, del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del departamento de Derecho Social e Internacional Privado de la UC3M.
Estas son, precisamente, las claves sobre las que se asienta un estudio que ha publicado recientemente en la editorial Lex Nova. Su investigación, que se plantea sobre bases metodológicas jurídicas y económicas, se adentra en los principales problemas del sistema de protección por desempleo español: la caída de la cobertura, su incidencia sobre el empleo, su sostenibilidad financiera o su relación con el problema de la dualidad, para proponer soluciones equilibradas desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad.
Entre sus principales conclusiones destacan las relativas a la incidencia en el retorno al trabajo que podría tener la percepción de una prestación. “No es correcto afirmar que la protección por desempleo desincentiva la vuelta al empleo; resulta preciso concretar en qué casos. A este respecto, los datos disponibles parecen poner de manifiesto un distinto efecto según se disfrute de una prestación contributiva o una asistencial y, en este segundo caso, según cuál sea el tipo de subsidio. Además, han de tenerse en cuenta las relaciones entre todos estos factores”, explica Daniel Pérez del Prado, cuya tesis doctoral se centra en el estudio del sistema de protección por desempleo desde una perspectiva jurídico-económica. “Contrariamente a lo que suele pensarse, la cuantía y generosidad de las prestaciones no son el elemento que más desincentiva el regreso a la vida activa; sino que la incidencia fundamental la tendría la duración de subsidios y prestaciones”, señala.
Prestaciones y subsidios
Una prestación contributiva tiene su origen en los seguros sociales. Su duración y cuantía dependen de lo que una persona ha cotizado antes de caer en el desempleo. Por su parte, las prestaciones asistenciales (subsidios) se vinculan a la carencia de rentas. Su duración y cuantía vienen determinados por la ley y son normalmente más exiguos que las prestaciones.
Según el estudio, los subsidios por desempleo solo producen un efecto negativo en la búsqueda de trabajo en el caso de determinadas prestaciones largas o cierto encadenamiento de prestaciones que dan lugar a periodos de paro prolongado. “De existir desincentivo, este se relaciona más con la duración que con la cuantía de la prestación, lo que nos permitiría corregirlo mediante la aplicación de medidas adecuadas en el ámbito de las políticas activas de empleo”, aclara.
Precisamente un mayor desarrollo de las políticas activas de empleo en España junto con la reforma del nivel asistencial de protección destacan entre las propuestas de mejora del sistema. “Aunque el gasto ha aumentado notablemente porque se ha disparado el desempleo, el sistema no tiene un problema de déficit estructural. Si a ello le añadimos que la intensidad de la protección por desempleo es intermedia en el nivel contributivo pero baja en el asistencial en relación con otros países europeos, podemos ver claramente que es por el nivel asistencial por donde nos estamos ‘desangrando’ y por donde podemos mejorar exponencialmente la capacidad de protección del sistema”, concluye el profesor.
Fuente: UC3M
