Se trata de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, organizaciones que anunciaron en rueda de prensa (imagen superior) ir de la mano a la manifestacion ante la sede de Muface y a la entrega de miles de quejas al Defensor del Pueblo por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España.
Estas tres mutuas también recibirán las quejas, alnifual que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien en febrero actuó de oficio con las mutualidades de funcionarios para obtener información sobre los recortes detectados tras la firma del nuevo concierto con las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los mutualistas y sus beneficiarios, incluidos los pacientes oncológicos, algunos de los cuales han denunciado en caso en medios como Ibercampus.
Los tres sindicatos exigen a las mutuas que asuman su responsabilidad e informen con transparencia del número total de afectados por estos recortes, además de amplíar el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria.
Según el presidente de CSIF, Miguel Borra, y los datos de las tres organizaciones a través de 5.000 encuestas, el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. Si hablamos de la pandemia, un 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección de covid. Hemos perdido especialidades, se han reducido nuestros cuadros médicos, se han retirado grupos hospitalarios de asistencia, hemos tenido problemas de autorización ante intervenciones médicas y se ha reducido la cartera asistencial, dijo.
Estas pérdidas generan otras indirectas para los funcionarios mutualistas: más desplazamientos y burocracia mayores istas de espera. Las áreas más afectadas son las de Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana. Entre ellos destacan cualitativamene los enfermos de cáncer, muchos de los cuales no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales y tendrán que buscar otras alternativas, después de haberse tratado durante años con el mismo equipo médico.
Para los pacientes de cáncer, solicitan a las mutuas que faciliten el número de personas atendidas por esta enfermedad en 2021 y cuántas de ellas siguen en tratamiento. Y finalizan exigiendo una solución efectiva para aquellas personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones.
Ante esta situación, CSIF, Jupol y Jucil no descartan emprender acciones jurídicas por “el incumplimiento” de la continuidad asistencial que establecen los conciertos. Además, han anunciado la convocatoria de protestas ante la merma de derechos sanitarios, cuyo origen no eso otro que la infrafinanciación por parte del Estado. En este punto, hacen hincapié en que “el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas”. Sea como fuere, la primera de las protestas será el próximo 18 de abril a las 12:00 horas, ante la Dirección General de Muface.
Policías y guardias civiles, entre los funcionarios mutualistas más afectados y sensibles
El secretario general del sindicato policial Jupol, Aarón Rivero, dijo que llevan tiempo haciendo hincapié en la pérdida de condiciones sanitarias que tienen policías y guardias civiles (…).No tenemos la suficiente aportación para Muface, lo que supone una pérdida muy importante en los derechos asistenciales y sanitarios de los policías. Las encuestas realizadas a 2.000 policías confirman la efectiva pérdida de las coberturas, a pesar de que el mutualismo es un derecho de los funcionarios y es una obligación del Gobierno mantenerlo.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Guardias Civiles Jucil, Ernesto Vilariño, calificó de sangrante los casos que frenan los tratamientos oncológicos. Añadip que, en el caso concreto de los guardias civiles, la dispersión rural de su colectivo hace que muchos agentes tengan que hacer desplazamientos de más de 50 kilómetros para continuar con sus consultas y tratamientos médicos.
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