España es uno de los países desarrollados que menos favorece fiscalmente a la familia y que tiene una fiscalidad mayor sobre el trabajo, según datos de la OCDE. Además, un Decreto-Ley elevó hace apenas cuatro meses las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores, además de reducir los beneficios sociales facilitados a estos por aquellas.
Las extensas críticas a las incoherencias del citado Decreto-Ley no solo fueron compartidas por todos los grupos de oposición, que votaron en contra de su convalidación, sino por las principales fuerzas empresariales y sociales, empezando por los presidentes de la patronal CEOE y de las pequeñas y medianas empresas, CEPYME. También las comunidades autónomas comparten esas críticas, y no solo Madrid y Cataluña, que son las más afectadas: el País Vasco aprobó por las mismas fechas esa subida de la carga fiscal una modificación que mantiene las exenciones fiscales de los vales de comida en las tres provincias vascas.
Pese a todos estos problemas, incluido el de la ruptura de la unidad de mercado cuando esta acaba de ser objeto de otra ley del Gobierno de Rajoy apoyada por el PP y rechazada por diversas comunidades autónomas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, declaró la semana pasada que el polémico Decreto-Ley será objeto de leves modificaciones. Pero ahora va a necesitar cambios más sustanciales si el Ejecutivo quiere cumplir todos sus objetivos de carácter social al coordinar los trabajos del Plan Integral de la Familia y el contenido social de la reforma fiscal.
Para ello, de momento, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mantenido una reunión de trabajo con los titulares de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y con el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, para ultimar la elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Familia, que será aprobado en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, antes que la ulterior reforma fiscal.
La vicepresidenta se ha comprometido a que ambos tengan una profunda orientación social, primando el apoyo a la familia y a las clases medias, así como la creación de empleo. Ello requerirá eliminar la reciente extensión de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas a los vales de comida, guardería, transporte e informática facilitados diariamente por cerca de 50000 empresas a casi 600.000 trabajadores, pues según un estudio de la universidad de Barcelona crean y mantienen unos 30.000 empleos, además de lograr aumentos de recaudaciones fiscales muy superiores a las exenciones fiscales destinadas a ellos, y reducciones del gasto público en cantidades muy superiores a las anteriores.
Muchas de las cuestiones que se pretenden fomentar son precisamente aquellas que el sistema de vales y tarjetas promueve. No se trata solo de las ya citadas. Además, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, al igual que el sistema de vales, estará centrado, prioritariamente, en favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la inclusión social y la igualdad entre grandes y pequeñas empresas, así como afrontar los retos demográficos, como el envejecimiento de la población, y promover un desarrollo social impulsado desde lo fiscal, según uno de los mandatos dados por el Gobierno a la comisión de expertos para la reforma fiscal.
Contará para ello con varias líneas estratégicas, entre las que destacan las siguientes: el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad familiar, laboral y personal, para favorecer el acceso y permanencia en el mercado de trabajo; la mejora de la protección a las familias, incidiendo especialmente en el propósito de atajar la pobreza infantil, en línea con los objetivos del Plan de Inclusión Social; o la potenciación de aquellas medidas que ofrezcan un entorno favorable y positivo a la vida familiar.
Algunos de estos temas y el de cómo afrontar durante la campaña electoral de las elecciones europeas las críticas de la oposición y de diversos informes internacionales al impacto en la desigualdad de los recortes de educación y pensiones serán tratados mañana martes en la reunión que Rajoy presidirá del Comité Ejecutivo del PP. El presidente del Gobierno tiene previsto implicarse personalmente en una campaña en la que, según avanzan los diarios, los populares exhibirán las cifras macroeconómicas y la evolución positiva de la tasa del paro para hablar de recuperación y creación de empleo.
