jueves,18 agosto 2022
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Total prioridad antifraude para financiar educación y salud

Podemos propondrá en su programa económico una policía fiscal capaz de entrar en todas las entidades

Redacción
Podemos propondrá en su programa económico reformar la Constitución para dotar a la policía fiscal que crearía de capacidad para entrar en las sedes sin mandato judicial, según fuentes que han tenido acceso a los documentos finales que prepara el partido de Pablo Iglesias para iniciar su debate electoral. En cambio, no aparece en esos textos derogar la reforma de PP y PSOE que dió máxima prioridad desde el año 2011 al pago de la deuda pública, ni tampoco las de reestructurar o renegociar esta.

A la pregunta de por qué suprimir el mandato judicial de las sedes mercantiles o de las empresas y no de los domicilios privados, un experto aclaró a Ibercampus que actualmente solo está protegido constitucionalmente según la propia doctrina del Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución Española de 1978 el espacio empresarial que se parece al domicilio particular. El resto, y en especial los domicilios privados de personas y familias, no tienen esa protección dada por los intérpretes de la actual Constitución española.

Cuando los máximos casos de corrupción y fraude fiscal de los últimos años han escandalizado a los españoles y dado un vuelco a las expectativas políticas, pero apenas han avanzado en condenas y recuperación de lo defraudado o estafado, pero sí han supuesto condenas de expulsión de la carrera a Garzón y Silva, los primeros jueces en investigarlos, la próxima semana Ciudadanos y Podemos (dos partidos emergentes que en poco tiempo han alcanzado casi un 40% de las expectativas de voto en algunas encuestas), presentarán el programa fiscal y económico de carácter nacional, en cuyo marco se situarán sus programas para las elecciones regionales y municipales de mayo. Ya se han filtrado a la prensa algunas de las medidas en impuestos y lucha contra el fraude que estudian PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos, pero faltan las principales. 

La máxima prioridad de la reforma fiscal de Podemos sería luchar contra el fraude para poder financiar educación, salud e infraestructuras. Ya con los frutos de esa lucha, Podemos introduciría antes de terminar la primera legislatura la Renta Básica de Ciudadanía (RBC) de hasta 7.500 euros al año por adulto y un 30% para los menores. No obstante, junto a las modificaciones tributarias a proponer, estima el iImpacto de algunas medidas incluidas en el programa, entre ellas el nuevo tipo del 35% en el impuesto sobre sociedades, para aumentar los ingresos en 13.943 millones de euros, uni impuesto sobre transacciones financieras para alcanzar otros 5.000 millones, un impuesto sobre el patrimonio para elevar la recaudación en 3.399, y la reforma del impuesto sobre hidrocarburos y carbón para obtener adicionalmente 5.200 millones de euros. Sólo con estas propuestas pretende elevar los ingresos públicos entre ahorros y mayor recaudación por un total de 27.542 millones de euros.

Podemos, creado hace apenas un año, pretende presentar la propuesta programática más ambiciosa y concreta en material fiscal. Para ello, ha contado con el documento básico inicial pedido a los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, ya publicado a finales de año. Pero los nuevos documentos que circulan entre los principales líderes del partido son mucho más detallados, en especial en el ámbito fiscal, donde el partido de Iglesias, Monedero, Errejón, Bescansa y otros profesores de la dirección de Podemos ha contado con ayuda de la asociación profesional de inspectores de Hacienda y del sindicato profesional Gestha. Muchos de los principales planteamientos concretos e incluso objetivos de ambas organizaciones aparecen en los documentos finales a debate, más allá de expresiones de síntesis como esta:

Prioridades fiscales

"Las políticas fiscales  coordinadas por las instituciones supranacionales según las decisiones democráticamente adoptadas por los pueblos, han de generar recursos tributarios suficientes, de acuerdo con sistemas fiscales progresivos y que contribuyan al sostenimiento del medio ambiente, para impulsar inversiones en infraestructuras tecnológicas, educativas y físicas que permitan la creación de empleo sostenible y de calidad".

En esos documentos se precisa que la obtención con justicia de ingresos fiscales suficientes para preservar el Estado social, garantizar la estabilidad financiera y reactivar la economía ha de plantearse en el marco de un conjunto de principios que habrían de ser incorporados a la ley de leyes resultante de un proceso constituyente  y que esbozan a continuación de este modo:.

"El derecho a la atención sanitaria pública, a una pensión digna que no pierda poder adquisitivo, a una educación pública de calidad, a la vivienda, a prestaciones por desempleo suficientes, a la atención a las personas dependientes y a la actividad reproductiva formarán parte de los derechos fundamentales a recoger en el título I de la Constitución española. Cuando se hace referencia a que la prestación ha de ser pública se debe entender que será financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado y los de las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias"

En esos documentos se indica también que la deuda pública será auditada anualmente para asegurar que el gasto que financia responde a una asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos, aunque no se fija el objetivo ni la prioridad de derogar la reforma de la Constitución de PSOE y PP, ni tampoco de reestructurarla. Sí dicen que "la Deuda declarada ilegítima determinará la exigencia de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar. Los créditos para atender el servicio de la deuda pública auditada se entenderán siempre incluidos en los estados de gastos de los presupuestos".

Tras precisar en esas prioridades que "se regulará por Ley la participación directa de los ciudadanos en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado" y "un precepto idéntico deberá formar parte de la legislación presupuestaria de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales", uno de los documentos principales del programa económico final de Podemos dice textualmente:

"El fraude fiscal es la principal fuente de injusticias e ineficiencias. Por lo que respecta a las personas físicas, cada euro no pagado por los defraudadores es soportado por los contribuyentes honrados en forma de mayores impuestos. Desde la perspectiva de las empresas, el fraude desvirtúa la libre competencia y pone en situación de desventaja a los empresarios y profesionales que cumplen con sus obligaciones".

Para ello, Podemos propone que la redacción del artículo 18.2 de la Constitución sería del siguiente tenor: El domicilio de las personas físicas es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.Los órganos del estado encargados de la aplicación de los tributos, de la legislación laboral y de las leyes antimonopolio podrán entrar en los domicilios de las sociedades mercantiles y en las sedes de las empresas para el cumplimiento de sus funciones en los términos establecidos por la ley”. Pero a continuación se puntualiza que esta primera propuesta, dado el rango de la norma de cobertura y en cuanto que se trata de una materia que afecta a los derechos fundamentales, se haría efectiva en el marco de un eventual proceso constituyente, sin descartar la posibilidad de hacer una modificación urgente basada en un proceso similar al que determinó la modificación del artículo 135 de la Constitución en el verano de 2011, pero con la debida publicidad y debate parlamentario.

Añade Podemos al respecto que ha de "crearse una policía fiscal, de la que constituye su embrión los funcionarios de Vigilancia Aduanera (los que la semana pasada registraron y detuvieron por orden judicial a Rodrigo Rato), "medida que se previó en la ley de creación de la AEAT en 1991. Debe de reconocerse legalmente a la AEAT la competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública. Se propone modificar la Disposición Adicional Segunda  de la Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre, de represión del contrabando que extienda la autorización del pago a confidentes en las investigaciones no solamente relacionadas con la represión del contrabando sino en general con las manifestaciones más graves del fraude fiscal".

Renta Básica de Ciudadanía

 

En cuanto a la citada renta básica para reducir el que uno de cada cuatro españoles esté en situación de pobreza, Podemos dice que "el trabajo recientemente publicado por los profesores Arcarons, Domenech, Raventós y Torrens aporta evidencias significativas de que es posible financiar una Renta Básica de Ciudadanía (RBC) en toda España que alcanzaría el importe de 7.500 euros al año por adulto y un 30 por 100 de esa cantidad para los menores, que tienen así su propia renta.

La RBC  podría financiarse, según estos autores, con el importe ahorrado de las prestaciones públicas monetarias inferiores a la RBU más la recaudación obtenida como consecuencia de la aplicación de un tipo impositivo único del 49,5 por 100 a las rentas declaradas cualquiera que fuera su naturaleza, computando como gastos deducibles la RBC, las cotizaciones a la seguridad social y los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos de actividades económicas y profesionales. Que la simulación haya utilizado un tipo único no quiere decir que no sea posible aplicar una tarifa progresiva con un número suficiente de tramos que ajuste lo más posible la progresividad y evite saltos en la misma, tal como se recoge en el apartado dedicado a la reforma del IRPF. La tarifa deberá diseñarse además de manera que el tipo efectivo aplicado sobre las rentas obtenidas después de deducir la propia RBU en ningún caso incrementará la tributación actual de las rentas salariales bajas y medias.

Debe quedar claro que la financiación de la RBC no supone la afectación de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero sí que técnicamente debe realizarse a través de este impuesto, en la medida en la que la cuantía de la RBC operaría como un mínimo exento. Tras esto se fija el objetivo programático:

"Proponemos por ello la implantación de la RBC durante la legislatura una vez constatada la efectiva recaudación de los recursos que han de generar las modificaciones del sistema tributario propuestas y hayan desplegado su virtualidad las medidas contra el fraude  que más arriba se han expuesto".

Reforma educativa y cambio de la opinión pública

 

Señalan también esos documentos que un complemento imprescindible de la reforma fiscal, incluso sin ella, es la reforma educativa y el cambio de la opinión pública. Por ello "nos parece fundamental que desde la escuela se enseñe que los impuestos son el “precio” de los servicios públicos y que cumplen también una función redistributiva, pero sobre todo son una condición necesaria de la ciudadanía en las sociedades capitalistas en las que vivimos. Y como complemento para los adultos, sería bueno incluir información en la declaración del IRPF sobre las principales partidas de gasto público en términos de la clasificación funcional en los últimos cinco años, medidas a las que se añade la siguiente precisión textual: 

"Esta es la única forma de contrarrestar la opinión dominante, entre los economistas y los políticos que les escuchan, de que los impuestos suponen una carga y una pérdida irrecuperable de eficiencia y, por tanto, es el momento de recuperar a la opinión pública ciudadana".

 

Objetivos de recaudación

 

El objetivo principal de Podemos es equiparar la presión fiscal española a la europea, al igual que el Estado de Bienestar. Para ello, los números de su programa económico indican que, además de los 27.542 millones anuales a aportar por los cuatro nuevos impuestos antes citados, quedarían 49.474 millones para igualar a la recaudación media de los otros 27 países de la Unión Europea y 63.038 millones para igualar a la recaudación media de los otros 17 países del área euro.

No obstante, matizan los documentos que en 2012 la brecha fiscal en el IRPF fue de 31.905 millones de euros (resultado de aplicar el tipo medio de ese año a los ingresos no declarados) y la brecha fiscal en el IVA fue de 27.591 millones de euros, por lo que en total se dejaron de recaudar 59.496 millones de euros por los dos impuestos. "Por lo tanto, si se consiguiera en los cuatro años de legislatura eliminar todo el fraude fiscal, nos acercaríamos a los ingresos tributarios a la media de los otros 17 países del área euro (faltarían 3.542 millones). Este es un objetivo muy ambicioso, por lo que podrían fijarse objetivos más modestos, por ejemplo un objetivo intermedio sería igualarse a la media de la recaudación de los otros 27 países de la Unión Europea, lo que supondría reducir el fraude estimado en el IRPF y en IVA en un 83 por 100. Todo depende por tanto del éxito que tenga el gobierno y la sociedad española en la reducción del fraude fiscal".

También tienen en cuenta los redactores de este programa económico que las cifras señaladas anteriormente no incluyen la recaudación derivada del proyectado gravamen sobre la renta del suelo rústico y urbano, ni la procedente de la recuperación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en los territorios cuya aplicación se halla prácticamente suspendida, ni el ahorro por la prohibición de las operaciones a corto contra la deuda pública, ni el incremento de recaudación derivado de la supresión de los topes de las bases de cotización a la Seguridad Social.

El punto de partida para ello es conocer cuál es la diferencia entre lo que se recauda en España y lo que recaudan los países de nuestro entorno económico y social. Utilizando los datos de 2012, los últimos disponibles (Eurostat, Taxation Trends in the European Union, edición 2014) España recaudó por tributos un 32,5% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la media de los 28 países de la Unión Europea excluyendo, como debe hacerse, a España, por lo tanto la media de los 27 países restantes, fue del 40% del PIB. Y la media de recaudación de los 18 países del área del euro, excluyendo, como debe hacerse, a España, por lo tanto la media de los 17 países restantes, fue del 41,3% del PIB: "Si España hubiera recaudado el mismo porcentaje del PIB que la media de los 27 restantes países de la Unión Europea, hubiéramos dispuesto de 77.016 millones de euros más. Y si se hubiera recaudado el mismo porcentaje del PIB que la media de los 17 países restantes del área euro, hubiéramos dispuesto de 90.579,8 millones de euros más".

Como contraste a estas estimaciones, dicen los redactores de los documentos finales que puede cuantificarse el aumento de recaudación de algunas de las propuestas. Por ejemplo, en 2012 GESTHA estimó que el establecimiento de un tipo del 35 por 100 en el impuesto sobre sociedades proporcionaría 13.943 millones adicionales de recaudación. El impuesto sobre transacciones financieras proporcionaría 5.000 millones de recaudación. El restablecimiento del impuesto sobre el patrimonio proporcionaría unos 3.400 millones. Según las estimaciones de la Fundación ENT, la reforma de los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre el carbón proporcionaría 5.200 millones de euros anuales. GESTHA estima que la prohibición de operaciones a corto contra la deuda pública proporcionaría 1.400 millones de ahorros.

Las propuestas de los otros partidos

Frente a estas propuestas de Podemos, que concretan las anticipadas sobre la imposición de la riqueza y la de convertir el IRPF en un impuesto extensivo que someta a una misma tarifa todos los tipos de renta (ahorro y trabajo), acabar con el régimen de módulos, e eliminar deducciones como las desgravación por tributación conjunta de los matrimonios, elevar el tipo efectivo a las grandes empresas en Sociedades (medidas que proponia Podemos ensu programa para las elecciones europeas y que no estaban en el documento elaborado por los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres, como un IVA del 35% para los productos de lujo o la supresión de las Sicav -sociedades de inversión colectiva que tributan sólo un 1%, los otros partidos han presentado hasta ahora con cuentagotas sus compromisos fiscales a presentar en las próximas elecciones. A continuación aparece la síntesis de esos anticipos realizada hoy por ABC: 

PP. 1. Bajada de IVA cultural y más guiños fiscales: Junto a la reforma fiscal, el Gobierno maneja nuevas rebajas impositivas de cara a las próximas elecciones generales. El aumento de la recaudación -el año pasado se ingresaron por impuestos 174.987 millones, máximos que no se veían desde antes de la crisis- y la revisión al alza de las estimaciones de crecimiento hacen pensar al Ejecutivo en que haya margen para estas medidas. Según adelantó ABC hace un mes, el Ejecutivo sopesa rebajar el IVA a los espectáculos culturales del tipo general en el que tributa en la actualidad, del 21%, al reducido del 10%. Antes de la subida del impuesto en 2012, las entradas de cine, conciertos y demás tributaban a un 8%. Sin embargo, el alza fiscal aumentó el tipo reducido del 8% al 10% y el general del 18% al 21%. Esta rebaja del impuesto también beneficiaría a los toros, peluquerías y productos de parafarmacia. 2. Segunda parte de la reforma fiscal: La reforma fiscal entrará en vigor en dos tiempos: la primera parte en 2015 y la segunda, en 2016. Para el año que viene, el Impuesto de la Renta bajará sus tipos marginales del 20% hasta el 47% en el que se mueve la tarifa en la actualidad hasta el 19% y el 45%. Esta rebaja se aplicará en el 50% de la escala que controla el Estado, mientras que la otra mitad del impuesto dependerá de las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, el tipo nominal, que este año bajó del 30% al 28%, en 2016 se reducirá al 25%.3. Modelo de financiación: El plan del Gobierno contemplaba aprobar la reforma fiscal de la mano de la del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, finalmente la postergará para el año que viene. Hacienda evaluará el nuevo modelo de financiación desde julio.

PSOE.1. «Equiparar» el IRPF del ahorro y el trabajo: Como asegura el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha, el programa del partido pretende recaudar más para reducir el déficit y sostener el Estado del Bienestar. Para ello el PSOE quiere integrar en el IRPF el Impuesto sobre el Patrimonio, además de «equiparar» los tipos de las rentas del trabajo y del ahorro, «para que pague menos la clase media y más la alta». En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, De la Rocha explica que pretenden introducir un mínimo elevado, «lo suficientemente alto para que no afecte a la clase media». «Por debajo de este mínimo, las comunidades autónomas no podrán bajarlo más». Además, el PSOE quiere establecer en Sociedades un tipo mínimo compensable del 15% que eliminará muchas deducciones. Y proponen bajar el IVA cultural al 5%, así como el de productos sanitarios como pañales. 2. Agencia Tributaria independiente. El PSOE incorpora la petición de la organización de inspectores de Hacienda de elegir al director de la Agencia Tributaria en el Congreso de los Diputados. «Se elegiría por seis años, más que una legislatura. Además eliminaríamos los cargos políticos para asegurar la independencia de la agencia», dice De la Rocha. En las Sicav, fórmula de inversión para las grandes fortunas que tributa al 1%, De la Rocha asegura que no subirán el tipo pero sí lucharán contra el fraude, dando competencia a la Agencia Tributaria. Además, piden los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal. 3. Sistema federal y transparente. «Nos gustaría una reforma federal, idealmente acompañada de una reforma de la Constitución. Mejorar la predictibilidad del sistema, que no haya un decalaje de dos años entre la recaudación del Estado y la liquidación con las comunidades y aumentar la corresponsabilidad», apunta De la Rocha, sobre el sistema autonómico.

Ciudadanos. 1. IVA general del 18% y reducido del 7%: La formación liderada por Albert Rivera presentó su programa fiscal el pasado martes 21 de abril. Una de sus propuestas consiste en bajar el tipo general del IVA del 21% al 18%, el reducido del 10% al 7% y eliminar el tipo superreducido al que tributan sobre todo los productos de primera necesidad. Esta subida del IVA parcial se aplicaría junto a una bajada del Impuesto sobre la Renta, que quedaría reducido de los cinco tramos actuales a tres. Los tipos quedarían en el 18% hasta 22.500 euros, en el 28% entre 22.500 y 75.000 euros y en el 42% a partir de 75.000 euros. Además se eliminarían numerosas deducciones y se recaudarían 12.592 millones menos en IRPF. En cuando al Impuesto de Sociedades, Ciudadanos propone bajar el tipo nominal del 28% al 20%, pero eliminando deducciones y aplicando un mismo tipo a pequeñas y grandes empresas. Ello provocaría un aumento de la recaudación por esta figura de 4.534 millones. Además, sugiere un Impuesto de Patrimonio con tipos más bajos que los actuales y un mínimo exentos de 1 millón de euros. Este mínimo exento se repetiría en el Impuesto sobre Sucesiones, que armonizarían entre comunidades. 2. Renta complementaria: Asimismo, la formación propone una renta complementaria para aquellos que menos ganan con un coste de 7.800 millones de euros. Este complemento puede alcanzar los 5.500 euros por hogar.3. Lucha contra el fraude: recaudar 22.000 millones: El año pasado la Agencia Tributaria recaudó el máximo histórico por la lucha contra el fraude: 12.318 millones. Ciudadanos promete elevar la cifra a 22.000 millones. Para ello, controlará las Sicav, sociedades de inversión colectiva para las grandes fortunas que tributan un 1%, a través de la Agencia Tributaria y no de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, asegurará que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 paguen un 10% de lo declarado a Hacienda. Si bien este era el tipo que marcaba el Fisco para regularizar lo hacía sobre los ejercicios no prescritos, por lo que finalmente sólo se pagó un 3%. Además, obligarán a los establecimientos a permitir pagar compras superiores a diez euros con tarjeta.

UPyD.1. Menos impuestos y menos deducciones: En su propuesta de reforma fiscal, el partido de Rosa Díez (imagen) recomienda rebajar la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 20%, pero limitando la exención de los ayuntamientos. Asimismo piden una reducción de un punto en los tipos de gravamen del IRPF en los tramos más bajos de la escala y evitar que los que ganen menos de 14.000 euros paguen impuestos, además de una «convergencia» entre el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital. También sugieren la integración en un mismo impuesto de Renta y Patrimonio. En cuanto al Impuesto de Sociedades, el partido defiende evitar el «efecto salto» en los tipos de gravamen entre grandes y pequeñas empresas. Y reclaman una bajada paulatina de dos puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este coste se compensaría al ahorrarse el Estado las bonificaciones a las distintas modalidades de contratación, ya que UPyD recomienda un contrato único indefinido. Además proponen bajar un 10% el Impuesto especial sobre la electricidad, aumentar la tributación a coches y yates y suprimir el impuesto a los depósitos bancarios. También defienden la eliminación de diputaciones y otros entes públicos. 2. Pagos con tarjeta de más de diez euros: En la lucha contra el fraude, UPyD propone que toda compra de más de diez euros se pueda pagar con tarjeta. También recomiendan elegir al director de la Agencia Tributaria en el Congreso y aumentar el personal del organismo.

Izquierda Unida.1. Impuesto especial al lujo:.Las propuestas fiscales de IU recogen un tipo del 35% en Impuesto de Sociedades para los beneficios de más de un millón de euros, además de limitar las deducciones a un máximo del 3% de la base imponible y del 5% complementario si se crea empleo estable. También recomiendan un impuesto especial para los productos y servicios de lujo. También están de acuerdo con tributar en la misma base imponible las rentas del trabajo y del capital en IRPF, consolidar el aumento del gravamen complementario que el Gobierno subió en 2011 así como limitar el sistema de módulos a las actividades que sirven sólo a clientes finales y a los dos primeros años de actividad. En cuanto al IVA, el programa de IU recoge que compresas, industrias «realmente» culturales y ciertos medicamentos tributen al 4%.2. IBI a edificios desocupados:El partido también apuesta por un aumento al 100% del recargo en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cuando exista desocupación, al margen de iglesias católicas. Asimismo, el partido de Alberto Garzón (imagen) propone una reforma del Impuesto de Actividades Económicas con un tipo simbólico para las pymes del 0,0001% y una simplificación de la figura tributaria. Además piden un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la llamada «tasa Tobin», que será sustituido por un tributo a escala europea. En cuanto al modelo autonómico, reclaman una reforma federal pero con igualdad en el acceso a los servicios.

 

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