España agradece al Secretario General de Naciones Unidas los esfuerzos que viene realizando en el contexto de su política de tolerancia cero ante estas conductas inaceptables, tanto en el ámbito de la prevención como en los de protección y medidas correctivas, incentivando una mayor rendición de cuentas, así como su compromiso de hacer públicos los casos de explotación y abusos sexuales que pudieran ser cometidos por el personal de las Naciones Unidas. Asimismo, España valora muy positivamente las numerosas medidas propuestas por el Secretario General en su reciente Informe sobre medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales, incluida la repatriación de todo un contingente si el país contribuyente de efectivos no investiga ni coopera con las Naciones Unidas, de acuerdo con lo que establecen sus acuerdos con esta organización.
España da la bienvenida al reciente nombramiento por el Secretario General de Naciones Unidas de Jane Holl Lute como "coordinadora de los esfuerzos dirigidos a dirigidos a impedir la repetición de esos abusos en las misiones de paz de la ONU". Nuestro país apela a una mayor coordinación de todo el sistema de Naciones Unidas en aras de la eficacia en los esfuerzos de prevención, transparencia y depuración de responsabilidades.
El Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad especial cuando se producen casos que empañan la credibilidad y la legitimidad de Naciones Unidas y amenazan la encomiable labor que realizan sus Misiones de Paz. Consideramos que la respuesta debe ser conjunta y contar con la colaboración de todos, articulada en torno a los ejes de prevención, investigación y rendición de cuentas.
España alienta a la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en las Misiones de Paz, como está recogido en la Resolución 2242, adoptada bajo presidencia española el pasado mes de octubre. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso a "repatriar de forma inmediata a cualquier miembro de nuestras misiones en el exterior objeto denuncias por agresión sexual, para que sea juzgado por un tribunal español en el plazo máximo de seis meses", conforme a las recomendaciones del Secretario General.
Como señaló el Embajador Representante Permanente de España, Román Oryazun, durante la sesión de ayer, "hay civiles que son objeto de abusos y explotación sexual por parte de algunos individuos que debieran asegurarles protección. Estas víctimas tienen nombre. Lo mínimo que merecen es la rápida reacción de este Consejo y nuestro atento seguimiento."
Fruto de esta preocupación, está prevista la adopción por el Consejo de Seguridad de una Resolución, la primera íntegra y exclusivamente dedicada a los abusos y explotación sexuales, con el que se mandará un mensaje claro y robusto a los perpetradores de tolerancia cero ante estas conductas.
