Los rectores calculan que la decisión afecta en este momento a “cientos de catedráticos y titulares de Universidad”, que se habían preparado para optar a una plaza. Las más afectadas por volumen de plazas son la Universitat de València (más de 50), todas las universidades andaluzas (excepto la de Málaga), la Jaume I de Castellón, varias gallegas o la Autónoma de Madrid.
El Gobierno justifica esta medida insólita en el funcionamiento del sistema público universitario -a través de la apertura de diligencias ordenada por el Tribunal de Cuentas, “en base al Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria” que prohíbe durante 2012 “la incorporación de personal nuevo en el sector público”. En el burofax también se alega que la Ley de Presupuestos de 2/2012, de 29 junio establece una tasa de reposición del 10% para los cuerpos de personal docente e investigador de las universidades.
El Gobierno paraliza así convocatorias de oposición, que ya están prácticamente en marcha y con los tribunales constituidos, ante la mirada atónita de los rectores, que no han recibido “instrucción alguna del Ministerio de Educación”.
