Tras el relativo éxito de la VII Cumbre de las Américas a pesar de la carencia de acuerdos, más allá de las declaraciones sobre la reconciliacion entre Obama y los Castro o sobre el papel de la educación en la prosperidad económica y la igualdad de oportunidades, Venezuela vuelve a estar en el centro del huracán del debate. Y no tanto por el documento de los 25 expresidentes iberoamericanos que denunciaron sus abusos como por las informaciones de que Venezuela dio inmunidad para blanquear dinero en Andorra.
Las expectativas de reconciliación entre los Estados Unidos y Cuba han eclipsado todos los demás asuntos del encuentro y difuminado la pobreza de resultados concretos en otras materias, como valoró EL PAIS, pero pronto han vuelto a abrir el debate sobre el papel de Venezuela la región y en el socialismo. Panamá vuelve así a ser el centro de atención. Pero esta vez no por la reunión de delegaciones de 35 países, sino por la función del banco BPA y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas de jerarcas del chavismo.
Mientras algunos diarios latinoamericanos hablan de fatiga ideológica en la cumbre (caso de una columna en LA NACION de Argentina), otros se hacen eco de que Maduro reclama ´victoria´ gracias a las firmas que recolectó su gobierno para exigir la derogación del decreto del presidente Barack Obama que presentaba a Venezuela como una amenaza. "Estamos venciendo ante el imperialismo sin disparar una bala, sólo con las palabras, la ideas", declaró tras regresar a Caracas de una escana en La Habana para conversar varias horas con Fidel Castro.
Otra es la impresión dejada por las nuevas filtraciones informativas y su valoración en el diario español EL MUNDO, según el cual Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra. Así lo revela un informe del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana realizado entre los años 2010 y 2012. Dichos funcionarios utilizaron BPA y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.
El mismo diario destaca que un ciudadano español, Antonio Salvador Lozano, era uno de los encargados de captar clientes en Caracas, que enviaba a la responsable de procesar la documentación para la apertura de cuentas en la entidad a ciudadanos venezolanos.
"El socialismo del siglo XXI con el que el régimen de Hugo Chávez extendió su influencia por todo el continente ha resultado ser ni más ni menos lo que parecía: una estructura de poder por el poder", editorializa sobre el caso EL MUNDO. El Gobierno venezolano facilitó pasaporte diplomático a dos asesores del Ministerio de Economía "con evidente perfil de servicio secreto para que sacasen libremente del país maletas cargadas de billetes, que de esta forma podían pasar por la aduana sin ser inspeccionadas". Ese efectivo se ingresaba en la Banca Privada de Andorra (BPA), directo a una cuenta a nombre del responsable antidroga de su policía científica. Una vez en la entidad "nadie preguntaba por su procedencia ni se daba la más mínima alerta para prevenir el blanqueo". "El hecho de que por primera vez publiquemos una exclusiva en portada bajo una firma colectiva (Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación) para proteger la identidad de sus valientes autores es una prueba más de las dificultades que tiene que sortear la prensa libre para abrirse paso en Venezuela".
Entre tanto, los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han presentado una demanda contra la intervención de la entidad. Cinco de los siete miembros destituidos del consejo de administración, entre los que se encuentran los hermanos Higini y Ramón Cierco y Joan Pau Miquel, han impugnado la intervención así como el cese provisional de los consejeros y el nombramiento de tres administradores provisionales.
Los demandantes alegan "graves daños y perjuicios" y denuncian "violaciones de derechos garantizados por la ley" que les afectan a ellos, a sus empleados y a sus clientes, por lo que reclaman la retirada de las medidas cautelares. Señalan que el expediente "se inició de manera precipitada y sin la necesaria fundamentación jurídica" por lo que solicitan su nulidad y "retomar el proceso en la fase inicial", lo que supondría la "reincorporación de los consejeros cesados provisionalmente" y se reservan el "ejercicio posterior de una acción para reclamar la indemnización procedente".
Por otra parte, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ha enviado a los titulares de los depósitos de Banco Madrid una carta en la que les anuncia que empezarán a recuperar sus ahorros "de forma inminente", hasta un máximo de 100.000 euros.
